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Magistrados hondureños rechazan su destitución

El comisionado de Derechos Humanos y la Fiscalía aseguraron que la destitución es contraria a las leyes

Miércoles, 12 de Diciembre de 2012

Cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras desafiaron al Congreso Nacional y rechazaron la orden que emitió para destituirlos, según denunciaron, "violentando la separación de poderes y alterando el orden constitucional".

"El Congreso nos destituye del cargo pero hemos cumplido el cargo a cabalidad, cumpliendo la legislación vigente. Hemos aplicado nuestro trabajo de acuerdo a los preceptos", escribieron los magistrados al calificar la destitución de "ilegítima, ilegal e injusta".

El Congreso hondureño aprobó el miércoles por la madrugada la destitución inmediata de los cuatro magistrados después de que estos sentenciaron contra una reforma policial y un paquete de impuestos dispuesto por el gobierno de Porfirio Lobo.

Para los magistrados, "el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno. Los fallos fueron dictados conforme a derecho, no tenemos funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso de la República, el único encargado de funciones administrativas" y "se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso", sostuvieron los funcionarios en un comunicado difundido ayer.

Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron la destitución a las 4 de la mañana tras la lectura de un informe elaborado por una comisión legislativa y un largo debate.

Pero los magistrados dijeron ayer que "harán valer sus derechos por las vías legales", pues "se ha interrumpido abruptamente en la función jurisdiccional de este poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración del orden constitucional, pues el Congreso Nacional no tiene facultades para ello".

El presidente Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con los magistrados, a quienes acusa de atender poderosos intereses de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente Manuel Zelaya en 2009 ahora planea deponerlo a él.

En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía Nacional.

Horas antes de aprobar la destitución, el Congreso también aprobó una ley de referendo para someter a voto popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.

Fiscal les advierte

Por su parte, el Fiscal General de República, Luis Rubí, advirtió que "si los diputados creen que pueden hacer uso de la fuerza o mal uso del derecho, pues definitivamente no somos eternos y aquí estoy, si por defender los parámetros y la Constitución se van a tomar decisiones bienvenida sea mi salida".

Rubí agregó que "el imperio de la fuerza de la mayoría por encima de la ley es inaceptable", y añadió que "los fiscales de la República están reunidos estudiando el caso. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la República", sentenció.

Al respecto, dijo que solicitó al Congreso Nacional el informe y el decreto que utilizaron para despedir a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Yo estoy aquí para cumplir la ley, para que se respete la ley, cuando a mí me eligieron fiscal yo dije prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución", recordó.

En ese sentido, el Fiscal General Adjunto, Roy Urtecho, señaló el martes que "cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre posturas jurídicas de fondo suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución".

Por su parte, el subsecretario de Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, dijo ayer en El Salvador que la organización internacional espera que ese conflicto se resuelva por la vía constitucional (leer nota aparte).

Entre tanto, la Barra de Abogados Anticorrupción presentó ayer un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados destituidos. El recurso fue presentado porque el Congreso no está facultado por la Constitución de Honduras para destituir a los magistrados del Poder Judicial, argumentó el abogado Rafael Padilla.

"El recurso de amparo se fundamenta en que el Congreso no tiene facultades para hacer separación de magistrados, la resolución del Legislativo violenta la Constitución de la República", aseguró.

El abogado dijo que ellos están tomando acciones que deberían haber comenzado por el Ministerio Público, ya que es el ente acusador.

"Venimos con modestísimos recursos a hacer lo que debería hacer el Ministerio Público y pedimos que se respete la Constitución para que podamos transitar por un camino de paz", enfatizó.

El diputado por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), German Leitzelar, calificó de ilegal el proceso efectuado por el Legislativo. "Honduras corre el riesgo de pasar nuevamente la vergüenza de volver a ser condenados para ordenar una restitución, por las violaciones de sus derechos y garantías, además de las indemnizaciones", dijo el exministro de Trabajo.

Leitzelar reconoció que no hay en Honduras instancias legales para protestar contra la destitución de los magistrados, pero quedan las internacionales, entre ellas la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Osman Aguilar, del Partido Liberal, calificó la votación" como un "golpe de estado técnico en el que se llama a atentar contra la forma de gobierno del país. — AGENCIAS