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Diputados dejan para 2013 estudio ley de probidad en sector público

Partidos apoyan normativa y prometen una con más dientes Normativa busca combatir corrupción entre los funcionarios públicos. Exige declaración patrimonial y sanciones al infractor

Viernes, 7 de Diciembre de 2012

La propuesta de ley de probidad que regule la correcta conducta en el ejercicio de su cargo de los funcionarios públicos ha sido enviada a lista de espera en la Asamblea Legislativa, aunque los diputados dicen que la discutirán en cuanto terminen otro proyecto en curso.

Mientras tanto, quien vigila que los funcionarios públicos ejerzan con honestidad sus cargos y hagan un buen uso de los recursos del Estado que se les confía es la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una facultad que le da la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Pero esta normativa y sus alcances no parecen suficientes para combatir la corrupción en la administración pública, lo admiten los mismos legisladores, pues a su juicio hay que darle más dientes a la entidad que aplique la ley.

Hace seis años, la CSJ firmó la propuesta de ley de probidad y la envió a los diputados para su discusión. Los entonces magistrados Victoria Marina de Avilés, Marcel Orestes Posada, Mirna Perla y René Fortín Magaña dijeron que la aplicación de Ley de Enriquecimiento Ilícito no ha sido eficaz, por lo que es "necesario dictar nuevas normas que viabilicen sus objetivos".

El año pasado inició la discusión de una nueva normativa que permita una administración pública más sana, pero esta pasó a segundo plano, según lo admiten los mismos legisladores, pues priorizaron en analizar una nueva ley procesal constitucional, una que ha sido cuestionada por organizaciones civiles por considerar que busca limitar las facultades de la Sala de lo Constitucional.

Los diputados Roberto d'Aubuisson (ARENA), Jackeline Rivera (FMLN) y Antonio Almendáriz (CN) dicen que acordaron en la comisión que priorizarían la discusión del proyecto de ley procesal constitucional.

El diputado de CN y secretario de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Antonio Almendáriz, lo resume en que el proyecto de ley de probidad está "en lista de espera" porque no podían estar discutiendo dos leyes al mismo tiempo.

D'Aubuisson dice que en su momento dijeron que "era mucho más prioritarias las reformas a la ley de probidad que la de jurisdicción de lo contencioso administrativo" y a eso hay que darle el tiempo suficiente para que no surja una ley que vulnere las facultades de la Sala de lo Constitucional.

La efemelenista Rivera dice que si bien se ha pospuesto el análisis el tema de la probidad por razón de uno de coyuntura, sigue siendo uno de los puntos principales de la agenda de la comisión y es prioritario en la agenda del partido, a fin de "transparentar el ejercicio de la administración pública".

Los legisladores no especifican cuándo retomarán el estudio del proyecto. Rivera dice que ellos prevén que sea haga en los primeros meses del próximo año.

D'Aubuisson coincide en que quedaría este estudio para el próximo año.

Almendáriz no se casa con plazos, nada más dice que iniciarán con la discusión de la ley de probidad una vez termine la discusión de la ley de procedimientos constitucionales, pero que de esta última apenas el lunes pasado han recibido insumos de instituciones a las que se los solicitaron.

El análisis de este proyecto de ley ha venido posponiéndose. Hace un año, los diputados analizaron la propuesta y acordaron solicitar la opinión sobre el tema a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE).

Terminó el período legislativo y llegó la nueva legislatura electa en los comicios de marzo pasado, pero la discusión quedó congelada. Hace cuatro meses, la comisión acordó un calendario para priorizar el estudio de proyectos de ley, pendientes entre éstos la ley de probidad.

Esa vez dijeron que el proyecto de Ley de Probidad Pública sería abordado en dos semanas para que los diferentes grupos parlamentarios presentaran sus respectivas propuestas de análisis.

Esta ley de probidad vendría a sustituir a la ley de enriquecimiento ilícito, vigente desde 1959.

Ley con "más dientes"

Rivera dice que se ha integrado un equipo de trabajo para que formule el anteproyecto que está en estudio a fin de actualizarlo, mejorarlo, enriquecerlo antes de analizarlo.

El equipo lo integran los asesores de cada fracción y el técnico jurídico de la comisión, explicó Rivera.

Almendáriz dice que es necesario que la ley de probidad tenga más dientes, pues la actual no funciona.

Rivera dice que a esta ley hay que darle dientes, no debe ser una descriptiva de conducta, sino que también establezca procedimientos constitucionales, de lo contrario no tiene sentido.

"El anteproyecto (de la CSJ) describe conductas, pero no le da fuerza a la institución encargada de ser coercible", dice Rivera sobre la propuesta enviada por la Corte.

El anteproyecto de ley de la CSJ propone que la sección de Probidad de la CSJ sea la encargada de aplicar la ley y su reglamento. Actualmente es la facultada por la ley de enriquecimiento ilícito para tramitar las declaraciones patrimoniales de los que asumen o dejan un cargo público como una forma de detectar posibles hechos de corrupción.

El propósito de la nueva propuesta de ley es prevenir, detectar, investigar y promover la sanción de cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito del servidor público.

Esta ley abarcaría a los funcionarios municipales y de cualquier entidad o dependencia "institucionalmente vinculados con ellos"; en fin, todos los que participen en la administración pública o que intervengan en ella por encomienda de forma legal.

El enriquecimiento ilícito es entendido cuando hay un incremento "notablemente superior" al que normalmente hubiere podido a raíz de los sueldos y emolumentos percibidos legalmente.

Esto aplica tanto al funcionario como a su grupo familiar y de otras personas naturales o jurídicas que colaboren a su realización, se beneficien del mismo o lo encubran, siempre que ese incremento no se pueda sustentar en operaciones lícitas.

Una vez obliga a restituir a las instituciones públicas una cantidad equivalente al enriquecimiento ilícito incurrido a su valor actual.

La propuesta también incluye la prohibición a los servidores públicos a aceptar para sí o para terceros cualquier regalo, atenciones, liberalidades o concesiones que tengan el propósito de inducir un determinado ejercicio o resultado de las funciones públicas.

Probidad iniciará investigación cuando tenga conocimiento por cualquier medio público o confidencial de circunstancias que constituyan indicios o cuando estos resulten del análisis de las declaraciones de patrimonio.

Probidad no sólo se entenderá en el tema de las declaraciones patrimoniales de las personas obligadas por la ley a rendirlas, sino que además reportará el resultado de su investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) o a quien corresponda, impondrá sanciones por el incumplimiento de la ley y hará público todo lo relacionado con la aplicación de la ley y sus reglamentos, excepto lo que esté expresamente calificado como reservado o que no tenga relevancia pública.

Esa oficina también estaría obligada a promover "la cultura de la probidad", de elaborar proyectos de leyes y reglamentos que promuevan, garanticen y fiscalicen la probidad de los servidores públicos, los cuales deberán someterse a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para su aprobación.

Pero hay un punto interesante en la propuesta y es que faculta a cualquier persona natural o jurídica a solicitar a la Corte suprema la destitución del jefe o adjunto de la sección de Probidad si alguno incumple sus obligaciones, falsee, omita o dé informes inexactos, tenga una conducta privada o pública inmoral.

Reserva y sanciones

El proyecto incluye algunas reservas y sanciones a los infractores. Por ejemplo, dice que las declaraciones patrimoniales serán de carácter reservado, sin embargo, pueden hacerse públicas siempre que sea de manera general todos los incumplimientos de las obligaciones establecidas en la ley, o estadísticas y datos de carácter general, diligencias y sanciones impuestas...

La diputada Jackeline Rivera dice que si bien la ley ya establece suspensión del cargo y multas económicas, lo que sucede es que esas nunca se han aplicado. "El problema es que de la sección de Probidad a la Corte no ha habido un ejercicio de completar el proceso. Se señala la conducta, pero no se concluye en una sanción en la persona que infringe (la ley)", dice Rivera.

Añade que el reto es cómo hacer que en la parte sancionatoria la Fiscalía ejerza su rol de investigador de estos actos.

Almendáriz dice que está de acuerdo en que se endurezcan las sanciones, pero en este momento no puede anticiparse cómo, pero que ya verán ese punto cuando inicien el estudio de la propuesta.

La CSJ plantea además publicar datos que reflejen incrementos porcentuales de los patrimonios de los servidores públicos sin que se identifique al servidor público.

Deja a la voluntad de los servidores que lo deseen y soliciten que se pueda publicar su estado patrimonial sin detallar valores de sus bienes.

También atribuiría a Probidad a elaborar un boletín trimestral con toda la información para conocimiento público. Además manda al encargado del área de comunicaciones de Probidad a convocar trimestralmente a una conferencia informativa para dar a conocer hechos que pueden hacerse públicos.

La ley también establece sanciones a los infractores: una multa cuyo mínimo será la cuarta parte y el máximo de cinco veces el salario mensual, pero esta se triplicará si se trata de un funcionario electo por la vía popular.

El cobro de la multa se hará por medio del Fiscal General.

Todo indicio de enriquecimiento ilícito lo comunicaría Probidad a la Corte en Pleno y lo certificará a la Fiscalía General de la República.

Será la Sala de lo Civil la que conocería las infracciones y a Probidad "sustanciar" los procesos.

Cualquier apelación a la resolución se remitirá a la Corte plena y esta en un plazo no mayor a los 30 días se pronunciará al respecto.

La resolución la notificarían a la Fiscalía General y a la colecturía habilitada del Ministerio de Hacienda, así como al titular de la institución en la que trabaja el infractor.

Este es el procedimiento que propone la CSJ. La Asamblea Legislativa promete estudiarlo y hacer sus planteamientos.