Fallo de CSJ obliga a Funes nombrar a los comisionados del IAIP

De acuerdo con abogados y la Asociación de Periodistas de El Salvador

El Grupo Promotor de la LAIP ha pedido con insistencia que Funes nombre a los comisionados del Instituto. Foto EDH /ARCHIVO

El presidente de la República, Mauricio Funes, debe elegir cuanto antes a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como señala la sentencia de la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia, coincidieron ayer distintos sectores cívicos del país.

El máximo tribunal constitucional estableció que no puede establecerse en el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública la potestad del mandatario de rechazar las ternas de los aspirantes al IAIP, dado que los nombres surgieron de un proceso de selección de los distintos sectores convocantes y ello implica que los propuestos cuentan con la idoneidad requerida.

"Él (Funes) tendría la obligación de dar inmediatamente posesión de los cargos a quienes fueron propuestos y que indebidamente rechazó cuando habían cumplido los requisitos. Tiene la obligación moral de elegir a los comisionados del Instituto", indicó el secretario general de la Universidad Tecnológica, René Portillo Cuadra.

Para Claudia Umaña, una de las abogadas que firmó la demanda de inconstitucionalidad, los listados con las ternas de aspirantes que enviaron los distintos sectores se mantienen vigente, por lo que Funes debe proceder a los nombramientos.

"Con esto se deja abierta la oportunidad para que los listados, que habían sido votados en procesos en donde habían actuado la sociedad civil y los sectores que podían proponer, se mantengan vivos para efectos de que el presidente proceda al nombramiento", consideró Umaña.

A juicio de la abogada, Funes no debe tener atrasos en la elección de los funcionarios, pues la Sala de lo Constitucional ya reconoció las cinco ternas con los 30 nombres de los candidatos, de lo cuales serán electos cinco propietarios y cinco suplentes.

Umaña consideró que el artículo 73 del reglamento, que establece la facultad a Funes de vetar las ternas de aspirantes al IAIP, sólo venía a "entorpecer" la aplicación de la LAIP, ya que el Instituto es el garante de que esta normativa se cumpla.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), José Luis Benítez, consideró que las ternas enviadas no eran de candidatos "autopropuestos", sino de personas que habían atravesado un proceso de selección.

Según Benítez, no hay en la ley otras características que no sean cumplidas por los candidatos propuestos. "Los criterios de la ley en el caso de los comisionados se cumplen, porque no hay una especificidad en la ley acerca de otras características que no las cumplan las personas que han sido propuestas", consideró.

Aplauden fallo

Los representantes de distintos sectores se mostraron satisfechos por el fallo de la Sala de lo Constitucional, el cual le quitaría discrecionalidad al presidente para considerar cuál información es reservada y cuál es oficiosa.

La Sala de lo Constitucional estableció en su resolución que el mandatario no tiene potestades para limitar la información reservada en aquella que afecte la "seguridad política y la seguridad nacional"

De acuerdo con Portillo Cuadra, el reglamento de la LAIP restringía el acceso a la información, por lo cual estaba contradiciendo la legislación.

"El presidente no pudo ganar en la mesa lo que perdió en el terreno de juego. Si la Asamblea Legislativa dictó una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), él no podía contradecir en el reglamento que emitió los preceptos y obligaciones que la ley tenía", indicó el abogado.

En ese sentido, Umaña consideró que el reglamento elaborado por el Ejecutivo incluía "expresiones indeterminadas" como seguridad política para definir la reserva de la información pública. "Se creaba una nueva figura que excedía las facultades reglamentarias del presidente", aseguró.

"La oportunidad de tener un fallo tan trascendental ha sido de gran aliento para la sociedad civil y para todos los que firmamos la demanda. Nos sentimos complacidos con la sentencia que emitió la Sala. Además, hacemos el reconocimiento de que fue por unanimidad", aseveró.

Para el abogado Francisco Bertrand Galindo, la sentencia de la Sala obligará al gobierno a revelar cierta información relacionada con la seguridad nacional y la defensa (leer nota aparte).

Asimismo, Portillo Cuadra y Umaña aseguraron que es fundamental que la sentencia de la Sala de lo Constitucional sea publicada en el Diario Oficial como lo manda la ley, contrario a otros casos donde el mandatario no lo ha hecho por diferencias con las resoluciones judiciales.

"La sentencia dice que la no publicación de la misma hará incurrir a los funcionarios en responsabilidades legales. Si no se publica esta sentencia, va pasar que los responsables de publicarla cometerían desacato a un mandato judicial", acotó Portillo Cuadra.

Umaña, por su parte, señaló que incumplir ese mandato legal no tendría justificación. "El tema de la publicación es básico en el proceso y no habría ninguna atribución por parte del Diario Oficial para no hacerlo. Cuando no lo han hecho ha sido injustificado", manifestó.

En noviembre se cumplió un año de atraso en la conformación del IAIP, el cual tuvo que haber sido integrado el pasado 4 de noviembre; sin embargo, el presidente Mauricio Funes no ha nombrado a los comisionados de acceso a la información.

Sin la existencia de un IAIP no es posible que se cumpla la entrega de información oficiosa y de interés pública, así como verificar la calidad de los datos entregada por las instituciones.

El mandatario sostuvo que ninguno de los candidatos reunía los requisitos para optar al cargo y pidió que se realizara un nuevo proceso de elección de ternas.

No obstante, para ello es necesario que las instituciones públicas relacionadas con la LAIP convoquen a una nueva elección, algo que según distintos sectores no está permitido por la legislación.

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