Niños denuncian poco avance en aplicar la Lepina

b Abuso sexual, delincuencia y discriminación son las mayores amenazas que enfrentan

Tener que caminar largas distancias para llegar al centro de estudios vulnera, según un sondeo del Conna, el derecho a la educación consignado en el artículo 20 de la Lepina. Foto EDH / Archivo

Lento. Así camina la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina).

Esa es la valoración presentada ayer por niños y adolescentes que participan en los programas de las ONG que integran la Alianza por los Derechos de la Niñez.

Los participantes indicaron que "la violencia sexual, la delincuencia y la discriminación" siguen afectando a niños y adolescentes pese a la vigencia de la Lepina y a la existencia de siete Juntas de Protección.

Datos de la Policía Nacional Civil muestran que de enero a octubre 2012 se han cometido 2,276 delitos sexuales. El 62 por ciento de estos se cometió contra niñas y adolescentes menores de 17 años. Estos delitos incluyen las violaciones, las violaciones en menor e incapaz, el estupro, el estupro y otras agresiones sexuales y acoso sexual, definidos en el Código Penal.

Aún sin política nacional

La violencia es otra amenaza que pende sobre los salvadoreños más jóvenes. Los denunciantes recordaron que, en los últimos meses, 65 menores de 17 años fueron asesinados. A estos se suman los 472 asesinatos de jóvenes de entre 18 y 30 años.

Ernesto Vásquez, un joven que participa en actividades de Plan por la Niñez, afirma: "Uno de los temas que más agobia a la población juvenil es la delincuencia. No podemos andar en los buses y sacar un aparato, porque inmediatamente nos asaltan y sufrimos el acoso de las maras".

Este y otros problemas deben ser abordados por las Juntas de Protección, dependencias del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna). Según la Lepina, su función es proteger los derechos de los niños y adolescentes en el ámbito local.

Actualmente, hay juntas en siete departamentos: Santa Ana, San Vicente, San Miguel, Usulután, San Salvador, Chalatenango y La Libertad.

Entre febrero y octubre, estas han recibido y abierto expedientes para 5,184 denuncias. La mayoría de estas, concernientes a vulneración de los derechos a: la integridad (2,014), Educación y Cultura (359), protección frente al abuso y explotación sexual (671), protección frente al maltrato (936) y Salud (268).

El Conna ha venido realizando una consulta en la que han participado niños, adolescentes y adultos con el fin de formular la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.

La Procuradora General Adjunta, María Lilliam Navarrete de Peraza, explicó que la Política debe contener las bases que van a dirigir el trabajo del Conna. Al respecto, consideró: "Para mí deberían ser las primera que debimos tener, pero hasta ahora que ya está aprobada la Ley y tenemos el Conna estamos haciéndola".

De Peraza explicó que las políticas nacionales le corresponde formularlas al Estado.

Ayer, el Conna difundió los resultados de la consulta que llevó a cabo en la zona paracentral como un insumo para formular la política. El derecho más vulnerado en esta zona, según los participantes, es el de una vida digna.

Este es definido en el artículo 20 de la Lepina. Incluye: alimentación nutritiva y balanceada; vivienda digna, segura e higiénica con servicios públicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica; vestuario adecuado al clima, limpio y suficiente; y recreación y sano esparcimiento.

Derecho a la Educación

Pero hay más derechos a los que niños y adolescentes no tienen acceso pleno.

Zaira de Navas, directora ejecutiva del Conna, explicó: "En la mayoría de consultas, el maltrato físico, sexual y sicológico en hogares y la desintegración familiar aparecen como una constante. Las familias no asumen el rol de protección que tienen".

El maltrato no ocurre exclusivamente en los hogares, sino que también en los centros escolares y en otros ámbitos donde los niños y adolescentes se relacionan con otras personas.

La directora ejecutiva añadió: "Esto es lo que estamos recibiendo en las juntas de protección. El mayor número de casos refiere maltrato físico o maltrato verbal".

Lo anterior afecta el desarrollo de la personalidad de las víctimas, recordó.

En cuanto al derecho a la Educación y cultura, establecido en el artículo 83 de la Lepina, también hay fallas. Navas indicó que, en el caso de la zona paracentral, los niños y adolescentes deben recorrer largas distancias para poder llegar a su centro de estudios.

Además, señaló que estos centros "muchas veces, no dan abasto y en otros no hay suficientes maestros o los maestros no tienen la suficiente competencia como para abordar toda la temática que deben trabajar".

Otro hallazgo es la falta de institutos públicos que impartan el tercer ciclo y el bachillerato, "lo que afecta el derecho a la educación", valoró Navas.