Se cumplió un año y no hay Instituto de Acceso a Información

La falta de nombramiento de comisionados impide el fiel cumplimiento de esa normativa

El Instituto auditará la labor de las oficinas de información del Gobierno y de las municipalidades.

Mientras que en la XXII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, mandatarios de Latinoamérica así como de España y Portugal asumieron un compromiso de transparencia de la administración pública, la defensa y la promoción del derecho al acceso a la información, en El Salvador aún no se ha creado el ente rector encargado de velar no solo por la entrega de los datos, sino de la calidad de los mismos: el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El ente rector tuvo que haber iniciado funciones hace más de un año, el 4 de noviembre de 2011, fecha límite establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que el Presidente de la República, Mauricio Funes, nombrara a los cinco comisionados.

Pero aunque la ley está vigente, no está la figura legal que haga cumplir las disposiciones como la entrega de la información oficiosa, así como la de interés público; tampoco se puede evaluar la calidad de los datos que se proporcionan ni evaluar los criterios utilizados por cada oficial de información gubernamental de catalogar como reservada o confidencial la información.

Roberto Burgos, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), aseveró que la falta de Instituto, habiendo entrado en vigencia la LAIP, es equivalente a tener el reconocimiento en derecho pero no la garantía institucional destinada a defenderlo.

"Usted puede dirigir su petición de información pública a la autoridad competente, esa autoridad podrá responderle o no, pero no existe un ente que supervise la calidad de la respuesta, simplemente va a tener que limitarse y quedar sometida a la respuesta de la autoridad, que bien puede ser parcial, incompleta, sesgada, o puede ser completa", dijo.

Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), afirmó que el no tener instituto significa que hay algunos derechos que se están desconociendo por parte del Presidente de la República y agregó que aunque "el mandatario y el subsecretario de transparencia, Marcos Rodríguez, digan que no se necesita porque ellos están tratando de hacer todos los actos para 'facilitar' la información, eso es falso".

Añadió que Funes al no nombrar los cinco comisionados de la información no solo está desconociendo derechos humanos sino también derechos constitucionales.

Aseveró que hicieron una solicitud de información a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la presidencia en la cual se pidió información de por qué no había nombrado a los comisionados, cuál había sido la evaluación del presidente de las personas propuestas y cuál había sido la motivación del porqué había eliminado o sacado o no nombrado a las personas, y que el oficial de información confirmó la ilegalidad del Presidente.

En la resolución que les fue entregada nos dijo que los únicos competentes para establecer la idoneidad de los candidatos eran los sectores proponentes y por otro lado, que no existía ningún documento y ningún archivo en Casa Presidencial de las evaluaciones que podrían haberse hecho y del por qué se había excluido a todos los candidatos (ver documentos).

"Entonces el oficial de Casa Presidencial de alguna manera actuando conforme a la Ley de Acceso a la Información, nos confirma que el presidente no tiene ningún motivo para retener el nombramiento del instituto", dijo Argueta.

Indicó que la falta de Comisionados de acceso a la información está dando pase al Ejecutivo para manejar a su antojo la información y la transparencia.

"Lo que está haciendo Casa Presidencial es instrumentalizando la transparencia a través de unos correos que le envían a las personas y se llama 'Transparencia Activa' y lo que hacen es: primero, hacer publicidad del gobierno y segundo, atacar a los actores que denuncian las prácticas que no son democráticas y transparentes", manifestó.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, dijo que no ha existido la voluntad política para que la Ley de Acceso a la Información Pública cuente con Instituto, empezando con el reglamento de LAIP que permite a la Presidencia gozar de facultad para rechazar todas las ternas, y luego los atrasos cuando no hubo partida presupuestaria.

"Lo que puedo decir categóricamente es que el Instituto nace desde que está contemplado en la ley que está vigente. El respaldo jurídico que tiene el Instituto se llama Ley de Acceso a la Información Pública y ahí dice que se crea, que se le da sus facultades, que se establece todo. Acá lo que ha pasado es que no se ha integrado, pero la creación y la base jurídica está en la ley", informó.

En la misma línea, Javier Argueta agregó que el presidente no solo está incumpliendo con los artículos 52, 53, 54 y 55 de la LAIP y con el 18 de la Constitución de la República, sino con tratados internacionales como el Convenio contra la Corrupción de las Naciones Unidas y con la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Está incumpliendo un compromiso que él hizo para la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, específicamente de algunas medidas que firmó con Transparencia Internacional que eso a nivel internacional le va a afectar", puntualizó.

Ese documento citado por Argueta es el que firmó Funes siendo candidato a la presidencia y contó además con la rúbrica de Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde y Alejandro Salas, representante de Transparencia Internacional para Las Américas.

En el punto 12, Funes se comprometió a cumplir las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales como las convenciones antes mencionadas y las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas y Cumbres de las Américas donde está el quid para la creación de la legislación de acceso a la información.

Roberto Burgos, de Funde, dice que no le queda ninguna duda que hay una intención clara del Presidente de dilatar el tiempo antes de que se constituya este Instituto y que eso es lamentable cuando han habido declaraciones de que se tiene una buena ley y que destaca entre las mejores a nivel internacional.

"Había condiciones para haberlos nombrado y prácticamente el tiempo está pasando y no creo que haya una intención, ni la voluntad, ni prioridad de este Gobierno de la constitución de este instituto, lamentablemente", manifestó Burgos.

Citado en el boletín electrónico gubernamental "Transparencia Activa", el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que estaba consciente de la importancia del Instituto y agregó que es seguro que durante este gobierno quedaría instalado.

Pese a que no justificó por qué hasta el momento no estaba el IAIP, dice que esto no es impedimento para que se cumpla la ley. "Es como que digamos que porque no hay policías podemos cometer un delito", argumentó.

Burgos apuntó que si bien es innegable que Rodríguez está teniendo un papel bastante dinámico en el tema, el problema es que no es él el Instituto ni puede hacerlo todo sino goza del apoyo del Presidente de la República.

"Nosotros le hemos dado seguimiento a los informes que él presenta de manera periódica, informes técnicos del avance en el acceso a la información, información pública que se concentra sobre todo en el Ejecutivo y las autónomas", sostuvo.

Agregó que en el sitio web de Transparencia Activa se establece un ranking al que se le ha dado mucha promoción, pero se vuelve al punto de que la subsecretaría está destacando la cantidad de peticiones de información y no la calidad de estas. También hizo hincapié en que tampoco hay actualización en todos los portales de la información oficiosa. Aún así, dice que pese al retraso es algo que no se tenía antes.

"Falta mucho más. No nos podemos conformar con solo tener un ranking de instituciones y portal donde por ejemplo los viajes de los funcionarios ni siquiera están actualizados", recalcó.

Nuevo compromiso

Aunque seis meses han pasado desde que el Presidente Mauricio Funes vetó las ternas de aspirantes a comisionados de acceso a la información, el mandatario firmó un nuevo compromiso internacional con la transparencia de la administración pública, la defensa y promoción al derecho al acceso a la información.

En este nuevo acuerdo internacional, El Salvador y los demás firmantes que participaron en la XXII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, en España, se comprometieron a definir un marco iberoamericano de transparencia en el que se desenvuelva la actividad pública y a promover políticas públicas que sean transparentes en su planificación, desarrollo y ejecución, así como en su posterior evaluación, según el documento.

Los mandatarios también adquirieron el compromiso de definir el contenido básico del derecho de las personas a acceder a la información pública, a contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública suscritos y ratificados por los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana.