Ley de la Función Pública regulará contrataciones

El subsecretario de Gobernabilidad aseguró que la normativa beneficiará a la ciudadanía con una mejor función pública

Antonio Morales Carbonell cree que el país necesita esta ley para entrar en la ruta del desarrollo social. foto edh / Lissette Lemus

La Ley de la Función Pública que prepara el órgano Ejecutivo es un instrumento que permitirá modernizar la administración del Estado, beneficiando a la población con servicios de calidad y contribuyendo a mejores índices de desarrollo, consideró el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales Carbonell.

La nueva normativa, que sustituiría a Ley del Servicio Civil que data de 1961, busca mejorar los procesos de selección del personal con base al mérito y las capacidades, además de ordenar la función pública en general.

Entre las novedades que tiene la normativa, destacó Morales Carbonell, está evitar la contratación discrecional de personal en las instituciones del Estado e iniciar un proceso de selección basado en las capacidades y los méritos de los aspirantes.

Eso sí, señaló que los empleados que ya están en el sistema público que fueron seleccionados sin mayores conocimientos de su cargo pasarán por un proceso de capacitación para "adquirir los conocimientos necesarios para estar a la altura de las exigencias que el puesto tiene" (leer entrevista).

"Nos olvidamos del ciudadano que es al cual nos debemos como funcionarios y es ahí donde el principio constitucional de los principios de mérito y competencia son la base fundamental que se está retomando para trabajar este proyecto de ley", explicó por su parte Ernesto Zúñiga, coordinador de profesionalización del Servicio Civil de la Subsecretaría.

Según dijo, El Salvador está en el último lugar en los índices mundiales en cuanto a la aplicación del mérito en la administración pública. "Esto obedece al desorden que ha existido en los puestos de trabajo, donde se ha adecuado los perfiles de los puestos a las personas que se quiere contratar", acotó.

Por ejemplo, con la nueva ley los jefes de los departamentos de recursos humanos ya no dependerán de los titulares de las instituciones, sino que estarán bajo la supervisión de un ente rector que revisará la legitimidad de las contrataciones.

Es decir, con esto se evitaría lo que se denuncia cada vez que hay cambios de mando en instituciones como el órgano legislativo y muchas alcaldías y las distintas instituciones del Estado: las plazas fantasmas, es decir, las de empleados que recibirían un salario, pero que no asisten a trabajar.

En ese sentido, también se protege la capacidad técnica de los empleados, reduciendo el abanico de trabajadores denominados de confianza estrictamente a los que son asesores o consejeros de los titulares de las instituciones. Con la ley habría un máximo de 10 puestos de confianza, señaló Morales Carbonell.

"Aquí lo que estamos haciendo es retirando todo ese procedimiento y confiándolo a una entidad aparte que pueda cubrir todas las garantías. Eso es lo que queremos. Que sea una entidad que llama a concurso. En caso de que la plaza no pueda ser llenada en ascenso por la misma carrera, llamaría a la población para que presente sus candidaturas", explicó el funcionario.

Amplia consulta

De acuerdo con Morales Carbonell, el anteproyecto de ley es un borrador susceptible a cambios que puedan surgir luego de un proceso de consulta con distintos sectores.

"Lo importante a destacar es que esto es un borrador. El propósito de la secretaría de asuntos estratégicos ha sido desarrollar un debate democrático amplio sobre el contenido de este borrador, y en el marco de ese debate incorporar las críticas y observaciones que puedan existir para el documento", acoto, en referencia a varios sindicatos que ya adversaron la medida por considerarla contraria a los derechos sindicales.

Sin embargo, Morales Carbonell y su equipo de asesores busca despejar esas dudas y para ello, dice, someterá nuevamente a consulta el documento ya con las correcciones que se hicieron con los insumos surgidos en el primer ejercicio de revisión.

"Es más, vamos a pedir como resultado de proceso de consulta una opinión técnica al comité de expertos de normas internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de Suiza para estar absolutamente seguros de que el documento no afecta ningún derecho laboral".

Señaló que las exigencias del mérito para asumir los cargos en el sector público no son un punto que esté sujeto a negociación. "Lo que sí no estamos dispuesto a negociar es el tema del mérito, es decir, guardar esquemas que nunca funcionaron como el de la ley actual o llegar a pretender negociar los mecanismos de ingreso a la función pública".

El funcionario dijo que hubo sindicalistas que asistieron a la primera consulta a hablar en mal del proyecto y decir que se trata de "una ley impuesta por Estados Unidos", algo que Morales Carbonell negó rotundamente.

"Este es un proyecto que se elaboró desde la secretaría de asuntos estratégicos de la presidencia al tomar conciencia de la situación en que se encontraba la administración pública al inicio de esta gestión", precisó.

Derechos de sindicatos

La normativa en estudio de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado no pretende vulnerar los derechos de los sindicalistas, según el coordinador de Relaciones Laborales de la Subsecretaría, Danilo Flores.

Uno de los reclamos de las organizaciones laborales es que con la nueva ley podría desaparecer el contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con Flores, ya existen en la Ley del Servicio Civil elementos que no pueden ser sujetos de una contratación colectiva, en vista de lo cual se han agregado nuevos puntos no negociables como los mecanismos de ascensos y la falta de méritos de los aspirantes.

"Planteamos que eso está en función de darle mayor garantía a la ley: que de ni un lado ni otro se vulnerará el mecanismo que le da sustento al mérito", indicó Flores.

Por otra parte, los sindicatos han señalado que con la Ley de la Función Pública se limitará el derecho a la huelga que según ellos tienen los empleados el sector público. No obstante, Flores aseveró que la Constitución ya pone restricciones al respecto.

"Uno de los aspectos que hay que discutir es el ámbito de aplicación que tendría la ley con el tema de las (instituciones) autónomas, porque en las autónomas se le aplica a una parte de sus trabajadores el Código de Trabajo, ahí es reconocido ese derecho (huelga) para los que no desarrollan servicios públicos esenciales", detalló.

Para la consulta de esta normativa se invitó a 70 sindicatos, pero sólo participaron 40, así como 21 instituciones del órgano Ejecutivo, 29 entidades autónomas, 50 organizaciones de la sociedad civil y universidades, 20 comisiones del servicio civil que funcionan en los ministerios, según los funcionarios.

Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar el rendimiento, mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que acepta el uso de cookies. Más información.