Eficacia y autonomía: el sello empresarial

La administración eficiente de sus recursos humanos, financieros y materiales, la mejora continua en relación a la atención de los servidores públicos, el mejoramiento de los servicios, pero además con eficacia, han sido los principales argumentos que dieron paso a la creación de las principales entidades autónomas, cuyos directorios siempre dieron cabida a representantes del Gobierno salvadoreño y de la empresa privada.

La "autonomía" se define como la facultad de gobernarse por sus propias leyes, y es la potestad que dentro del Estado tiene una entidad administrativa para dictar, por medio de un gobierno propio, las leyes que regularan sus intereses peculiares.

En ese afán, el papel de los militares que tuvieron protagonismo en la conducción del país en décadas pasadas fue clave para crear las primeras autónomas (década 1950-1960), y fueron reconocidas en la Constitución de la República de 1983, según dicta el Artículo 225: "Cuando la ley lo autorice, el Estado, para la consecución de sus fines, podrá separar bienes de la masa de la Hacienda Pública o asignar recursos del Fondo General, para la constitución o incremento de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas".

Así, el 11 de diciembre de 1961, el Directorio Cívico Militar emitió la Ley de Bienestar Rural, creando por medio de ella a la Administración de Bienestar Campesino (ABC), que inició operaciones en 1962, siendo su objetivo elevar el nivel de vida de los campesinos, otorgando crédito agrícola supervisado, según lo consigna la historia del Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

El BFA se creó como una Institución Oficial de Crédito, descentralizada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuya dirección participan el Estado y el Sector Privado a través de las Asociaciones Cooperativas y las Sociedades Cooperativas Agropecuarias, las Asociaciones Gremiales Agropecuarias y las Asociaciones Profesionales del Sector.

En el Artículo 110 de la Carta Magna, se expresa su espíritu: "Corresponde al Estado prestar por sí o por medio de instituciones oficiales autónomas, los servicios de correos y telecomunicaciones. Podrá tomar a su cargo otros servicios públicos, cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente o por medio de las mencionadas instituciones..."

El BCR fue en su momento un ejemplo de eficiencia. Su ley orgánica data de 1961, y fue creado como institución pública de crédito de carácter autónomo, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio". Hasta el año 2001, su función principal fue la de mantener la "estabilidad monetaria", según un estudio de la Universidad Francisco Gavidia, sobre "las entidades autónomas gubernamentales y del área metropolitana de San Salvador".

Su rol en la vida económica ha sido clave, ya que funcionan como empresas a la par de ejecutar políticas sociales.