Ley de Información se aplica a medias

Desde hace tres meses la Ley de Acceso a la Información Pública funciona sin uno de sus pilares fundamentales. A falta del Instituto, las entidades públicas son las que deciden qué información pueden brindar y cuál no. Esto a raíz de que el presidente Mauricio Funes rechazó 30 candidatos propuestos por cinco sectores sociales, para que escogiera de entre ellos a cinco titulares que deben dirigir el ente rector de la ley.

La inexistencia del Instituto que regule a las 63 entidades públicas, esto sin contar que le correspondería también vigilar el accionar de las instituciones autónomas y a las 262 alcaldías, vuelve a la normativa como un "banco que tiene sólo tres patas", criticó Carmina Castro de Villamariona, analista de Institucionalidad Democrática, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Desde que Funes declaró que ninguno de los propuestos por los sectores empresariales, de periodistas, sindicatos, universidades, y colegios profesionales, eran "idóneos" para el cargo de comisionados del Instituto, ningún sector ha convocado de nuevo a elecciones para escoger nuevas propuestas y remitírselas.

Y es que según la expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), Nery Mabel Reyes, no existe una reglamentación extraordinaria que les diga cómo deberán realizar el proceso nuevamente y tampoco una notificación oficial de Funes ordenando una nueva convocatoria a elecciones y explicando sobre qué criterios deberán escoger.

Fue durante su administración, que concluyó el pasado 31 de julio, que se decidió quiénes representarían al gremio periodístico para candidatos a titulares del Instituto.

"Estaríamos esperando como un reglamento para hacer la asamblea, los plazos se han irrespetado en lo que establece la ley, que debería estar la estructura orgánica (el 5 de marzo); como se pasó ese plazo, esperaríamos una especie de reglamento extraordinario, ninguno de los sectores tiene candidato, nadie ha convocado, porque no tenemos una normativa del procedimiento a seguir", manifestó.

Esto se debe a que la potestad que Funes se atribuyó de rechazar las ternas que le enviaron los distintos sectores sociales no está normado en la ley, sino en un reglamento que fue diseñado por él mismo, y sobre el que pesa una demanda de inconstitucionalidad, además de un recurso de amparo por la falta de nombramiento del presidente del Instituto, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denuncias que han sido admitidas por la Sala de lo Constitucional.

Reyes dice que en el Reglamento no se establece qué proceso seguir en el caso de que Funes rechace las ternas propuestas, tal como ocurrió días antes de que la Ley de Acceso a la Información Pública entrara en plena vigencia el 8 de mayo pasado.

"En El Salvador es la única ley del mundo donde pusimos que las ternas eran elegidas por cinco sectores de la sociedad civil. Y el reglamento de la ley que todavía es vigente, aunque está demandado en la Corte Suprema de Justicia, dice que el presidente podrá rechazar las ternas y el señor presidente las rechazó, y mientras la CSJ no diga lo contrario, se hace una segunda vuelta...", expresó el Subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, el martes pasado en la entrevista radial de Pencho y Aída.

Sin embargo, al ser consultado sobre el plazo contemplado en ese instrumento para repetir el proceso, admitió que existe un vacío legal. "Según la ley no lo plantea, es una debilidad de la ley", reconoció.

Lo que asombra a Castro, de Fusades, es que Funes teniendo 30 nombres de donde escoger, a todos los rechazó por igual, cuando únicamente necesitaba tomar un solo candidato de cada terna de cinco personas que le fueron propuestas.

"No señala pormenorizadamente cuál es lo que no cumplen estas personas, tuvimos acceso a las hojas de vida, y déjeme decirle que muchos tienen experiencia en esta materia, hay abogados de trayectoria, hay personas que están dedicadas al periodismo, desde el lado académico hay personas que difícilmente yo le podría decir que no están calificadas para eso. El presidente no hace un análisis pormenorizado", explicó.

Añadió que en la ley se estableció que el presidente de la República estaba limitado en los nombres que él podía escoger de la sociedad civil, para asegurar un grado de independencia, y que la normativa no estipulaba que el presidente pudiera incidir en qué nombres se le presentaban.

"En la ley no tiene asidero y en el reglamento no hay claridad de qué sucedería ante un caso de rechazo, sólo dice que entonces se deberá de realizar de nuevo todo el proceso, es un proceso complicado porque se debe abrir un plazo", resumió.

Según Castro, Fusades tuvo conocimiento de que Funes envió cartas a los ministerios de Educación, Trabajo, Economía, y a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, expresando que los aspirantes a comisionados no reunían el "perfil conforme a la responsabilidad que deberán tener al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública".

Sin embargo, desde la Apes, que representa a los periodistas, como desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por los empresarios, afirman que mientras no exista una notificación oficial de Funes haciéndoles ver que deben convocar de nuevo a elecciones y plantear otros requerimientos especiales para este proceso, no podrán convocar de nuevo, pues temen caer en un acto ilegal.

De hecho, el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, considera que no es necesario realizar otra vez elecciones. Aseguró que el proceso interno que llevaron a cabo para escoger a los candidatos fue riguroso y se eligió a los perfiles más capacitados en el sector empresarial.

"Eran excelentes candidatos, gente proba y honesta y con una trayectoria profesional superexcelente, al final los consideró no idóneos. No hay un informe que explique porqué vetar las ternas, es un tema que ha sido una estrategia tomada por él (Funes), para retrasar (la aplicación) de la Ley de Acceso a la Información Pública, con el propósito de que los ciudadanos no tengamos acceso a pedir información de los diferentes ministerios y de la Presidencia de la República", esgrimió.

Jiménez concuerda con Castro, de que en la ley no se estipuló que el presidente de la República, tiene competencia en decidir la idoneidad de los candidatos, solo la facultad de elegir a los comisionados.

Dijo que como ANEP solicitaron a Funes en días pasados que argumentara el motivo de su rechazo a las ternas y precisamente fue el Oficial de Información de Casa Presidencial quien les corroboró que el presidente no tiene facultades para decidir la idoneidad de los candidatos.

"Nosotros teníamos excelentes candidatos. No hay ninguna razón para que ninguno de ellos haya sido declarado no idóneo, tampoco hemos recibido ninguna notificación que diga: vuelvan a nombrar candidatos, qué tipo de candidatos quieren, qué requisitos quieren, más bien el presidente está insistiendo en no cumplir la ley", afirmó.

Pero el atraso en elegir a los comisionados y al presidente del Instituto es sólo un tropiezo en el camino espinoso de una normativa que, según el Subsecretario de Transparencia, Rodríguez, es la "cuarta ley más dura" del mundo, precisamente porque permitió que fuera la sociedad quien propusiera a los titulares del ente regulador de la ley, para que el presidente los nombrara de ese listado.

A falta del Instituto ya hubo casos de dos entidades públicas que se negaron a brindar información a periodistas de medios escritos, procesos en los que ha tenido que mediar la Subsecretaria de Transparencia, para desentrampar la información que, según esas instituciones, era de carácter reservado y no público.

"Cada entidad hace una clasificación con respecto a determinados criterios, cuando exista el Instituto de Acceso a la Información, usted por ejemplo, me pide información a mí, le digo, 'eso es confidencial', pero va al Instituto y él puede decir quién tiene la razón, o si está obligado a desclasificar la información", expuso.