Respondió a corte C.A. como presidente de CSJ

Todo parece estar "cocinado" alrededor de la demanda que la Asamblea Legislativa de El Salvador interpusiera ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): el abogado Ovidio Bonilla, pese a ser su nombramiento declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, respondió el viernes como "Presidente del Órgano Judicial" ante el tribunal regional.

Bonilla presentó un escrito en Managua en el cual acepta la tesis presentada por el órgano Legislativo, en el sentido de defender los nombramientos del mismo Bonilla y del resto de magistrados de 2012, y pide que se emita sentencia "conforme a derecho".

"…en el carácter en que actúo, y como parte procesal demandada, manifiesto que son ciertos los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda presentada por el Órgano Legislativo de la República de El Salvador", asegura Bonilla en el escrito presentado la mañana del viernes pasado, en la sede de la Corte, situada en la capital de Nicaragua.

Su razón es que "estimo que en las sentencias de inconstitucionalidad antes relacionadas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha invadido atribuciones que privativamente le corresponden a la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador", con lo que en la práctica se 'allana' (acepta) a lo que reclaman los demandantes.

Bonilla argumenta que la Sala de lo Constitucional cometió un "exceso (por sobre) las facultades constitucionales que asisten a dicha Sala", y que al ordenar a la Asamblea Legislativa que procediera a la elección de funcionarios de segundo grado, cometió una "transgresión al Principio de División y Separación de Poderes, consagrado en el artículo 86 de la Constitución de la República".

Se buscó una posición del presidente interino de la CSJ, Florentín Meléndez, pero dijo que "por razones legales", no podía contestar.

También se intentó conocer la posición del Fiscal general, Romeo Barahona, si el escrito enviado por Bonilla pudiera tener consecuencias legales, dado que el jefe del Ministerio Público les advirtió a los magistrados declarados inconstitucionales que se abstuvieran de firmar documentos, pero no fue posible.

Un informe tardío

La tarde del 21 de junio pasado, después de varias horas de deliberaciones, la Corte regional en pleno decidió admitir "la demanda interpuesta por el licenciado Othón Sigfrido Reyes Morales", en su carácter de Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador".

En el mismo inciso, los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia otorgaban un plazo de "seis días hábiles a partir del día siguiente de la notificación" al doctor José Belarmino Jaime, para que "rinda informe detallado sobre los extremos de las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta".

Belarmino Jaime se abstuvo de contestar al tribunal regional, lo que, sin pretenderlo, facilitó las cosas para que Ovidio Bonilla presentara el "informe detallado" que pedía la CCJ, tal como en efecto lo hizo el pasado viernes.

Un problema para Bonilla es que "evacuó el documento solicitado a destiempo", tal como lo confirmó a El Diario de Hoy el magistrado presidente de la CCJ, Carlos Guerra, aunque es probable que ese hecho pase a segundo plano, si el pleno de la Corte regional decide concentrarse en el otro hecho notorio de ese escrito: que Bonilla prácticamente acepta la demanda presentada por la Asamblea Legislativa.

"De conformidad con el artículo 131, numeral 19 de la Constitución de la República, la cual en ninguna de sus disposiciones prohíbe que la mencionada Asamblea elija dos veces el tercio de magistrados propietarios y suplentes correspondientes que le toca renovar cada tres años, y en consecuencia, el Órgano Judicial que represento, no se opone a las pretensiones de la parte demandante", señala Bonilla.

Poco margen de maniobra

Si el presidente saliente de la CSJ hubiera rendido el informe que le solicitaba el tribunal regional, sus magistrados se habrían visto obligados a hurgar con mayor detenimiento en el ordenamiento jurídico salvadoreño para tomar una decisión, lo que hubiera hecho su labor mucho más difícil y delicada, porque habría estrechado sus márgenes de maniobra.

Adicionalmente, si Belarmino Jaime hubiera enviado la información solicitada, habría cerrado la puerta, de modo que Bonilla no hubiera podido presentar el escrito entregado el viernes pasado, y los magistrados de la CCJ hubieran tenido que tomar en cuenta su opinión jurídica antes de fallar.

Nada de eso sucederá ahora, porque al aceptar la posición de la Asamblea Legislativa, Bonilla facilitó el camino a los magistrados de la CCJ, especialmente cuando les pide "se tenga por evacuado (entregado) el informe solicitado, en los términos antes expuestos", además de que "se emita la sentencia que conforme a derecho corresponda".

El tribunal regional podría tener lista su sentencia a finales de la próxima semana, aunque, dado que el viernes 10 de agosto será feriado en Managua, lo más probable es que los magistrados se reúnan hasta lunes o martes de la tercera semana del mes, y emitan su sentencia el miércoles 15 de agosto.