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Analistas: El FMLN busca control total de aparato estatal
Sostienen que quiere consumar lo anterior al "imponer" a magistrados de 2006 y 2012
La idea del partido FMLN de entronizar a la "fuerza" a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fueron invalidados por la Sala de lo Constitucional, es para tener el control total de los principales órganos de gobierno, lo cual sería sumamente "peligroso" a criterio de varios analistas, porque debilitaría la institucionalidad del país y podría generar inseguridad jurídica.
Lo anterior lo advierten los observadores del El Diario de Hoy, Miguel Lacayo y Paolo Lüers, así como los analistas Claudio de Rosa y el exdirigente del FMLN, Facundo Guardado.
De hecho, la legisladora efemelenista Karina Sosa se quejó públicamente en agosto de 2010 de que su partido no tuviera "el poder total", a un año de haber ganado su partido la silla presidencial con Mauricio Funes. Inclusive se refirió a la Corte Suprema de Justicia, de la cual dijo que no estaba bajo el control de la izquierda.
"Ganamos las elecciones pero no ganamos el poder mediático, no ganamos el poder económico, no ganamos la mayoría del Congreso. Tenemos una Corte Suprema de Justicia con mayoría de la derecha", se quejó la legisladora del FMLN, para luego añadir: "Por eso decimos que este es un gobierno (de Mauricio Funes) de transición, no tenemos la totalidad del poder...", remarcó Sosa, en aquella oportunidad.
Esas consideraciones las hizo la diputada del FMLN en el marco de un encuentro en el que participaron representantes de varios partidos que integran el Foro de Sao Paulo que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, según publicó el periódico La Jornada, de México, y que reprodujo El Diario de Hoy.
Los analistas ven en todo este embrollo, la mano del partido FMLN, que con la ayuda y colaboración de Gana, Pes y CN está tratando de apoderarse de las principales instituciones del Estado, como es el Ejecutivo, el cual ya gobierna con Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa que preside Sigfrido Reyes y ahora busca el control del máximo tribunal de justicia.
"La razón por la cual se pierde la confianza es porque ya no hay independencia de poderes, y el FMLN al tener el control total de los tres poderes (del Estado) se pierde la confianza completamente", manifestó Miguel Lacayo.
Añadió que lo que refleja el partido oficial es un desdén por la legalidad. "Prácticamente lo que están diciendo los señores diputados del FMLN es que lo que a ellos no les guste de la democracia ellos lo van a cambiar; están diciendo los diputados que ellos tienen el poder para decidir sobre las leyes, por encima de los magistrados de la Corte, cosa que es incorrecta, es ilegal", dijo Lacayo.
En tanto, Paolo Lüers advierte que de consumarse esa situación sería peligroso para el país, y que inclusive sería algo similar a lo ocurrido en Nicaragua, gobierno con el cual comulga el partido FMLN.
"Es peligrosísimo, porque si salen con la suya en esto ya no hay mucho que hacer, ya no hay adonde apelar, eso es peligrosísimo, eso es lo que pasó en Nicaragua", advirtió el también periodista.
Lüers se refiere a la alianza que hizo el presidente Daniel Ortega con el expresidente Arnoldo Alemán, procesado por corrupción, para ganar las presidenciales con la ayuda y los votos del partido de Alemán, y por otro lado para encubrir y proteger a éste.
Para el economista Claudio de Rosa, lo que se está fraguando para imponer a magistrados cuya elección ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, podría traer graves consecuencias a la seguridad jurídica del país.
"Mañana un juez, una Corte dominada por gente de este tipo puede decir perfectamente que se le quite la concesión a las radios, a la televisión, como lo han hecho en otros países. Lo que le estoy diciendo yo no es alarmismo, es lo que se ha vivido y se está viviendo en otros países que han seguido este camino", argumentó De Rosa.
El excandidato presidencial por el FMLN, Facundo Guardado, asegura que es un intento de su exinstituto político y de los partidos que lo apoyan de imponer a estos funcionarios, pero que eso es algo que todavía no ha logrado.
"Por supuesto que si llegaran a consumarlo, sería peligroso, en el sentido que todo mundo lo diera por hecho (instalación de nuevos magistrados)", apuntó.
No obstante, los analistas, aparte de ver a los nuevos magistrados como funcionarios ilegítimos, consideran que estos podrían perder su independencia como jueces, dado que están siendo defendidos y apuntalados por el FMLN, CN, Gana y Pes.
"Así como está, como la quieren concebir ahorita, sería realmente muy poco independiente, porque los han puesto allí casi todos por la fuerza, es gente mayoritariamente o vinculada al FMLN o a Gana, entonces qué se va a esperar de esa Corte", cuestionó Paolo Lüers.
A criterio de Lacayo, es necesario que cada institución tenga independencia para que funcione el balance en los poderes del Estado. "No se puede meter uno en el área del otro, la independencia de los tres poderes es importante para que sigamos viviendo en tranquilidad", manifestó el exministro de Economía.
Para Facundo Guardado, es obvio que detrás de esta imposición de funcionarios hay intereses de entidades que buscan el control de la CSJ. "Hay intereses de grupo muy particulares, quieren imponer una cuota de poder de manera ilegítima y agresiva", apuntó.
Para Claudio de Rosa, el acto instalado en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde participaron diputados y dirigentes partidarios, juntamente con Ovidio Bonilla y otros magistrados de 2012, para declararlo presidente del máximo tribunal de justicia, desdice mucho de la independencia e imparcialidad conque puedan actuar estos nuevos funcionarios.
"Es inconcebible que en un sistema democrático veamos que hay una usurpación del órgano judicial en un acto político-partidista, con tarima y arengas típicas de una campaña política, cuando se espera que un magistrado sea muy parco, muy apegado a derecho y mostrar la imparcialidad que debe revestir la función de un magistrado", cuestionó De Rosa.
En este problema entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, el presidente de la República, Mauricio Funes, abiertamente se ha manifestado en favor de la postura adoptada por la primera, de no acatar los fallos de la segunda, pero ayer dijo que pondrá sus buenos oficios.
La Sala de lo Constitucional tiene en sus manos demandas de inconstitucionalidad importantes como la ley de Tratado de Libre Comercio (TLC), la ley de Dolarización, así como una demanda contra el nombramiento de los militares David Munguía Payés como ministro de Seguridad y de Francisco Salinas como jefe de la PNC.
Inclusive, el enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la CSJ, por la declaratoria de ilegalidad de los nombramientos de los magistrados de las generaciones de 2006 y de 2012, ha encendido las luces de emergencia en el Gobierno de Estados Unidos y de algunos senadores republicanos y demócratas, que piden condicionar la ayuda al país debido al irrespeto a la Constitución. También organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA han pedido a las partes involucradas buscar una salida a este impasse lo más pronto posible.

