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Aumenta la preocupación en EE.UU. por crisis en el país
Senadores republicanos Lugar y Rubio piden informes sobre el pleito por magistrados
Los asesores de los senadores Richard G. Lugar y Marco Rubio, ambos del Partido Republicano y miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, compilan información detallada acerca del escenario político en el país, y sobre esta sentarán una postura conjunta al respecto.
Ayer los gabinetes de los altos funcionarios se reunieron en uno de los salones del edificio Dirksen del Senado, previo a una reunión que tendrán los legisladores el fin de semana en la que revisarán la información pormenorizada de lo que acontece en el país.
El senador Lugar, el jefe de bancada republicana en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del legislativo, ya expresó su interés en el tema. Su asesor, Carl Meacham, expresó su preocupación sobre la crisis política salvadoreña, de la que los legisladores tomarán mayores notas en un encuentro previsto para este fin de semana.
"El senador Lugar siempre ha estado del lado de los salvadoreños durante los años de la guerra y posteriormente en el proceso de paz. Para mí ver que las instituciones estén siendo abusadas y la Constitución violentada me preocupa mucho", se expresó Meacham en una corta declaración a El Diario de Hoy.
El director ejecutivo del Instituto de Adaptación Global con sede en Washington, el salvadoreño Juan José Daboub, fue llamado nuevamente a exponer sobre el tema. "Creo que los despachos de los senadores están armando el rompecabezas con la información más reciente, como que los ha agarrado un poco desprevenidos, pero hay una gran receptividad para comprender la crisis", afirmó.
Los asesores de ambos senadores dijeron que comprenden las consecuencias de la pugna generada por la decisión del FMLN, Gana, CN y Pes de no acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que pone en riesgo programas medulares de la cooperación de los Estados Unidos con El Salvador como la Cuenta del Milenio y el Asocio para el Crecimiento.
Por otro lado, el Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, dijo haber enviado cartas a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República para que El Salvador respete el estado de derecho.
La analista del centro, Mirte Postema, dijo que han seguido al día los pormenores del pleito y las implicaciones para la estabilidad regional.
Delegados de la fundación visitaron nuestro país en enero de este año para conocer los procesos de selección de candidatos, se reunieron con distintos actores involucrados en ese proceso, del cual surgieron documentos con recomendaciones para escoger los candidatos idóneos y de manera transparente.
"Hay mucha inseguridad sobre el tema de la integración de la Corte Suprema y cómo van a hacer ahora; esa ratificación que pretendió hacer la Asamblea el jueves, esto no es acatar los fallos de la Sala, y lo que está pasando es que uno de los poderes del país está desconociendo el rol que la misma Constitución otorga a otro poder del Estado, que es la judicatura y su órgano máximo, la Corte Suprema", explica Postema.
Además la investigadora cree que el gobierno de Estados Unidos y sus centros de mando en Washington sí están muy preocupados sobre la situación y es claro que el Departamento de Estado, el Congreso y Senado no la están pasando por alto.
"Yo sí siento que desde aquí en Estados Unidos hay mucha preocupación con este problema (…) El hecho de que se hayan pronunciado y que también hayan utilizado ciertos términos como 'sobrevivencia de la democracia', 'respeto de la Constitución' significa que están preocupados", opinó Postema, al subrayar que el lenguaje diplomático es cauteloso y moderado.
La especialista ve con preocupación que aunque se trata de un tema estrictamente salvadoreño hay que activar mecanismos de alerta temprana para garantizar la estabilidad democrática; asimismo llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a "ver con más detenimiento esta problemática" y pidió a los diputados respetar la Constitución y las normas internacionales sobre el estado de derecho.

