UE preocupada por crisis entre diputados y Sala

No sólo las Cámaras de Comercio de Centroamérica están preocupadas por la tensión entre los diputados de la Asamblea Legislativa y magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, también la Unión Europea (UE) está inquieta por esa crisis.

Así lo expresó ayer Giuliano Perseu, quien es el gestor de proyectos de la UE en El Salvador, durante una reunión en la que estuvo con representantes del ISD (Iniciativa Salvadoreña para la Democracia), IDHUCA (Instituto de Derechos de la Universidad Centroamericana), Cecade (Centro de capacitación para la democracia) y otros.

El encuentro fue precisamente para abordar las implicaciones de las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional contra elecciones de magistrados 2006 y 2012 por considerarlas fuera de la ley.

Si bien Perseu aclara que se trata de un asunto "completamente interno" del país y que se tiene que resolver entre las instituciones salvadoreñas, expresa que les preocupa.

"Obviamente como cualquier tipo de país o de organizaciones esperamos que se llegue a una resolución óptima para el país y de manera también rápida, porque lo que preocuparía es pensar en un país donde no hay una Corte Suprema de Justicia que no esté funcionando, generaría un gran problema en la administración de justicia, que sabemos que es un tema muy importante para El Salvador. Nuestro auspicio solamente es que se llegue a una solución, que todo pueda volver a su funcionamiento normal", declaró.

El representante de la UE añade que les intranquiliza las implicaciones en la vida jurídica que advierten los especialistas en la materia.

"En los medios de comunicación algunos magistrados y jueces han ventilado que se podría llegar a un punto en que la Corte Suprema no resuelva las denuncias y todo el procedimiento se quede trabado, eso sí sería una perspectiva preocupante porque si los juzgados no funcionan, no sentencian…", apuntó.

Tras esas palabras se le preguntó a Perseu lo siguiente: ¿En materia de ayuda esta problemática influiría para la Unión Europea?

—No, nuestro programa de ayuda funciona a mediano y largo plazo y esos son cuestiones o situaciones que normalmente se resuelven a corto plazo, entonces no tienen implicaciones a nivel de ayuda.

¿Y en este caso ustedes se han reunido con representantes de la CSJ y de la Asamblea para saber qué está pasando y las posiciones de cada una de las partes?

—Sí, la Unión Europea como cualquier otra institución extranjera tiene un diálogo constante con las instituciones salvadoreñas, eso es normal, (pero) no hemos tenido un acercamiento especial; además los periodistas hacen un buen trabajo y no es difícil mantenerse al tanto de lo que ocurre.

¿Pero a nivel diplomático, más allá de lo que puedan publicar los medios, lo han hecho?

—Hay siempre ocasiones de tipo informal, eso pasa casi a diario, pero no ha habido un acercamiento específico.

¿Lo pedirán para saber de manera formal lo que ocurre?

—No, por el momento estamos confiados que esta situación llegue a una solución de manera natural y sin ningún tipo de intervención especial.

En ese sentido, Perseu aplaudió que los legisladores hayan iniciado un diálogo para encontrar una salida a la crisis porque "eso ayuda a evitar enfrentamientos".

ISD pide investigar a CNJ

Mientras tanto, Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, consideró "grave" que los miembros del CNJ (Consejo Nacional de la Judicatura) hayan admitido ante la Asamblea que fueron presionados para incluir en la lista de candidatos a magistrados de 2009 a Belarmino Jaime (presidente de la CSJ) y a Rodolfo González.

Por ello Villalta pidió a los diputados que investiguen a los consejeros y, es más, instó a los funcionarios del CNJ a "renunciar a sus cargos por razones éticas" por aceptar que recibieron presiones.

Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, argumentó ayer que "no hay conflicto" entre Asamblea y Sala de lo Constitucional porque dicha instancia ya emitió un fallo y los diputados deben acatar.

Eso es justamente parte de lo que plantea un comunicado publicado ayer por la UCA, en el que pide que "cesen las acciones" de "desobediencia" a las sentencias judiciales.