Listas demandas ante la ONU y OEA

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Coalición para la Reforma Política y Electoral (Cree) anunciaron ayer que acudirán a instancias internacionales como la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la Asamblea Legislativa cumpla finalmente con los fallos de la Sala de lo Constitucional que ordena repetir la elección de los magistrados de 2006 y de 2012.

Lo anterior fue anunciado ayer por ambas organizaciones que forman parte de Aliados por la Democracia, las cuales conjuntamente demandaron a la Asamblea Legislativa ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el martes resolvió declarando inadmisible la demanda bajo el argumento que no forman parte del proceso que tramita entre la Sala de lo Constitucional y el Congreso y que ya resolvió suspender los efectos de los fallos de la Sala.

La inadmisibilidad de la demanda por parte de la CCJ fue calificada por los representantes del ISD, Ramón Villalta, y de Cree, Rómulo Rivas Blanco, como una "aberración jurídica" que no tiene fundamento legal.

"Nos parece que la más grave de las aberraciones es el hecho de justificar que ellos ya han admitido la demanda de la Asamblea y que han tomado medidas cautelares, y que dado que nuestra demanda es en contraposición a la de la Asamblea, pues no la pueden admitir, eso nos parece de las justificaciones menos comprensibles", externó Villalta, quien dijo que no ha sido notificado oficialmente de la resolución de la CCJ, pero que se ha enterado de la misma a través de este periódico.

Otro punto que cuestionó Ramón Villalta es el hecho que la demanda de la Asamblea Legislativa la resolvió en tiempo récord (menos de 30 horas), y la de ellos fue resuelta en más de 10 días y de manera adversa.

Es más, la Corte Centroamericana de Justicia tiene previsto emitir su resolución final por la demanda interpuesta por el Congreso salvadoreño, la próxima semana, tras vencerse el plazo de seis días que habían dado al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime para que presentara sus alegatos, y no lo hizo.

"Lo que uno puede ver es una actitud altamente parcializada por parte de la Corte Centroamericana, poco seria, poco responsable, poco profesional y muy comprometida con los intereses de grupos; en este caso de grupos que están en la Asamblea Legislativa y estableciendo unas resoluciones que atentan contra todo principio democrático y todo principio de derecho humano", apuntó el representante del ISD.

Dicha resolución llega en momentos en que diversos sectores de la sociedad, como gremiales, abogados, académicos y organizaciones de la sociedad están cuestionando el rol de la CCJ por haber aceptado la demanda de la Asamblea y tratar de frenar los fallos de la Sala de lo Constitucional.

Por ejemplo, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) fija posición en este tema y sostiene que dicho organismo regional no tiene ninguna potestad para revertir las sentencias fallos de la Sala.

"Según nuestra Constitución, la Sala de lo Constitucional tiene la última palabra y no la Corte de Managua, quien debe respetar la soberanía de El Salvador ", sostiene Fusades.

Añade que no cumplir con los fallos "pone en serio riesgo todo el sistema democrático y la convivencia social", por los cuales se ha luchado desde los Acuerdos de Paz.

La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) reconoce a la Sala de lo Constitucional como la máxima instancia del país en materia constitucional y urge a los partidos políticos representados en la Asamblea, a que "entablen un diálogo serio" para ponerle paro a esta situación que pone en grave peligro la institucionalidad del país (nota aparte).

Ente "desprestigiado"

El representante de Cree, Rómulo Rivas Blanco no solo descalificó al tribunal regional por considerar que "está desprestigiado", sino que aseguró que acudirán a otros organismos internacionales para hacer prevalecer el estado de derecho en el país.

"Existen otras instancias internacionales a las cuales se puede acudir, está la Corte Interamericana, esa sí es una que tiene todas las de la ley y que por supuesto tiene jurisdicción; incluso, se puede llegar hasta la OEA y hasta la ONU, si es preciso", manifestó Rivas Blanco, quien aclaró que ninguno de estos organismos está por sobre la Sala de lo Constitucional de nuestro país y, por ende, no pueden revertir sus fallos, pero sí hacer que la Asamblea Legislativa cumpla con los mismos.

El director del ISD dijo que aunque no les gusta la resolución emitida en su contra por la CCJ, aseguró que la respetan y que la acatarán, a pesar que es un ente que "no tiene credibilidad", pues Costa Rica y Panamá han desconocido las sentencias emitidas en su contra, indicó.

Inclusive, una de sus miembros, la magistrada suplente María Silvia Guillén, renunció a ese cargo que ostentaba desde el 2006 cuando fue nominada por el entonces presidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

Guillén presentó su renuncia al actual presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, por no estar de acuerdo con las resoluciones de la CCJ y porque su intervención en el litigio entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa marca "un precedente peligroso para la seguridad jurídica y la independencia judicial", sostuvo.

Villalta dijo que de todos es conocida la parcialidad de algunos magistrados de la CCJ y citó la reciente visita que el actual presidente de la CCJ, Carlos Guerra hizo al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Además comentó que "otro magistrado salvadoreño (de la CCJ) vino a visitar también al presidente de la Asamblea Legislativa", lo cual consta en varias publicaciones periodísticas, aseveró.

De hecho, la ISD pidió en su demanda en la CCJ que se separara al magistrado salvadoreño Ricardo Acevedo Peralta, porque sospecha que tiene parentesco con el titular de la Asamblea Sigfrido Reyes.

Ante toda esa situación, Villalta expresó que están listos para llevar la demanda contra los legisladores a otras instancias internacionales, tal como ya lo tenían planeado.

"Nosotros vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también para poner este tipo de demandas y buscar nuevos canales internacionales para que contribuyan a la solución estrictamente apegado al derecho constitucional del problema que está viviendo el país", apuntó el también miembro de Aliados por la Democracia.

La dirigencia del partido ARENA también anunció el pasado lunes que están preparando cartas para enviarlas a los secretarios generales de la ONU y de la OEA, para que intervengan en este conflicto.

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los nombramientos de magistrados de las generaciones de 2006 y de 2012 por considerar que los diputados que realizaron esos nombramientos se tomaron atribuciones que no les otorga la Carta Magna, pues ésta les ordena solo hacer un nombramiento por legislatura.

Ante eso, en sus fallos les ordenó repetir nuevamente ambos nombramientos, pero las bancadas del FMLN; CN, Gana y Pes se han opuesto a cumplir esas sentencias, y prefirieron llevar el caso al cuestionado tribunal regional.