Laura Chinchilla descalifica a CCJ y no da validez a fallo en contra

El Gobierno de Costa Rica anunció ayer que se ausentará del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), mientras Nicaragua ejerza la presidencia pro témpore, con el fin de enviar un "mensaje político" y de protesta por una condena en su contra a raíz de una disputa con Managua, emitida por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), a la cual no le reconoce jurisdicción.

Se trata del mismo tribunal que está siendo cuestionado por sectores en el país, como universidades, gremiales y abogados particulares por, según ellos, no tener competencia en dirimir conflictos internos como el que enfrenta a los diputados y la Sala de lo Constitucional.

La CCJ no solo admitió la demanda de la Asamblea Legislativa en contra de la Sala de lo Constitucional, sino que le dio trámite en menos de 30 horas, mientras que a otra demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos salvadoreños contra el Congreso por no acatar los fallos judiciales, aún no ha notificado, pero fuentes de ese tribunal confirmaron anoche que no fue admitida (ver nota en páginas siguientes).

El fallo en contra de Costa Rica se da en medio de cuestionamientos a sus facultades para poder dirimir un conflicto entre diputados y la Sala de lo Constitucional y en momentos en que una de sus magistradas suplentes renuncia a ese cargo, por no estar de acuerdo con las últimas resoluciones de la CCJ (ver nota siguiente).

Desconoce fallo

La CCJ, con sede en Nicaragua y a la que Costa Rica no reconoce, anunció el lunes su fallo en el que condenó a Costa Rica por daños al río San Juan, de soberanía nicaragüense, durante la construcción de un camino paralelo al afluente. Se trata de la construcción por parte de los ticos de un camino de lastre de 160 kilómetros paralelo al río San Juan, con el fin de "defender la soberanía" de su país.

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, calificó dicho fallo como "espurio e ilegítimo", ya que su país no reconoce la competencia de la CCJ.

"Ese es un tribunal que desde ese punto de vista está actuando de manera espuria contra los intereses de nuestro país", dijo Chinchilla al reaccionar al fallo de ese organismo centroamericano, al que Costa Rica desconoce y por lo cual no tendrá efectos prácticos para el país.

"Es un tribunal sobre el cual tenemos todo el derecho a dudar de su objetividad, porque está ubicado en Nicaragua, porque quien preside ese tribunal es nicaragüense", argumentó Chinchilla.

A su juicio, la resolución no es objetiva, pues el tribunal regional tiene su sede en Managua, su presidente (Carlos Guerra) es nicaragüense, y notificó la sentencia cuando recién el pasado viernes Nicaragua asumió la presidencia pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Nicaragua demandó a su vecina Costa Rica ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) y la CCJ por daños ambientales al río durante la construcción de la vía, los cuales, Costa Rica afirma que no existen y por los cuales fue condenado por el tribunal regional.

"Condénese al Estado de Costa Rica por haber incurrido en responsabilidad por los daños ecológicos y conexos en el Río San Juan de Nicaragua, así como al ecosistema compartido, parte del Corredor Biológico Centroamericano", reza la sentencia con la que la CCJ respondió a la demanda interpuesta por el Foro Nacional de Reciclaje, Fonare, y la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible, Fundenic, en diciembre de 2011.

El ministro costarricense de Comunicación, Francisco Chacón, declaró ayer que el Gobierno tico llamó a consulta a sus embajadores en Centroamérica con el objetivo de analizar la situación.

"Se trata de un mensaje político. Costa Rica no se está retirando de la integración ni tomará represalias contra sus socios comerciales en la región. No se trata de salirse de ningún esquema permanente de integración", afirmó.

El ministro añadió que como "señal de protesta" por la sentencia de la CCJ, Costa Rica se ausentará de "algunos foros políticos" del SICA, los cuales no detalló, mientras Nicaragua ejerza la presidencia pro témpore, es decir durante el segundo semestre de 2012. Descartó afectaciones en la integración económica regional.

Mientras tanto, el canciller costarricense, Enrique Castillo, quien se reunirá hoy en San José con los embajadores, dijo ayer que el fallo de la CCJ "daña al sistema integración" y que el tribunal "se ha desbocado" al "regionalizar" un problema bilateral.

La embajada costarricense en el país divulgó una carta en la que manifiesta que "Costa Rica no permitirá que acciones fraudulentas e ilegales de instituciones que actúan motivadas con claro sesgo político y en su propio beneficio marchiten el nombre del país".

El magistrado salvadoreño en la CCJ, Ricardo Acevedo Peralta, admitió que San José no ha ratificado el estatuto del tribunal, pero insistió en que "el documento fundamental por el cual los estados están obligados" a acatar las sentencias de la Corte Centroamericana "es el Protocolo de Tegucigalpa".

Sin embargo, según Costa Rica, al no haber ratificado el estatuto de la CCJ, sus sentencias no tienen efectos jurídicos sobre su país.