Diputados acuerdan el antejuicio a Samayoa

La comisión de Legislación del Congreso acordó ayer emitir el dictamen para crear una comisión de antejuicio que determine si debe despojar de su fuero constitucional al diputado de Gana, Rodrigo Samayoa, acusado de lesiones, amenazas y expresiones de violencia en contra de su esposa, Mireya Guevara de Samayoa.

La creación de la mesa fue determinada por todas las bancadas, con excepción de Gana, que hasta el último momento se mantuvo en defensa de su legislador. La comisión determinará si Samayoa debe ser llevado ante los tribunales de justicia.

La decisión fue tomada pese a que el técnico de la comisión presentó un informe a los legisladores en el que establece, según argumentos constitucionales, que el legislador naranja no cometió un delito grave, única razón por la cual se puede someter a los legisladores a un antejuicio.

Eso coincide con los argumentos de Gana, según los cuales el diputado no ha incurrido en un delito grave y puede ser sometido a la justicia hasta que termine su período, como lo establece la Constitución. No obstante, han señalado que su colega ya buscó una conciliación con su esposa.

El debate de los legisladores se centró en que será la comisión de antejuicio la que determinará si se cometió o no un delito grave, que según las leyes serán los que exceda los tres años de cárcel. El delito de violencia intrafamiliar tiene una sanción de uno a tres años de prisión, según el Código Penal.

No obstante, el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el legislador establece que los tres delitos que se le imputan deben ser considerados como una sola acción, por lo que podría pagar una pena de hasta seis años de cárcel.

En ese sentido, la farabundista Jackeline Rivera señaló que la comisión de Legislación no estaba juzgando si el legislador había incurrido en un delito grave, sino abriendo el proceso de antejuicio en una comisión especial para que después el pleno legislativo decida si retira o no la inmunidad al legislador.

Por su parte, la diputada arenera Ana Vilma de Escobar consideró que la legislación en favor de la mujer debe respetarse y cumplirse para que la misma "no sea letra muerta", por lo que es necesario someter a decisión de la Asamblea si el legislador cometió el delito.

La comisión vivió momentos de tensión cuando la legisladora leía el parte policial de los hechos que involucran al legislador. Algunos legisladores se habían levantado de la mesa, algo que la arenera reclamó con indignación.

Pese a que aseguró no estar defendiendo a su colega, el diputado de Gana y presidente de la comisión de Legislación, Mario Tenorio, señaló que el requerimiento de la FGR no reúne los requisitos para iniciar el proceso de antejuicio, y que podrían pedir al Fiscal un informe ampliado al respecto. "Debemos hacer un análisis exhaustivo de las diligencias de la Fiscalía enviadas a la comisión", señaló.

Por su parte, el diputado de CN, Antonio Almendáriz, se mostró confundido respecto a las conclusiones que tanto la Fiscalía como Gana y el técnico de la comisión de Legislación habían presentado.

Ayer por la mañana, el legislador azul presentó una propuesta de reforma al Artículo 200 del Código Penal, para agregar como agravante en los casos de violencia intrafamiliar, entre otros puntos, ser un funcionario público.

La comisión de antejuicio tendrá que nombrar a un diputado acusador y a un defensor, o podrá ser el mismo Samayoa quien ejerza su defensa. Luego emitirá un dictamen que lo absuelva o encuentre elementos suficientes para retirarle el fuero, lo que requiere de 56 votos de las bancadas políticas.

Samayoa, que viajó desde hace dos semanas para un chequeo médico en Miami, Estados Unidos, pidió ser despojado de su fuero constitucional, pero los legisladores desestimaron la petición en vista de que los derechos constitucionales de los ciudadanos y funcionarios son irrenunciables.

La esposa de Samayoa, no obstante, desistió de la acusación en contra su esposo, pero la Fiscalía continuó las diligencias y reclamó que los delitos que pesan sobre Samayoa no son conciliables.

Samayoa ha señalado que detrás del caso podría haber intenciones de otros partidos de afectarlos políticamente.

A la luz de este episodio surgió con fuerza el debate sobre la conveniencia de que los legisladores gocen de fuero constitucional. Para el Fiscal General, Romeo Barahona, debe ser únicamente el presidente de la República quien tenga este beneficio.

No obstante, algunas bancadas legislativas respondieron con que los procesos de antejuicio que se han realizado en el pasado han sido efectivos y que no hay malas experiencias en este sentido.