ANEP objeta plan de la Ley de Aguas

El anteproyecto de Ley de Aguas presentado por el Ejecutivo y en estudio actualmente en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, tal como está redactada, genera "mayor incertidumbre jurídica" para invertir en el país.

A esta conclusión llega Ismael Nolasco, el director de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), quien manifestó que al anteproyecto de ley le han hecho 204 observaciones a 109 artículos, y 100 comentarios que han sido enviados a la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso.

Uno de los puntos que más le preocupan a Nolasco es el referente a los permisos de explotación del agua para el sector privado. Según dijo, tal como está planteado en el anteproyecto de ley, si una empresa ya obtuvo sus licencias antes de que ésta entre en vigencia, la ley limita los plazos otorgados por las instituciones públicas.

"Le da facultades al ministerio de Medio Ambiente para revisar a los 10 años el otorgamiento de permisos", dijo.

Añadió que lo anterior va en contradicción con lo que plantea el anteproyecto de Ley de Asocios Público-Privados, en estudio también en la Asamblea, ya que en esta normativa, indicó, se están proponiendo inversiones de largo plazo, hasta de 30 años.

"Lo deja a discrecionalidad del ente rector, que en este caso será el ministerio de Medio Ambiente, aun cuando ya se tengan permisos emitidos y otorgados. Lo que va a dificultar es que nuevas inversiones se estén creando en el país, se verá amenazada la inversión por parte de extranjeros", aseguró Nolasco.

Otro problema que destacó es la falta de reglamentos antes de que la ley sea aprobada. De acuerdo con Nolasco, en este caso es importante que exista una reglamentación inicial, ya que la normativa abarca varios subsectores que deben ser desarrollados por reglamentos, entre ellos agua potable, saneamiento y generación de energía eléctrica, dijo.

"La costumbre en el país es que primero se apruebe la ley, sin embargo, en este caso en particular, siendo una ley muy técnica, involucrando a todos los sectores de la vida nacional, es necesario conocer los reglamentos y armonizarlos entre sí", afirmó.

Añadió que esto generará certidumbre jurídica, no sólo para el sector industrial, además para las personas que habitan en las urbanizaciones. A juicio de Nolasco, la falta de reglamentación puede afectar en el incremento indebido de las tarifas de agua potable que la ciudadanía deberá pagar en el futuro.

La falta de un presupuesto adecuado para el ministerio de Medio Ambiente al atribuírsele 23 nuevas funciones dentro de la ley preocupa también, dice Nolasco. A la fecha esa cartera de Estado recibe al año, del Presupuesto General de la Nación, cerca de $10 millones para operar.

Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), explicó también que la ley vuelve a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) en "juez y parte", haciéndolo el ente rector del Consejo Nacional del Agua.

Especificó que en otros países el Consejo se forma como una entidad autónoma y que esto ha dado mejores resultados. Criticó que son 10 las entidades que el anteproyecto menciona y que todas son instituciones del gobierno, entre ellas la Anda.

A los miembros de la ANEP también les preocupan las cuantiosas multas que el proyecto de ley estipula. Según Nolasco, estas van desde $226 a $4.5 millones. Añadió que en ningún país se establecen de esa forma.

A lo anterior agregan que la normativa establece un canon en dinero como contraprestación para quienes usen y aprovechen las aguas de las cuencas nacionales para abastecer a las comunidades (artículos 103 y 104), el cual será cobrado por el ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, Anda, que es la entidad pública por excelencia encargada de abastecer de agua a la población, estará exenta "en vista del servicio público que presta", apunta el sector privado. Y añade: "Con ello, el resto de proveedores de agua potable, incluyendo a prestadores municipales y asociaciones de comunidades (Adesco)" quedarán en desigualdad de condiciones.

Además las empresas y las industrias estarán obligadas a darle un tratamiento previo a las aguas residuales, las cuales deben tener "una calidad determinada" para no contaminar los afluentes.

Según Nolasco, pese a que deben verter las aguas ya tratadas a los ríos los obligan a pagar un canon por hacerlo.