Espíritu era que distintas asambleas eligieran a magistrados

Desde que fueron consensuadas las reformas constitucionales referentes a la administración de justicia, aprobadas y ratificadas en 1991, se habló de que el espíritu de las mismas era que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haría por terceras partes, cada tres años y "por Asambleas Legislativas diferentes", algo que no quedó plasmado de forma explícita en la redacción del texto constitucional y por eso actualmente tiene enfrascado en un pleito a la Asamblea con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lo anterior queda patente en los documentos de archivo que versan sobre la aprobación de las reformas constitucionales que los partidos ARENA, PCN, PDC y Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) aprobaron en abril de 1991, en la última sesión plenaria de esa legislatura, con 57 votos del total de 60 diputados que había en aquella época, dominada por las conversaciones de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla del FMLN que buscaban poner fin a más de una década de guerra interna.

Precisamente esas enmiendas constitucionales que incluían medidas de protección a los Derechos Humanos, reformas a la Fuerza Armada, a la ley electoral y cambios en la administración de Justicia, salieron de esas negociaciones de paz.

Pero en este último tema, el punto de cómo elegir a los magistrados por terceras partes era debatido por los parlamentarios de ese entonces, entre los que destacaban Julio Adolfo Rey Prendes (MAC), Roberto Angulo Samayoa (ARENA), Roberto Edmundo Viera (PDC), Gloria Salguero Gross (ARENA) y Antonio Guevara Lacayo (MAC), entre otros.

Fue este último, quien formó parte de la comisión de legislación y puntos constitucionales que trabajó en las propuestas y la redacción de las reformas a la administración de justicia.

Una vez aprobadas por la legislatura que terminó su mandato el 30 de abril de 1991, durante su intervención en la sesión plenaria del 31 de octubre de 1991 cuando se ratificaron las enmiendas constitucionales, Guevara Lacayo dejó en claro el espíritu de la elección de los magistrados de la CSJ.

"....Van a ser por terceras partes electos por composiciones legislativas totalmente diferentes al momento de reponer esas terceras partes y, por lo tanto, podrán irse ajustando a las nuevas realidades políticas y a los nuevos consensos políticos que puedan irse constituyendo en el camino", manifestó Guevara Lacayo durante su intervención en el pleno, según quedó plasmado en el documento de archivo a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy (ver documentos).

Guevara Lacayo, quien en la actualidad es asesor de la fracción parlamentaria del PES, no ha cambiado de postura, pese a que esa bancada se unió al FMLN; Gana y CN para aprobar con 50 votos el llevar la pugna con la Sala de lo Constitucional hasta la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que tramita esa demanda.

Ahora él lo justifica y argumenta que lamentablemente en aquella ocasión no lo dejaron consignado en la redacción del texto constitucional y por eso se presta a las variadas interpretaciones.

"Yo estoy en la tesis de que el espíritu de la Constitución era que cada legislatura eligiera un tercio de la Corte, pero eso solo quedó en el espíritu pero no en la letra de la Constitución", manifestó a este periódico el exlegislador, que antes de fundar el MAC junto a Rodolfo Rey Prendes, perteneció al PDC.

Ahora propone que para romper con ese círculo vicioso que se presenta cada tres años cuando hay que renovar un tercio de los magistrados, se debe de dejar sentado en el texto constitucional que deben ser Asambleas Legislativas diferentes las que elijan a esos funcionarios (ver entrevista).

Respaldo total

Durante la ratificación de las reformas a la administración de Justicia, todos los diputados de las diferentes bancadas manifestaron su total respaldo y dieron sus votos sin ningún reparo.

"Aquí estamos propiciando espacios, nuevos sistemas, nuevas modalidades de llevar a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia que garanticen que no es la influencia de un partido político el que va a privar en su elección", externó el entonces tricolor Roberto Angulo, quien actualmente es el jefe de bancada del CN y uno de los más férreos detractores de la Sala de lo Constitucional.

Con esa reforma al artículo 186 de la Carta Magna se cambió el modo de elección de los magistrados que para entonces bastaba la mitad más uno de los diputados tanto para elegirlos como para destituirlos. Además se nombraban para cinco años pero en adelante se amplió a nueve años.

Según se explica en la exposición de motivos, que la finalidad de extender a nueve años el periodo y de elegirlos por ternas cada tres años era evitar que la elección coincidiera con un periodo presidencial (cinco años) y que se prestara a un control por parte del Ejecutivo o por un determinado partido político.

"El periodo para el cargo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se ha ampliado a nueve años, medida que por sí sola robustece la estabilidad del cargo, y dificulta la coincidencia del plazo de ejercicio con el presidente de la República. Adicionalmente, para conjurar en forma definitiva tal riesgo se dispone, además, que tales magistrados se renovarán por terceras partes cada tres años", reza parte del documento.

En la exposición de motivos los diputados recuerdan que así como estaba antes de la reforma la elección de los magistrados y la destitución de los mismos sin que se expresara "motivo o causa alguna para tal determinación", ponía en riesgo la independencia de los funcionarios del máximo tribunal de justicia.

"Esa norma afecta grandemente la posición de la Corte Suprema de Justicia, en especial la de la Sala de lo Constitucional, como guardián primario de la ley Suprema y la actuación de sus miembros", se explica en el documento fechado 27 de abril de 1991.

Precisamente es esta Sala la que está en choque con varias fracciones del Órgano Legislativo por haber emitido fallos que algunos diputados los consideran como una injerencia en la labor legislativa. Inclusive la Sala ha sido demandada ante la CCJ y hasta en algunos momentos algunas fracciones han intentado descabezarla o destituir de sus cargos a algunos de los magistrados que la componen.

Por ejemplo, ahora buscan determinar que el nombramiento del presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, y del magistrado Rodolfo González, ambos de la Sala de lo Constitucional, fue ilegal por parte de la Asamblea Legislativa, porque no provenían de la lista original del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La finalidad es declarar nulos sus nombramientos y cesarlos en sus cargos.