Sectores califican de "erróneo" cambio a petición de antejuicio

De errónea, incorrecta y hasta de atropellada fue calificada la decisión de la Asamblea Legislativa, al modificar su reglamento interno y con ello restarle competencia al Fiscal General para la solicitud de antejuicio.

Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), manifestó que esta decisión fue un atropello a la Constitución y que va dirigida con dedicatoria a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por los últimos fallos emitidos y que está violando totalmente el principio de independencia.

"Para destituir magistrados solo puede sobrevenir por causas legales. La persona que le dice si existe o no la causa legal es el fiscal. Hoy al saltarse al Fiscal General lo están convirtiendo en juicio político", manifestó.

Jiménez recalcó que los diputados de FMLN, Gana y CN están actuando con revanchismo contra el Fiscal General, Romeo Barahona, porque hasta hace poco él se pronunció y opinó que la elección de magistrados 2006 y 2012 era inconstitucionalidad y anticipada.

También señaló que con un juicio político, los diputados podrían quitar desde los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta el presidente de la República, sin necesidad de tener que probar si hay indicios para desaforar.

"(El Fiscal General) es representante de la legalidad y que defiende los intereses del Estado, por eso me parece demasiada prepotencia que se crean el primer órgano del Estado. No les quiere calar la idea del principio del equilibrio de poderes", añadió.

A Ramón Villalta, director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), le parece incorrecta y "sacada de la manga" esta acción de la Asamblea.

Aseveró que dicho órgano debe analizar bien cuáles son sus competencias constitucionales y respetar la de otros Órganos e instituciones.

"De la creencia de la Asamblea o de una parte de la Asamblea que por el hecho de ser de elección popular les da un plus para poder determinar las facultades y competencias que tienen los órganos de elección indirecta o de segundo grado, me parece incorrecta", confirmó.

El abogado Francisco Bertrand Galindo abonó que esta decisión legislativa es un error técnico y que si bien es una cuestión interna, el Fiscal representa a los intereses del Estado y es necesario que para estos casos brinde su opinión.

Explicó que decidir el antejuicio hay dos criterios de fondo. El primero que es un tema legal y el segundo, de índole político, y que en la primera fase es el Fiscal el que juega el rol para definir si hay juicio.

"Al final el antejuicio, si bien es cierto es un criterio político, está basado en una base judicial legal y eso quien se los va a dar es el Fiscal General. El Fiscal es el que le puede decir a alguien, por Constitución, si el caso es judicializable o no lo es", dijo.

Añadió que dado que no todos los diputados son abogados deberían haber mantenido el carácter obligatorio de las opiniones jurídicas del Fiscal General.

El exdiputado Guillermo Ávila Qüehl, quien fungió como fiscal de la Asamblea en procesos de antejuicio, aseguró que estas reformas van a ser declaradas inconstitucionales y que solo van a durar unos días.

Señaló que el Fiscal era un filtro correcto, pues cuando consideraba que había indicios suficientes pedía el antejuicio.

"Es una reforma con dedicatoria, la Asamblea siempre está haciendo cosas para chocar y creo que no era conveniente, que debía haber esperado, sometido a un debate más generalizado. Con sinceridad no comparto las reformas que han hecho", dijo.

Las reformas hechas al reglamento aún permiten a la Fiscalía recibir las denuncias, sin embargo obliga a trasladarlas a la Asamblea Legislativa y que será la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la que determine si se procede hacer antejuicio.