Tribunal regional discutirá un litigio interno salvadoreño

Cuestionada por unos, ignorada por otros, invisible para el común de la gente y avalada sólo por tres naciones del Istmo, será a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) a la que llegue la demanda de diputados a la Asamblea Legislativa contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

La Corte fue establecida el 12 de octubre de 1994, con sede en Managua, Nicaragua, tres años después de que magistrados y presidentes de cortes de Centroamérica acordaran promover este esfuerzo en el marco del Sistema de Integración Centroamericana.

Aunque en sus inicios se le pretendió mostrar como "heredera" de la tradición de la Corte de Justicia Centroamericana o Corte de Cartago, que funcionó entre 1908 y 1918, lo cierto es que son dos instancias muy diferentes en tiempo, en espacio y en historia.

Este tribunal ha sido formado por los estados de Honduras, Nicaragua y El Salvador, Guatemala mantiene condicionada su participación, mientras que Costa Rica y Panamá se han abstenido.

Costa Rica más bien resiente que la Corte esté dirimiendo una demanda promovida por Nicaragua contra su vecino por cuestiones limítrofes, aunque, alega, ese organismo judicial regional no tiene jurisdicción sobre los costarricenses por no ser parte del esfuerzo ni haber suscrito el respectivo tratado (ver nota aparte).

Panamá se ha limitado a mantenerse observante y en ningún momento ha mostrado interés de integrarse.

El organismo regional ha mantenido un bajo perfil desde su fundación y se le atribuye la resolución de al menos 100 casos, ninguno muy notable.

Con esos antecedentes está a punto de tomar en sus manos la controversia entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de por la elección de magistrados de 2006 y 2012.

Luego de que la Sala declaró ilegal esos nombramientos y de haber ordenado a la Asamblea Legislativa que vuelva a realizar ambas elecciones, la Asamblea ha mostrado su desacuerdo en acatar esos fallos y ha preferido acudir a instancias internacionales, en un intento de revertir esos fallos.

Así la decisión de llevar a la CCJ ese caso que ha mantenido por varios meses en una constante fricción a ambas instancias del Estado fue tomada el jueves durante la sesión plenaria, con 50 votos de las bancadas del FMLN, Gana, CN y Pes. ARENA y el CD no respaldaron la iniciativa; los tricolores votaron en contra y el CD se abstuvo de votar.

Esta decisión del primer órgano del Estado no ha sido bien vista por algunos abogados nacionales, que consideran que la CCJ no tiene competencia para conocer ese tipo de demandas.

Debe acatar fallos

Más bien insisten en que el Congreso lo que debería hacer es acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Coinciden en que este tribunal centroamericano solo tiene competencia para conocer de conflictos entre órganos de Estado, lo cual no es el caso salvadoreño, pues aunque la Asamblea Legislativa sí lo es, la Sala no, pues ésta es solo una parte del Órgano Judicial (nota aparte).

En efecto, el Convenio de Estatuto de la CCJ en su artículo 22 que se refiere a las competencias de la misma, reza en su literal (f) de la siguiente manera: "Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que pueden surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales".

Otros, como el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, inclusive advierten que se avecina un panorama "caótico" para el Órgano Judicial si el caso llega a la CCJ. Apunta que a partir del 15 de julio próximo debe asumir el próximo presidente de ese órgano de justicia, pero a partir de que cuyo nombramiento ha sido declarado inconstitucional, esa institución podría verse en acefalía y "paralizada" para tramitar los fondos para el pago de los empleados y por ende para seguir operando (nota aparte).

De todas formas, los legisladores liderados por el FMLN y a propuesta de Gana han dicho que contratarán a un abogado para que redacte la demanda contra la Sala de lo Constitucional y la presente ante la CCJ, cuya sede permanente se encuentra en Managua, Nicaragua, y además es presidida por el nicaragüense, Carlos Antonio Guerra Gallardo.

La demanda contra la Sala pretende ser presentada en las próximas horas, en momentos en que no solamente no es reconocida por Costa Rica, sino que también está siendo duramente cuestionada por esa nación por haber admitido una demanda interpuesta en su contra por el gobierno de Daniel Ortega, a pesar de que el Estado costarricense no forma parte de ese tribunal de justicia, y por ende, no le reconoce la jurisdicción para litigar el caso del río San Juan.

La Corte Centroamericana de Justicia fue creada en 1992, pero comenzó a funcionar en 1994 en cumplimiento al artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa y la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), el cual establece que la CCJ forma parte de los órganos del SICA y está para garantizar "el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o derivados del mismo", se establece en el Convenio Constitutivo.

Dicho tribunal de justicia no ha tenido el mismo protagonismo ni la fuerza jurisdiccional de la Corte de Justicia Centroamericana que fue el primer tribunal permanente de derecho internacional en la historia y que funcionó por muchos años desde su creación en 1907 en Washington, EE.UU., y donde sí estaban Guatemala y Costa Rica.

El caso en breve

Por unanimidad, los magistrados Edward Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez, Celina Escolán y Sonia Dinora Barillas de Segovia declararon inconstitucional los nombramientos de cinco magistrados y sus suplentes que realizó la Asamblea en 2006 y también la realizada en 2012. En ambos casos la Sala de lo Constitucional declaró que la elección fue ilegal porque fue hecha por una legislatura a la cual no le correspondía hacerlo, vulnerando con ello la Carta Magna.

Los funcionarios nombrados en 2006 como magistrados de la Corte Suprema de Justicia son Rosa María Fortín Huezo, Lolly Claros, Mario Valdivieso, Miguel Trejo y Evelyn Núñez, quienes terminan su mandato en 2015.

Para 2012 la legislatura anterior designó como magistrados a Salomón Padilla, Roberto Argueta Manzano, Doris Luz Rivas y Elsy Dueñas y Ovidio Bonilla Flores, quien también fue nombrado presidente de la CSJ y del Órgano Judicial. Estos tendrían que asumir el próximo 1 de julio.

En ambos casos, la Sala ordena a la Asamblea que se haga una nueva elección con base a la lista de 30 candidatos que le envió el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

No obstante, las bancadas legislativas del FMLN; Gana, CN y Pes se resisten a acatar las sentencias y han optado por llevar el caso hasta la CCJ.