Inicia juicio por la elección de magistrados CSJ

La Sala de lo Constitucional ya inició el proceso judicial contra el nombramiento hecho por la anterior Asamblea Legislativa de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que asumirán sus cargos hasta el 1 de julio próximo, y admitió otra demanda por el nombramiento de los magistrados que fueron elegidos en el 2006.

La admisión de ambas demandas de inconstitucionalidad fue hecha pública ayer en la cuenta de Facebook de la Corte Suprema de Justicia, que a la vez añadió ambas resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Eso significa que inicia el juicio contra la Asamblea Legislativa por haber nombrado a los abogados José Salomón Padilla, Doris Luz Rivas, José Roberto Argueta, Elsi Dueñas de Avilés y a Ovidio Bonilla Flores como nuevos magistrados para un periodo de nueve años.

El demandante José Enrique Anaya Barraza pidió a la Sala de lo Constitucional que declare ilegal la elección de estos funcionarios y sus respectivos suplentes que realizaron en la sesión plenaria del 24 de abril anterior las bancadas del FMLN, Gana, CN y Pes días antes de finalizar su periodo legislativo. En esa ocasión también se eligió a Ástor Escalante como fiscal general de la República y a Marcel Orestes Posada para presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.

En su demanda, Anaya Barraza expone que los decretos legislativos 1070, 1071, 1072, 1073 y 1074 son violatorios de la Carta Magna. Esos decretos se refieren al nombramiento para nueve años de los cinco magistrados propietarios y sus suplentes, y a la designación de Ovidio Bonilla Flores para la presidencia de la CSJ y también de la Sala de lo Constitucional, para un periodo de tres años, entre otros puntos que adversa en su demanda.

Al respecto, los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional dieron trámite a la misma, resolvieron su admisión y dan de plazo 10 días a la parte demandada: la Asamblea Legislativa para que responda sobre la acusación en su contra.

"Rinda informe la Asamblea Legislativa en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del (día) siguiente al de la notificación de la presente resolución, en el cual justifique la constitucionalidad de los decretos legislativos por los que eligió a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia para el periodo que iniciará el I-VII-2012 y concluirá el 30-VI-2021"....", reza la parte resolutiva de la Sala de lo Constitucional (ver documento).

La bancada de ARENA que votó en contra de esas designaciones se congratuló por la resolución del máximo tribunal de justicia del país, mientras que el FMLN y Gana cuestionaron la admisión. Esta última advirtió que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional podrían caer en el delito de prevaricato (nota aparte).

Otro hecho que el demandante objeta es el nombramiento de Carlos Sergio Avilés como magistrado suplente de la CSJ, en sustitución de Ovidio Bonilla Flores, además del nombramiento de José Roberto Argueta Manzano como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional para un periodo de nueve años.

Entre sus argumentos para interponer la demanda de inconstitucionalidad, Salvador Anaya Barraza señala que la anterior legislatura eligió a estos magistrados aun y cuando no les correspondía hacerlo, sino a los actuales diputados que recién tomaron posesión el pasado 1 de mayo.

"El art. 186 inc. 2o Cn (de la Constitución) dispone de forma expresa que la magistratura de la CSJ debe de renovarse por terceras partes cada tres años, lapso que coincide con el período legislativo previsto en el art. 124 de Cn. A partir de dicha sincronía temporal y de legitimidad democrática, cada legislatura debe elegir únicamente una tercera parte de los magistrados de la CSJ", expone entre otras valoraciones el demandante en su recurso de inconstitucionalidad.

Anterior elección

Otro recurso de inconstitucionalidad que fue admitido por los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional es el que adversa el nombramiento realizado por los diputados el 30 de abril del 2006 de Agustín García Calderón para presidente de la CSJ y además de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inició el 1 de julio del 2002 y concluyó el 30 de junio del 2009.

En esa demanda de los ciudadanos José Ramón Villalta, René Landaverde y Juan Carlos Sánchez incluyen su oposición a la designación de Néstor Castaneda como magistrado de la Sala de lo Constitucional, cuyo periodo termina el 30 de junio.

También pide que se declaren ilegal los nombramientos de Rosa María Fortín, Evelyn Núñez, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejo y Mario Francisco Valdivieso para el cargo de magistrados de la CSJ para el periodo que inició el 1 de julio del 2006 y que termina el 30 de junio de 2015.

La Sala, aparte de mandar a escuchar a la Asamblea, también notificó del caso a la Fiscalía General de la República.