Corte de Cuentas reprueba examen de auditoría

Empresa auditora se reserva emitir opinión porque dice que no tuvieron suficiente acceso a los datos de las finanzas

Manuel Quezada, de la auditora "BDD Figueroa Jiménez", acompañó al presidente de la Asamblea en la conferencia de prensa. Foto cortesía asamblea legislativa

La auditoría externa de la Asamblea Legislativa realizada a la Corte de Cuentas de la República revela inconsistencias en el manejo de fondos de la institución y atrasos en los procesos de exámenes financieros que realiza el ente contralor, entre otros reparos se informó ayer.

Así lo señaló el encargado de la empresa auditora "BDO Figueroa Jiménez", Manuel Quezada, quien presentó a la Junta Directiva del Congreso el documento de más de 200 páginas.

El informe revela que la institución tiene documentación incompleta, por lo que no hay suficientes evidencias para que la empresa emita una opinión sobre los estados financieros del ente contralor, según se detalla en el documento.

En informe señala que la falta de orden en la documentación no ha permitido que las finanzas puedan ser auditables de la mejor manera.

El estudio fue realizado a los estados financieros, el control interno, gestión operativa y el cumplimiento legal de la institución, en donde se registran 119 hallazgos en el examen de auditoría.

El análisis financiero fue realizado al ejercicio 2010, cuando aún estaba en funciones Rafael Hernán Contreras, en vista de que la Asamblea no tuvo los fondos suficientes para realizarlo también en 2011.

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con la falta de registro de dos inmuebles de la institución valorados en $5.7 millones.

"Esta diferencia corresponde a que no se han registrado los edificios 1 y 2 donde están las oficinas administrativas de ellos", señaló Quezada.

Por otra parte, $731,928 de retención a empleados en concepto de embargos judiciales carece de información completa para su justificación, señala el documento. Tampoco lograron obtener información detallada de $503,878 en licencias registradas bajo la cuenta de inversiones intangibles.

Asimismo, según explicó Quezada en conferencia informativa con el presidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, se ha encontrado una mora del 70% de casos no resueltos por la Cámara de Segunda Instancia del ente contralor.

Según Quezada, no fue posible hacer una auditoría de cifras iniciales con los saldos con que cerró 2009, pero "eso no pudimos auditarlo porque la Corte de Cuentas no nos facilitó la documentación de respaldo de los saldos con que se cerró 2009".

Otro punto es que varios auditores contratados en la Corte de Cuentas, según el informe, tienen profesiones incompatibles con la actividad económica.

De acuerdo con el presidente legislativo, uno de lo puntos que podría generar las inconsistencias es la "idoneidad" de los auditores en el ente contralor.

Según explicó Reyes, el informe se dará por recibido en la sesión plenaria de hoy, y será traslado a la comisión Política del Congreso para determinar qué acciones tomará la Asamblea en vista de las inconsistencias detectadas.

El farabundista sostuvo que deben analizar a fondo el informe para dar un dictamen, pero señaló que el mismo refleja que la institución tiene "grandes retos" por delante.

Otra de las conclusiones del legislador es que el desorden en la institución podría deberse a que la misma nunca había sido sometida a un proceso de auditoría externa.

Según el jefe de bancada de ARENA, Donato Vaquerano, revisarán el contenido del informe para determinar si es necesario hacer reformas a la Ley de la Corte de Cuentas.

"Tenemos que hacer una evaluación muy concienzuda para ver cuáles son los pasos, si debemos dar un marco regulatorio para evitar algunos vicios que se han venido dando en la Corte de Cuentas", sostuvo el arenero.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte de Cuentas. De hecho, este tema ya estaba siendo discutido por la Asamblea Legislativa, según Vaquerano.

"No es sólo hacer énfasis en los hallazgos en materia de señalamientos de manejos de dinero, hay que darle seguimiento. Tenemos que utilizarlo (el examen) para sacarle provecho para el futuro".

El arenero, no obstante, se mostró satisfecho en que se haya realizado el examen de auditoría a la Corte de Cuentas. "Esperamos que se haga una auditoría completa, pero este es el primer paso y nos sentimos satisfechos", dijo Vaquerano.

La Corte de Cuenta es la única institución del Estado que no es sometida a un control financiero, no obstante que el artículo 112 de la Ley de la Corte de Cuentas dice que el Congreso es el único que tienen la facultad para realizarle un examen de auditoría a sus finanzas.

La contratación de la empresa "BDO Figueroa Jiménez" surgió a partir de un proceso de contratación de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de la Asamblea Legislativa, pero las licitaciones se han declarado desiertas en dos ocasiones.

Ante el impasse, la Junta Directiva del Congreso decidió hacerlo por la vía de la contratación directa. Los legisladores sostuvieron en su momento que las empresas no se sentían motivadas con los $200 mil del contrato.

La disyuntiva provocó que los diputados subieran la cifra a $300 mil para hacerla más atractiva. A pesar de que los fondos legislativos sólo alcanzaban para auditar un año, el proceso se irá extendiendo poco a poco.

Según explicó el presidente del Congreso, los fondos para la auditoría de 2011 ya está en el presupuesto legislativo de 2012.

La administración actual aseguró que no conoce el informe de auditoría externa, pero dejó claro que se trata de un examen a un período donde había otros funcionarios a cargo del ente (leer nota aparte). Gregorio Sánchez Trejo y tres magistrados más fueron nombrados en junio de 2011.