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Ley Lepina tiene un año de vigencia pero persisten los abusos

Un año después de la entrada en vigencia plena de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), los menores de 18 años siguen siendo sujetos de abandono y abuso; solo hay tres juntas de protección instaladas y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna) tiene la mitad del presupuesto mínimo necesario para llevar la Lepina del papel a la realidad

Lilian Martínez nacional@elsalvador.com Sábado, 21 de Enero de 2012

Doce meses después de estar vigente por completo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), el comité responsable de llevar a la realidad, el Conna, tiene la mitad del presupuesto mínimo que necesita para cumplir con su tarea.

Aún no funcionan las juntas ni los comités locales de los que habla la Ley y quienes trabajan en pro de la infancia y la adolescencia no tienen una instancia donde denunciar los casos de "vulneración de derechos".

Mientras la Lepina se aplica "de forma progresiva", como lo suele afirmar el ministro de Educación y vicepresidente Ad honorem, Salvador Sánchez Cerén, el abandono, los abusos físicos, psicológicos y sexuales contra niños y adolescentes siguen ocurriendo. Centenares salen a la luz, pero centenares continúan en la penumbra.

"No digas mentiras", "vos tuviste la culpa". Esas son algunas de las frases que escuchan los infantes y adolescentes que se han atrevido a denunciar que han sido víctimas de abandono o de algún tipo de abuso.

De ello ha sido testigo Beatriz De Paul Flores, Asesora de Protección de la Niñez de Plan El Salvador. Desde esta y otras dos ONG se realiza una labor de difusión e implementación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina).

Labor que se extiende hasta donde los recursos lo permiten. Desde hace tres años, Fespad, Las Mélidas y Plan llevan a cabo esa tarea gracias a un fondo de 612 mil dólares aportado por Plan Alemania en el marco del proyecto "Rescatando mujeres jóvenes y niñas excepcionalmente discriminadas (GAD 148)".

De esta forma, en 61 comunidades de Cabañas, Chalatenango, La Libertad y San Salvador ha sido posible que decenas de casos de abuso contra la niñez salgan a la luz.

El proyecto finalizará en junio de no contar con más fondos. Algo que no debería ocurrir pues, el personal de esas ONG está realizando la labor que deberían desempeñar los comités locales establecidos por la Lepina.

Alma Salmerón, coordinadora del proyecto mencionado, reconoce: "Los que trabajamos en el abordaje de casos (de abuso) nos encontramos sin saber a quién acudir".

Esto debido a que desde el 1 de enero el Isna ya no tiene la facultad de investigar ni de decidir qué hacer para resguardar a un infante o adolescente en peligro. La abogada de Fespad, Nubia Benavides, explica: "Si hay una niña en eminente riesgo, hay un vacío (en cuanto) a quién se lo reporto (el caso), ¿quién asume este rol?".

Por el momento, las opciones que tienen son: acudir al Procurador de Familia para que tome una decisión en base al Código de Familia o que un abogado haga un análisis con base al Código de Familia determine cuál sería el procedimiento más apropiado para la atención de la víctima.

Una sobreviviente

Cuando un infante o adolescente denuncia que es sujeto de abuso suele recibir recriminaciones. Pero el año pasado hubo una excepción.

Cuando Claudia P. (nombre ficticio) tenía 8 años, su madre la puso en manos de otra señora. La niña nunca fue tratada como una hija, sino como una sirvienta. Según la abogada que ha llevado el caso a los tribunales, aunque la iba a la escuela por la mañana, el resto del día debía deambular por el pueblo vendiendo dulces y si al volver no había vendido bastante la mandaban de vuelta a la calle.

Además de la explotación laboral, la niña era maltratada psicológica y físicamente.

El maltrato se repitió tanto y con tal intensidad, que ella enfermó, hasta el punto que su madre de crianza la devolvió a la madre biológica.

La adolescente volvió a casa de su madre enferma y con la pierna izquierda hinchada. A sus 13 años, fue ingresada en un hospital público con una infección en los huesos de su cadera. En un primer momento, los médicos decidieron que la única manera de salvarle la vida era amputarle las piernas.

Ante este diagnóstico, su madre pidió ayuda al personal de Plan que trabaja en su comunidad, un pueblo de la zona rural de San Salvador.

Con la intervención de la ONG, Claudia fue sometida a más exámenes médicos, tras lo cual se determinó que era posible salvarla sin recurrir a la amputación, colocándole una prótesis en la cadera.

Ahora, mientras se recupera, camina con la ayuda de un bastón... Pero este a es solo uno de los 32 casos de abandono atendidos entre junio de 2010 y junio de 2011 por Plan, Fespad y Las Mélidas. A esos casos se suman 33 de abuso sexual, cuatro de abuso físico, 11 de abuso emocional y uno de abuso espiritual. En el 85 % de los casos, el abusador es un miembro de la familia y el 45 % fueron cometidos en el hogar. En la mayoría, según las ONG, el abuso fue cometido por el padre, el padrastro o "una persona de confianza".