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Cynthia Arnson sobre El Salvador: La intensa polarización es un obstáculo a la lucha contra grupos criminales

Jueves, 1 de Agosto de 2013

Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, en Washington, DC, expone los alcances de una investigación realizada por varios especialistas en el tema de seguridad. Muy afines a este influyente tanque de pensamiento, los investigadores presentan una visión actualizada de cómo opera el crimen organizado en la región.

Arnson considera novedoso este estudio que trata de comprender los cambios y actualizaciones que presentan las redes de tráfico de ilícitos para adaptarse y esquivar los esfuerzos de los estados para combatirlos.

La directora Arnson, especialista en relaciones internacionales, y con una amplia trayectoria en el análisis sobre las problemáticas políticas, sociales y de seguridad que impactan en Latinoamérica, conversó con El Diario de Hoy para exponer los principales elementos del estudio recién difundido por el centro Woodrow Wilson.

¿Cuáles son los objetivos y alcances de este estudio, que de manera particular presenta la problemática del crimen organizado y de la seguridad en la región?

Lo que estábamos buscando era construir un análisis a nivel de la región y a nivel de las subregiones como una alternativa a las visiones que prevalecen en los Estados Unidos, que se suele concentrar en un enfoque bilateral para el caso entre México, o entre Colombia, y los Estados Unidos. Pasa lo mismo con CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica) con un enfoque centroamericano, sin tomar muy en cuenta cómo funciona el narcotráfico y el crimen organizado a nivel subregional; la idea era romper con estas visiones limitadas.

¿Qué aportes concretos ofrece esta investigación?

Yo creo que uno de los principales hallazgos es la capacidad del crimen organizado de transformarse en otra cosa. Una vez que hay menos cultivo de coca en Colombia, se cultiva en Bolivia y en Perú. Pero también los arrestos y las capturas de capos del narcotráfico contribuyen a una dispersión y a una fragmentación de los grupos criminales, lo cual incrementa los niveles de violencia. Entonces, la naturaleza del crimen organizado es cambiar y buscar nuevas formas de adaptarse.

¿Usted cree entonces que los estados enmarcan el combate al crimen organizado desde perspectivas tradicionales?

Existe en Centroamérica la necesidad de un aumento en los recursos nacionales para combatir el crimen y sus subyacentes causas sociales. Esto requiere una reforma fiscal que aumente los ingresos fiscales, pero acompañado de una mejora en la equidad de la carga tributaria, en la transparencia y en la rendición de cuentas del gasto público. La intensa y creciente polarización de la sociedad salvadoreña es el principal obstáculo que impide el éxito de estos esfuerzos, aun cuanto cuente con el apoyo de EE. UU.

¿Cuánto puede aportar este estudio para acentuar esas preocupaciones sobre el crimen transnacional?

Yo creo que como bien lo señalan las recomendaciones, hay que adoptar un enfoque global que busque entender cómo funcionan esas redes criminales, tanto a escala regional como también dentro de un país, y cómo se relacionan con el Estado y sus instituciones; también con algunas élites económicas y políticas, y cuál es el entorno en el que pueden desarrollar sus actividades.

¿Es esta una investigación cerrada o queda abierta para nuevos aportes que la alimenten?

Es un estudio que representa la culminación de una fase de investigaciones que estaba dirigida a romper las visiones nacionales de gobiernos específicos, y que sirve para entender mejor cómo el fenómeno opera a nivel regional y cuáles son las conexiones entre América Latina y el resto del mundo. Así que esta publicación representa el cierre de una fase de casi dos años y medio de investigaciones, con informaciones previas de seminarios y otros estudios.

¿Qué lectura esperan de los gobiernos de la región?

La investigación es un esfuerzo para mostrar la necesidad de coordinación —entre gobiernos, entre sociedades— para reducir los efectos negativos —tanto del narcotráfico como de la trata de personas, y en varios países andinos de la minería ilegal— y ver cómo estas redes operan de manera transnacional.