"Política de este gobierno es subir precio de energía"

Flores explicó el proceso del proyecto geotérmico. Fotos EDH / Marvin Recinos

Sobre sus responsabilidades como presidente 1999-2004, en el caso Enel, ¿usted apoyó el proyecto de desarrollo geotérmico que llevó al contrato Enel Green Power y la CEL?

Mi responsabilidad era darle a los salvadoreños lo que les era urgente, para sus familias y para el desarrollo del país: una fuente de energía limpia, sostenible y a bajo costo. Concretamente como Presidente mi responsabilidad era la de conducir la política energética del país, que puede sintetizarse en los siguientes objetivos: desarrollo de energía limpia y sostenible, reduciendo la dependencia de las importaciones y logrando la tarifa de energía a más bajo costo posible para los salvadoreños.

Para lograr esto no tuve que crear, inventar o definir un proyecto. Desde 1968 que se perforó el primer pozo geotérmico en el país hasta 1981, en que el país logró el récord mundial -todavía no superado- de suplir con geotermia el 41 % de nuestras necesidades energéticas, El Salvador tenía claramente definida la solución a sus problemas energéticos: a decir, el desarrollo de la energía geotérmica.

Cuando asumí la Presidencia, el país tenía ya tres años de contar con una ley que señalaba la reestructuración de CEL, un equipo sumamente competente que dirigía el desarrollo geotérmico bajo la conducción de la CEL y Gesal, y un proyecto claramente delineado, que buscaba a través de un socio estratégico tecnología, fondos de riesgo y capacidad de exploración y administración de plantas geotérmicas. El proyecto tenía ya tantos años de elaboración que estaba ya listo para dar sus beneficios. Hubiera sido un grave error interrumpirlo o modificarlo. Por estas razones no busqué intervenirlo de manera alguna.

Al contrario, me sentía parte del proyecto. Conocía desde 1990 como Viceministro de Planificación la gran necesidad que tenía el país de desarrollar una fuente alternativa de energía; en 1995, siendo diputado, participé en la discusión y en 1996 di mi voto para la aprobación de la Ley General de Electricidad; en 1998, durante la campaña, me comprometí a continuarlo y en 1999 durante mi mandato presidencial, dada la extraordinaria labor que hicieran Guillermo Sol Bang y su Junta Directiva en la CEL, José Jorge Simán y José Antonio Rodríguez y la Junta Directiva de LaGeo, decidí darle continuidad al esfuerzo.

Así conseguimos, durante mi administración, duplicar la generación a bajo costo y trasladarle ese beneficio a los salvadoreños.

Ya que el contrato se firmó durante su periodo presidencial, ¿cuáles son sus responsabilidades jurídicas?

La Ley General de Electricidad mandaba a la CEL a reestructurarse, en el mayor número de operadores, señalándole un plazo máximo de tres años. La implicación evidente de esta ley es que quien debía cumplir este mandato era la Junta Directiva de la CEL. Gesal, como subsidiaria de la CEL, actuaba en el proceso sobre los parámetros señalados por su propietaria, que era la CEL.

La Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley General de Electricidad, no mandó a la oficina del Presidente a ejecutar este proceso. La Presidencia bajo mi administración no intervino en las decisiones de la Junta Directiva de CEL y la Junta Directiva de LaGeo a través de ningún mandato, instrucción o decreto para interrumpir o modificar las decisiones tomadas por las instancias correspondientes. Por lo que mi administración respetó las instancias legales del proceso que se refiere a la incorporación de Enel Green Power al desarrollo geotérmico del país.

El Ejecutivo no está estructurado como un ejército sobre líneas verticales de obligatorio cumplimiento de la Presidencia a los ministerios. El marco jurídico que señala la Constitución deposita la responsabilidad de los actos administrativos sobre los ramos, es decir, sobre los distintos ministerios e instituciones. Por esto es que las órdenes de un presidente a sus ministros no pueden ser de obligatorio cumplimiento, ya que el que asume la responsabilidad jurídica es el ministro o el presidente de la autónoma y no el Presidente de la República. Esta realidad jurídica se manifiesta también en la relación de los ministerios a las instituciones autónomas.

Un ejemplo concreto es la carta que le escribiera el entonces ministro, Miguel Lacayo, a la directiva de la CEL, sugiriéndole delegar la decisión del socio estratégico a LaGeo. La Directiva de la CEL hizo caso omiso de esa carta. Y no hay nada que pudiera hacer el ministro, ya que la Constitución y la organización del gobierno que se desprende de ella, le otorga ese nivel de autonomía a la CEL.

Esto no quiere decir que el Presidente carece de instrumentos para hacer su gestión. Puede pedir modificaciones a las leyes a través de su iniciativa de ley en la Asamblea y así imprimirle su visión a los proyectos de desarrollo; y puede, en casos extremos, destituir a los ministros. Nunca contemplé estas opciones, por la buena conducción que se hacía del proyecto.

Nuestra política fue la de apoyar el proyecto. Los distintos ministerios, como Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Relaciones Exteriores a través de las instancias de coordinación que desarrollamos -la Secretaría Técnica y comités con objetivos claramente definidos- apoyaban este proyecto, sin intervenir, sustituir o modificar ninguna de las instancias definidas por el marco legal de la Ley General de Electricidad.

¿Fue el proceso de licitación, transparente y de conocimiento público?

El proceso de licitación fue publicado en la página web de LaGeo, en la página web del Deutsche Bank; y en los periódicos nacionales. Los eventos de todo el proceso: apertura, selección, escogitación, firma del contrato e ingreso de Enel como socio fueron eventos públicos.

¿Cuál es la base legal del contrato?

Nuestra Constitución señala en el artículo 102 C que el subsuelo pertenece al Estado y lo podrá otorgar en concesión.

El artículo 120 de la Constitución menciona taxativamente los casos en que las concesiones deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Este es el caso de las concesiones en ferrocarriles, muelles, canales, etc. El subsuelo no es mencionado en este artículo, por lo que la Constitución permite las concesiones del subsuelo sin autorización de la Asamblea Legislativa.

La Ley General de Electricidad, aprobada por decreto legislativo en 1996, manda la reestructuración de CEL en 3 años máximo con el mayor número de concesionarios.

Gesal es creada en 1998 con la libertad de acción otorgada por el Código de Comercio. Así, Gesal otorga las siguientes concesiones: Ahuachapán y Berlín, acuerdo 14 E del año 2000;

San Vicente y Chinameca, acuerdo 32 E 2011 y acuerdo 33 E 2011. Y el artículo 46 R. L. de LaGeo señala sus obligaciones por haber adquirido la totalidad de acciones de Orpower. La Siget concesionó los contratos apegado a la ley.

Estos antecedentes legales comprueban que el contrato entre la CEL y Enel Green Power es apegado a la ley pues está basado en la Ley General de Electricidad.

La Junta Directiva de La CEL y la Junta Directiva de Gesal -después LaGeo- son las dos instancias que manejaron este proceso. Es importante mencionar que el ciento por ciento de las decisiones tuvo el apoyo del ciento por ciento de los miembros de ambas directivas.

También es importante señalar que en un período de casi 10 años, todos los presidentes de la CEL y sus juntas directivas, los presidentes de LaGeo y sus directivas y los últimos dos presidentes de la República, tuvieron la potestad de denunciar el contrato como lesivo y no lo hicieron.

El actual Gobierno de El Salvador aceptó las bases, reglas y consecuencias del arbitraje internacional y se sometió al mismo, consolidando así la legalidad del proceso.

Se ha dicho que hubo nepotismo al nombrar a José Antonio Rodríguez a la gerencia de recursos geotérmicos de la CEL…

El Ing. José Antonio Rodríguez fue contratado por la junta directiva de la CEL el 2 de enero de 1995, fecha en la que yo era diputado en la Asamblea Legislativa. Quiero recordar que asumí la presidencia cuatro años más tarde, en junio de 1999.

El cargo de gerente de Recursos Geotérmicos es una contratación de la directiva de la CEL y no un nombramiento presidencial. Durante mi administración Casa Presidencial jamás tuvo injerencia en los nombramientos de cargos ejecutivos en CEL, Gesal o LaGeo. Puedo afirmarle que ni siquiera hice sugerencias en ese sentido a ninguna de esas instancias.

La CEL tomó una gran decisión al contratar al Ing. Rodríguez. Al ser graduado de física de la Universidad de Cornell y contar con un posgrado en Geofísica de la Universidad de Columbia Británica, el Ing. Rodríguez estaba muy calificado para ejercer esa responsabilidad. Los resultados que logró al frente del proyecto geotérmico son evidentes para el país. Y más aún, fueron obvios afuera de nuestras fronteras, pues continúa dirigiendo proyectos de desarrollo geotérmico en el mundo para una empresa canadiense.

En concreto, ¿cuáles fueron los beneficios de haber firmado el contrato?

Duplicamos la generación de energía geotérmica pasando de una producción de 418 GWH a 966 GWH. Esto significó una factura de energía a bajo costo para todas las familias salvadoreñas ya que mantuvimos el costo a $57 por MWH. Si lo contrasta con el hecho que hoy se vende a $165 el MWH, comprenderá que se le está pasando una sobrefactura de $150 millones a todos los salvadoreños.

La administración Funes y el FMLN alegan que se vendió la riqueza nacional a una empresa extranjera, con las consecuencias adicionales de haber creado un monopolio. ¿Es así?

La energía geotérmica no es como el oro o el petróleo- una reserva limitada que algún extranjero le pueda quitar a los salvadoreños; es más bien como el viento o el sol, fuentes de energía permanentes e inagotables. Esto es porque el origen de la energía geotérmica es la fricción que causa el entrechoque de las placas continentales debajo de nuestro suelo. El crecimiento de la placa continental del Pacífico en contra del crecimiento de la placa continental del Caribe producen nuestros volcanes, terremotos y la energía geotérmica.

Por esto es que el reto estriba en desarrollar el proceso para extraer la energía y convertirla en una forma útil para los salvadoreños. Enel como empresa extranjera no puede, como nadie puede, quitarle a El Salvador su energía geotérmica. De la misma manera que nadie nos puede quitar el sol o el viento.

¿Qué importancia tiene para el país el contrato Enel-CEL?

Con sus grandes limitaciones territoriales, y de recursos naturales- digo esto no sólo porque no tenemos petróleo sino porque el descuaje de nuestros bosques ha disminuido notoriamente nuestros recursos hídricos- El Salvador tenía que encontrar una forma de reducir su dependencia del petróleo y encontrar una fuente energética limpia, permanente y de bajo costo. La opción más viable fue y sigue siendo la energía geotérmica.

Para desarrollar este potencial, necesitábamos encontrar los fondos y el conocimiento tecnológico para lograrlo. Enel nos proporcionaba ambos. Primero los fondos. Al incurrir ellos en los riesgos de perforación -que son los costos más altos pues cada pozo que se perfora vale millones de dólares y no hay seguridad que destapara la veta energética - no necesitábamos sacar esos fondos de un ajustado presupuesto nacional. Y al ser ellos una empresa con tecnología de punta, comprobada mundialmente por décadas de experiencia, sabíamos que produciríamos rápidamente un aumento importante en generación de energía de bajo costo y limpia.

Incorporar a Enel, a través de un asocio de capitalización progresiva, nunca le quitará el control al Estado salvadoreño, porque se mantendría el poder de veto, que equivale a decir, el verdadero control del proyecto. Enel no podía tomar decisiones sobre ventas de activos, nuevos proyectos, tarifas energéticas etc. sin el aval del gobierno.

Ademas, nunca se le dio a Enel monopolio alguno. El gobierno puede perfectamente llamar a otra empresa, y desarrollar otro campo geotérmico, y si no quiere llamar a otra empresa y lo quiere hacer por sí solo, no hay nada que se lo impida. No existe ninguna consecuencia nociva derivada de una condición monopólica en el contrato con Enel.

¿Cuáles son las consecuencias de haber cambiado la política de desarrollo energético que usted impulsó?

El proyecto de desarrollo geotérmico se ha desnaturalizado completamente. El propósito del proyecto era crear una nueva fuente de energía para trasladarle un beneficio concreto a las familias salvadoreñas: un costo más bajo en la factura de luz que todos los salvadoreños pagan cada mes. Nuestro propósito nunca fue el de generar utilidades para el Gobierno.

La política energética del Gobierno ha sido la de aumentar los precios de energía. Actualmente LaGeo vende la energía a un sobreprecio de $150 millones, pasando una factura de $125 a cada familia salvadoreña. Esto lo hace el Gobierno en contra de la posición de Enel, quien mantiene la política de precios bajos en la directiva de LaGeo, según lo comprueban sus posiciones en actas de Junta Directiva.

Es grave también que las acciones y las utilidades de LaGeo, que son multimillonarias, fueron traspasadas a una sociedad privada llamada la INE, que opera afuera de la fiscalización de los órganos contralores del estado como la Corte de Cuentas.

Hay estudios serios que apuntan a que los salvadoreños están pagando un sobreprecio innecesario por la energía. Esto significa que todos los salvadoreños -especialmente los de más bajos recursos- pagan una alta factura de luz todos los meses, los precios de nuestros alimentos aumentan continuamente porque nuestros agricultores no pueden aumentar su productividad al enfrentar un costo de energía tan alto, que no pueden regar sus tierras, y nuestros jóvenes no encuentran empleo ya que la industria salvadoreña no puede crecer por los altos costos de energía. La política energética de este gobierno le hace mucho daño al país.

Vivimos hoy un absurdo. Perdimos el juicio y estamos obligados a pagar los costes del mismo y las utilidades no entregadas, se detuvo el desarrollo del campo geotérmico, pagamos la factura de luz más cara del continente y estas enormes utilidades, que tanto le cuestan a la ciudadanía, se las lleva una empresa privada llamada la INE, quien no da cuentas de su uso o destino.