Se debe crear una ley clara y precisa

Sala Constitucional en su sentencia establece un plazo al 31 de diciembre de este año para legislar el tema Legisladores confirman que aún no discuten el tema

Magistrados de la Sala Constitucional resolvieron que la Asamblea debe legislar una nueva ley.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional aclararon en su sentencia del pasado 1 de febrero "que se debe emitir la ley en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática las condiciones con base en las cuales los patronos estarán obligados a pagar una prestación económica a sus trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo".

La Sala indica a la Asamblea Legislativa que tiene a más tardar el 31 de diciembre del presente año para emitir la nueva ley.

Sin embargo, en la Asamblea aún no se ha agendado el tema en las últimas reuniones de la Comisión de Trabajo.

En sentencia pronunciada la Sala "declaró inconstitucional la omisión total de la Asamblea de regular la indemnización por renuncia de los trabajadores, también conocida como "indemnización universal", obligación contenida en el artículo 38 ord. 12° de la Constitución.

En el recurso de inconstitucionalidad los demandantes dijeron que de acuerdo con los artículo. 38 ord. 12° y 252 de la Constitución, existe un mandato constitucional que impone a la Asamblea la obligación de emitir una ley que regule la prestación económica por renuncia del trabajador; al no hacerlo, dicho órgano incurre en una mora legislativa que afecta en forma directa a los trabajadores.

Además, los demandantes señalaron que dicha prestación no se ha regulado ni en el Código de Trabajo ni en ninguna otra ley que tenga alguna relación con los derechos de los trabajadores.

Por su parte, la Asamblea Legislativa reconoció explícitamente que en el país no se cuenta con una ley que regule el derecho reconocido en el art. 38 ord. 12° de la Constitución y expuso que ese derecho tendrá aplicación hasta que sea regulado por medio de una ley secundaria.

Asimismo, aclararon que el art. 252 de la Carta Magna no establece ningún plazo dentro del cual deba emitirse la ley; no obstante, que han transcurrido 29 años desde que fue reconocido tal derecho por la Constitución.

También detalló que desde el año 2000 existen proyectos de ley para ser analizados, pero dicha labor es compleja, pues las diferentes instituciones sindicales, la empresa privada y los entes del gobierno tienen que realizar un estudio exhaustivo para determinar si actualmente existen las condiciones económicas, sociales y políticas para aprobar una "Ley de Indemnización Universal".

En su sentencia, la Sala estableció que existe un mandato explícito en la Constitución de regular la indemnización por renuncia de los trabajadores permanentes; el art. 38 ord. 12° de la Carta Magna contiene un derecho fundamental a favor de los trabajadores, el cual aun no goza de protección derivada de una ley que desarrolle sus condiciones de ejercicio.

Por tanto, el comportamiento omisivo del Legislativo de expedir un cuerpo jurídico que establezca las condiciones con base en las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes una prestación económica cuando renuncien voluntariamente a su trabajo, ha sido excesivamente dilatado, dice el fallo.

Los constitucionalistas ordenaron que en la normativa que mandan a los diputados crear, establezcan las condiciones en las cuales, los patronos estarán obligados a pagar una prestación económica a sus trabajadores.

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