Largo camino hacia la aprobación de la ley

El Tribunal Supremo Electoral presentó a la Asamblea la primera propuesta de ley de partidos en 2002.

Mario Valiente, de ARENA, y Norma Guevara, del FMLN, integran la comisión electoral.

El nacimiento, estudio y posible aprobación de la Ley de Partidos Políticos significó un largo camino de discusiones, contrapropuestas y letargos en la Asamblea Legislativa, al punto que, en algunas ocasiones, las visiones partidarias sobre de este instrumento levantaban una Torre de Babel entre las distintas bancadas.

La comisión de Reformas Electorales llegó a tener al menos siete expedientes que contenían una ley de partidos políticos, pero hasta hace dos años estuvieron en el olvido de los legisladores.

El primero en presentar una iniciativa al respecto fue el Tribunal Supremo Electoral, en 2002, pero la moción no perturbó el sueño de los legisladores.

Lo que sucediera en la intimidad de los partidos políticos fue materia que no quitó la tranquilidad de la clase política; sin embargo, varios organismos internacionales comenzaron a urgir la aprobación de este instrumento como algo esencial para la vida democrática.

Después de las elecciones legislativas y municipales de enero 2009, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el país destacó la transparencia de dicho proceso, pero recomendó cambios legales que permitieran la fiscalización de los gastos de los partidos políticos y asegurar el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Incluso, la aprobación de la legislación era un componente contractual entre la Asamblea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2006, para erogarle al Congreso $3.5 millones para proyectos de modernización. Tampoco hubo acuerdo para aprobar la normativa.

Por fin, el 9 de junio de 2009, la comisión de Reformas Electorales de la Asamblea acordó iniciar el estudio de la ley de partidos.

Desde entonces comenzó a sonar con más fuerza la necesidad de contar con dicho instrumento, y fue cuando distintas organizaciones lanzaron sus propuestas.

Más adelante, en 2011, los legisladores retomaron el análisis de la normativa con base en un proyecto elaborado por la Unidad de Análisis de la Asamblea, a cargo del técnico Vinicio Peñate.

El tema, no obstante, caminó a paso de tortuga. Mientras se hablaba con más fuerza de transparencia entre las agrupaciones políticas, otras organizaciones aprovecharon el impulso para presentar sus iniciativas de ley.

Las que hicieron sus propuestas fueron el consorcio de ONG, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Aliados por la Democracia, y los mismos partidos ARENA y el FMLN.

Entonces, los legisladores decidieron hacer una matriz comparativa para determinar qué elementos podían tomar en cuenta de cada proyecto.

Más adelante, sin embargo, comenzó el nudo gordiano en la legislación: el techo en el financiamiento privado. Los partidos, entonces, entraron a una discusión sin frutos.

La propuesta del FMLN era la única que pedía la prohibición del financiamiento por parte de las empresas privadas en favor de los partidos durante las campañas.

La diputada roja, Jackeline Rivera, reiteró ayer esa aspiración de su partido: "Hay puntos en que no nos sentimos satisfechos, en los límites del financiamiento de los privados, respecto a la participación política", acotó.

Si la legislación se aprueba mañana, deberá ser analizada por el presidente Mauricio Funes para que la sancione, observe o vete.

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