Confusa venta de terreno en el Icacal

El Gobierno quiere vender 65 manzanas de terreno para que se construya un hotel de playa

Estas improvisadas banderas son la marca que delimita las 65 manzanas de terreno propiedad de Corsatur y que serían vendidas a un inversionista privado para que construya un hotel de lujo. foto edh / MIGUEL Villalta

Una improvisada bandera blanquiamarilla es la señal que delimita las 65 manzanas de terreno que la estatal Corporación de Turismo (Corsatur) tiene en el cantón El Icacal, en el municipio de Intipucá, La Unión.

Esa extensa propiedad agreste y desolada, que estuvo olvidada durante muchos años, es ahora la apuesta del Gobierno para lograr construir un complejo turístico en la zona, pero a la vez ha generado una confusa negociación de venta en la que la información es tan diversa como sus expectativas.

Para comenzar, hay un proyecto de ley que el Ministerio de Turismo entregó a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa que dice que el Gobierno quiere "vender" el terreno. Pero en Intipucá, su alcalde, Enrique Méndez, no habla de venta, sino más bien de una "concesión" de tan solo seis manzanas del inmueble, que serían entregadas a un solo inversionista.

Aunque los diputados escucharon hace un mes al ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, aún no tienen claro qué es lo que el Gobierno quiere hacer con el terreno, si venderlo, concesionarlo, arrendarlo o darlo en comodato.

Y tampoco está claro cuál será el procedimiento para la venta de la propiedad, pues el proyecto de ley establece que de eso se encargará Corsatur.

Según el ministro Duarte, se iniciaría un proceso de licitación en el que participarían las empresas que quieran establecer su hotel en la zona, pero, según la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), el mismo tiene dedicatoria para que una firma colombiana se quede con el inmueble.

Otro de los puntos que no están claros es el comprador. En septiembre del año pasado los representantes de la firma hotelera colombiana Royal Decameron aseguraron que su inversión de $12 millones estaba detenida porque el Gobierno no les agilizaba los trámites de venta de un terreno en esa zona y pidieron a la Asamblea Legislativa que agilizara este paso y que, además, aprobaran la ley de asocios público-privado, que también está en estudio en el Congreso salvadoreño.

Según el asesor del grupo, Manuel Enrique Peña, desde antes de septiembre tenían dos meses de estar en pláticas con el Gobierno para que les facilitara las condiciones de inversión. El alcalde de Intipucá, Enrique Méndez, aseguró que ha participado de esas reuniones y que en esas pláticas se ha discutido la concesión de seis manzanas de terreno para Decameron. Del resto de terreno no sabe para qué sería destinado.

Pero ahora la versión es distinta, pues el ministro Duarte dijo la semana pasada que aún andan buscando inversionistas que quieran construir un gran hotel en esas tierras. Duarte, que participa en una feria de turismo en España, dijo en una llamada telefónica desde Madrid que le ha hecho la propuesta a la firma hotelera Meliá y a otras de ese país. Días atrás había mencionado a Barceló.

Además, dijo que tras la venta del terreno, Corsatur tendría que iniciar un proceso de licitación para que las empresas interesadas puedan presentar su oferta de compra.

Pero este proceso también es confuso si te toma en cuenta que el proyecto de ley ha establecido requisitos mínimos que tendría que cumplir el comprador y que prácticamente reducen el número de participantes.

Según el plan de ley, Corsatur sólo podrá vender el terreno a un comprador que tenga más de diez años de experiencia en el segmento de turismo de playa, que maneje hoteles de playa en al menos cuatro países latinoamericanos y que inicie la construcción en un plazo mínimo de cuatro meses posterior al contrato de venta.

Con estas peticiones, prácticamente quedan excluidas de participar muchas de las firmas en el país.

La Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) expresó la semana pasada su inconformidad por la supuesta venta. El presidente de esta gremial, Roberto Calderón, dijo que si el Gobierno quiere apostar por el turismo y en específico en esa zona oriental, debería entregar en comodato estas tierras a varios inversionistas que pudieran construir más hoteles y no a uno solo, que podría desperdiciar el terreno.

Pero Duarte dijo que las condiciones del terreno no permiten que se venda a varios empresarios y que, más bien, conviene que sea vendido a uno solo.

El otro punto es que una empresa internacional también está haciendo un estudio sobre el potencial turístico de la zona. Este documento podría determinar qué tipo de negocios se necesita establecer en la zona. Para el vicepresidente de Casatur, Rafael Leret, lo mejor sería que el estudio se conozca antes de que los diputados quieran aprobar la venta del inmueble.

Los diputados de la comisión también quieren recibir a representantes de Medio Ambiente, para que les expliquen cuál sería el impacto medioambiental que podría ocasionar un proyecto como este en la zona.

Precio

El precio también es una incógnita. Ni el ministro de Turismo sabe cuánto podría valer la propiedad, pues, según él, se sabrá hasta que el Ministerio de Hacienda haga el valúo, un dato que los diputados de ARENA consideran clave para la discusión de este tema, pues el terreno, por ser del Estado, requiere de mucha transparencia a la hora de venderlo o concesionarlo.

El tiempo en el que iniciaría la obra tampoco está claro.

El síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) del cantón El Icacal, Francisco Villatoro, dijo que sabía que el proyecto comenzaría en junio, pero ahora dice que "no hay nada concreto".

Esta fecha también fue confirmada por el alcalde Méndez. Sin embargo, aún hay proyectos pendientes como la calle de acceso al terreno, que, según los pobladores, tendría que ampliarse para que facilite el traslado de los materiales de construcción.

Algunos pobladores también dijeron que la alcaldía ya le pidió a la comunidad, que administra las conexiones de agua potable, que amplíe la red y saque 500 conexiones más, supuestamente para abastecer de agua al terreno y su construcción. Este dato no fue confirmado por Villatoro.

En la Asamblea Legislativa las cosas pintan para largo, pues los diputados de la comisión no han agendado el tema desde hace dos semanas y aún esperan citar a otras personas involucradas antes de aprobar un decreto que permita la venta del terreno.