Sigue pendiente el recorte de gastos

La austeridad y focalización de subsidios no avanzan. Funes aún tiene un proyecto de recorte de gasto en su escritorio

El proyecto de sostenibilidad fiscal con el cual el Gobierno podría obtener ingresos extra por más de $280 millones camina a paso lento a pesar de que el Ministerio de Hacienda hace malabares para pagar deudas del año pasado y compromisos actuales.

El proyecto contempla un decreto de retiro voluntario, la focalización de los subsidios, la reducción del subsidio al transporte público, el congelamiento del 10 % de los bienes y servicios del Estado, la restricción de provisiones y el ajuste al 6 % del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

También plantea reducir del 40 % al 20 % la emisión de Letras del Tesoro (Letes o deuda a corto plazo) y una reforma de pensiones.

Pero de todas esas medidas, sólo se ha concretado el decreto para retiro voluntario de pensionados, que fue aprobado el jueves en la plenaria de la Asamblea Legislativa y con el cual se espera un ahorro de $17 millones. Eso, si todos los empleados jubilados o en proceso decidieran retirarse pues tal como lo dice el decreto es un retiro "voluntario".

El resto sigue en espera. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo el lunes en la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa que el decreto de austeridad está sobre el escritorio del Presidente y "creo que lo va a firmar de un momento a otro".

La consultora GyZ, que está elaborando el proyecto de sostenibilidad fiscal apenas y ha presentado un borrador del proyecto, que según los economistas, urge.

Mientras tanto, el Gobierno hace todo tipo de ecuaciones para repartir en diferentes gastos los $800 millones en eurobonos que obtuvo el año pasado.

De ahí piensa pagar las deudas que arrastra del año pasado, como los $19 millones que se adeudan al sector transporte en concepto de subsidio.

Y de ahí pretenden financiar $40 millones para las elecciones presidenciales y otros $26 para pagar subsidios al gas propano que no fueron contemplados en el presupuesto de 2013.

Eso a pesar de que el compromiso que el Gobierno adquirió con los diputados, el año pasado, fue no usar esos recursos para gasto corriente.

El resto ($315 millones) será utilizado para pagar Letras del Tesoro ya emitidas y que a la fecha suman más de $800 millones.

Urge acuerdo fiscal

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde) coinciden en que es urgente que el Gobierno eche andar de una vez el proyecto de sostenibilidad fiscal pues si no lo hace ahora, no podrá alcanzar la meta del déficit fiscal del 2.7 % que se ha propuesto cumplir este año.

En un memorándum ejecutivo, Fusades expuso que si el país no cumple con este acuerdo corre el riesgo de perder su credibilidad frente a inversionistas locales y extranjero, organismos internacionales y calificadoras de riesgo, que de hecho, ya bajaron la nota crediticia al país en los últimos años.

El tanque de pensamiento también advierte de que si no se aprueba este proyecto, se afectará aún más la estabilidad macroeconómica y se afectará el crecimiento económico nacional.

Otro de los riesgos sería el encarecimiento de su financiamiento en el mercado bursátil, pues mientras el país tenga una débil situación fiscal la prima de riesgo seguirá aumentando y elevando las tasas de interés.

Según datos de la corporación multinacional de medios Bloomberg, mientras El Salvador colocó los bonos a una tasa del 5.8 % a 12 años plazo, Costa Rica los colocó a 4.25 %. Si el país hubiese colocado sus bonos a una tasa igual se hubiera ahorrado $13 millones anuales en intereses, según cita Fusades en su memorándum.

Según la Fundación, es urgente que el Gobierno presente un nuevo plan de ingresos y gastos para este año considerando la meta del 2.7 % del PIB y que, además, implemente desde ya una efectiva política de austeridad que disminuya el gasto público.

Funde también recalcó esta semana que aunque el presupuesto es ahora más transparente que en años pasados, sigue presentando serias deficiencias como el hecho de presentar un plan de gastos incompleto, que no contempla la totalidad de lo que se destinará en algunos rubros, por lo que estos se van modificando a medida que pasa el año.

Una encuesta elaborada por International Budget Partnership, divulgada el jueves por Funde, indica que no hay una auditoría de los presupuestos nacionales ni evaluaciones de su ejecución a mitad del año.

El desequilibrio fiscal que el Gobierno ha tenido en los últimos años le valió la suspensión del acuerdo precautorio por $780 millones que había firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).