El oficial Luis Arturo Herrera López, ex jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el oficial José Korki López Arreaga, y a los agentes José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, también de la DINC, fueron asesinados en torno de las 4:00 p.m. en medio de disturbios en la prisión que incluyeron un corte de energía, según se informó.
Los agentes fueron degollados y rematados a tiros, según se dijo.
Anoche había mucho hermetismo, pero trascendieron dos versiones de los hechos en el reclusorio El Boquerón, en el municipio de Cuilapa, 70 kilómetros al occidente de Ciudad Guatemala.
La primera hablaba de que un comando no identificado ingresó al reclusorio, mató a un costodio y asesinó a los detectives.
Tres de los sujetos habrían entrado entre los visitantes, en tanto que otros tres se colaron en un tumulto que se formó cuando guardias penitenciarios evacuaron de los visitantes con el pretexto de que habría una requisa, ya que tenían información sobre un posible intento de fuego. Luego vieron que entraron dos autos con vidrios polarizados y tres sujetos adelante iban a pie, uno de ellos con una mochila. En seguida hubo un corte de energía y se produjeron los crímenes. Todo comenzó a las 3:00 de la tarde.
No obstante, por la noche un grupo de pandilleros se atribuyó las muertes bajo el argumento de que "no quieren a ese tipo de gente dentro penal, porque ellos se encargaban de limpiar las calles", refiriéndose a que los capturaban.
Otros mareros tomaron como rehenes al director de la prisión, Vladimir Russo, y a cuatro custodios, para garantizar "que no se tomaran represalias contra ellos" y asegurando que no participaron en el crimen.
Familiares de las víctimas denunciaron que fueron investigadores de la misma DINC quienes los mataron.
Los cuatro policías asesinados estaban acusados de matar a los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Eduardo d'Aubuisson, William Pichinte, José Ramón González y al chofer Gerardo Napoleón Ramírez, el pasado lunes 19, en el cantón Las Conchas, la aldea de El Jocotillo, en el municipio de Villa Canales.
Al cierre de esta edición (12:00 de la noche), 400 antimotines habían comenzado a tomar posiciones en la prisión y un custodio al parecer había sido liberado. La Procuraduría de los Derechos Humanos negociaba con los mareros.
Los agentes estaban desde el pasado viernes a la orden del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, que determinó que había suficientes evidencias que torturaron y quemaron vivos a los funcionarios y posteriormente los mataron a balazos.
Un cambio errado
Los policías fueron llevados a esa prisión, ocupada en su mayoría por pandilleros de la peligrosa Mara Salvatrucha, pues el abogado de éstos dijo que su vida corría peligro en un penal de detención preventiva de la capital.
El director del sistema penitenciario, Víctor Hugo Rosales, confirmó que el cambio obedeció a la falta de seguridad en el recinto de la Zona 18.
"Hay demasiada población reclusa en el preventivo y necesitamos tenerlos más aislados para evitar a que sean eliminados o que se quiten la vida", dijo Rosales.
En el penal preventivo hay mil 600 reclusos mientras que en la penitenciaría de El Boquerón sólo 300 internos.
Pero, periodistas consultados advirtieron que El Boquerón es uno de los más peligrosos y ahí están detenidos todo tipo de delincuentes y pandilleros.
Rosales aseveró que los cuatro policías estaban en una celda aislada para evitar que tuvieran contacto con el resto de reos.
Depuración en ciernes
El asesinato de los policías se produce un día después que el presidente de Guatemala, Óscar Berger, anunció que iniciaría una depuración en la fuerza pública de su país, en un momento en que 600 agentes tienen expedientes abiertos por diversas faltas.
Berger dijo que los altos mandos de la Policía serán sometidos a la prueba del polígrafo, incluyendo, "de ser necesario", al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann.
Con ello, indicó, se inicia una "inminente depuración de algunos policías muy malos" que forman parte de la institución y que estarían vinculados a hechos criminales.
Para las autoridades salvadoreñas, los asesinos de estos policías quieren cerrar a toda costa una caja de Pandora de corrupción en el vecino país (ver nota aparte).
El fiscal Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad del Ministerio Público de El Salvador contra el Crimen Organizado, recordó que los policías incriminados no habían declarado judicialmente, por lo cual esto puede afectar las investigaciones y el proceso.
"No habían declarado y eso se convierte en obstáculo porque eran posibles fuentes de información", razonó.
Para Delgado, quien ha participado como observador en las investigaciones sobre el asesinato de los diputados en Guatemala, "todo esto es un indicador grave de lo vulnerable que es el sistema penitenciario en Guatemala... se supone que si los trasladan de una cárcel preventiva a un penal de máxima seguridad era para mantenerlos resguardados, lamentó.
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