"Lo que yo quiero es que se haga justicia. Necesito que la gente sepa lo que pasó y que él pague por lo que hizo", dijo entre lágrimas Liliana Cecilia López Méndez, una de las víctimas.
Según narró la señora Mariana Méndez de López, madre de la víctima, "el policía entró violentamente a la casa. Cuando le preguntamos por qué lo hacía sin tener una orden de allanamiento, respondió que podía hacerlo cuando él quisiera".
"Se llevó golpeando a mis dos hijos para la delegación y allá los esposó a un pilar de cemento", agregó De López.
"La pena queda para cinco años de prisión y al mismo tiempo lo inhabilitará (a Guevara) del cargo policial", añadió la fiscal Marilú de Martínez.
Las fiscales presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales para acusar a Guevara.
Sin embargo, la defensa les restó valor. "Las pruebas que presentaron fueron mínimas para probar los delitos", agregó el abogado René Medrano.
A la sala del tribunal se hizo presente José Elí Callejas, representante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), quien acompañaba el caso del acusado.
"Toda la cúpula policial debería tener un control más estricto sobre sus elementos para evitar este tipo de situaciones, y tomando en cuenta que desde el momento en que andan armados son superiores a cualquier otro ser humano", reflexionó.
El director de la policía, Rodrigo Ávila, se ha quejado de que no tiene suficientes armas legales para depurar la fuerza pública.
El tribunal decidió que el delito de amenaza fuera cambiado por el de actos autoritarios, y el de lesiones agravadas fue modificado al de lesiones.
Guevara cumplirá su sentencia en el Centro Penitenciario de Metapán, en Santa Ana.
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