Sin respaldo científico

Ministerio de salud fabricó informe de plomo

» La más importante prueba científica que tiene el Estado en el caso contra Baterías de El Salvador es falsa: la autoría del estudio de mayo de 2006, que presume probar que Record contaminó el medio ambiente, ha sido desmentida y sus resultados han sido descalificados debido a sus graves errores

La piedra angular del caso del Estado en contra de Baterías de El Salvador, un informe de mayo de 2006 sobre contaminación de plomo en Sitio del Niño, fue desmentido por la misma institución del gobierno de los Estados Unidos que el Ministerio de Salud asegura que lo respalda: el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta (CDC).

Manuel Rodríguez, un científico del CDC, confirmó haber estado en El Salvador en diciembre de 2005, pero asegura que ni él ni los otros miembros de su equipo participaron en los análisis de contaminación o en las conclusiones del informe.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha sostenido que el CDC apoyó y acreditó el estudio científico que fundamenta el "Informe Final de Investigación de Contaminación de plomo en niños de 2 a 10 años en dos lotificaciones y en trabajadores de fábrica de baterías", realizado entre julio de 2005 y febrero de 2006.

El informe en cuestión sostiene que Baterías de El Salvador contaminó el suelo, el aire y los mantos acuíferos de Sitio del Niño, San Juan Opico, y que era, por lo tanto, responsable de la presencia de plomo en la sangre de los trabajadores de Record y de los niños que vivían en los alrededores.

Por la contundencia de sus resultados, este informe es también la principal prueba científica de la Fiscalía General de la República en el caso de contaminación ambiental contra Baterías de El Salvador.

Debido a que el Ministerio de Salud clausuró las operaciones industriales de Record y confiscó sus instalaciones el 24 de septiembre de 2007, ya no es posible investigar si las emisiones de la planta de fundición violan medidas de seguridad.

Por lo tanto, el "Informe Final", que se suponía había sido validado por la contribución científica del CDC, es la prueba crucial que tiene la Fiscalía para sostener que más de 600 personas fueron afectadas por los efectos de la contaminación.

Sin embargo, al corroborar las revelaciones de Rodríguez con la documentación que el propio ministerio mantuvo durante el periodo de la investigación, se hace evidente que los principales hallazgos del informe son falsos.

"Dada la potencial magnitud de los errores, estamos muy preocupados de que resultados incorrectos hayan sido o vayan a ser reportados", le advirtió el CDC al viceministro de Salud Ernesto Navarro el 4 de octubre de 2006 en una carta oficial.

Contrario a todo lo que el ministerio difundió, el CDC nunca consideró que los resultados demostraban "contaminación de plomo en niños y en trabajadores".

Para los científicos del CDC, los resultados que aparecen en el informe son "normales a muy leves", y es por esta razón, precisamente, que los "extremadamente altos" resultados de contaminación ambiental les parecieron "imposibles".

"Creemos que los resultados indican una significativa sobreestimación de las exposiciones al plomo. Nos preocupa porque estos errores podrían llevar a decisiones inaceptables con respecto a la magnitud del riesgo", escribió el CDC.

Esta reveladora carta fue firmada por Víctor Cáceres, coordinador para Centroamérica de la Oficina de Salud Global del CDC y por los tres científicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) que visitaron El Salvador en diciembre de 2005, Aaron Sussel y Kevin Ashley, además de Rodríguez.

El viceministro Navarro no fue el único que recibió la carta. Todos los responsables del informe recibieron una copia, los doctores: Roberto Rivas, director de Regulación; Mario Serpas, director de Control y Vigilancia Epidemiológica; Lilian Cruz, coordinadora de la Unidad Nacional de Epidemiología; Orbelina de Palma, coordinadora de la Unidad Nacional de Investigación y Epidemiología de Campo; y Guadalupe Guzmán, jefe del Laboratorio Central.

"Basado en ese informe, o en gran parte de él, el Ministerio de Salud justificó el cierre de la fábrica. Entonces, ¿frente a qué estamos? Fraude procesal y ocultamiento", opinó Henry Fino, procurador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

Para llegar a la conclusión de que Record había causado daños ambientales, el Ministerio de Salud omitió pruebas que libraban de culpa a la empresa e incluyó resultados cuya validez científica fue oportunamente cuestionada por los científicos del CDC.

Esto significa que el Ministerio de Salud nunca tuvo la justificación científica para imponer las 18 recomendaciones que la empresa se vio obligada a cumplir desde julio de 2006, bajo amenaza de sanciones.

"Que se alteren datos o resultados con el objeto de perjudicar a una persona es eminentemente doloso (con conocimiento e intención), y se castiga con 10 años de cárcel", señaló Miguel Girón, representante legal de Baterías de El Salvador.

Errores de cálculo

De acuerdo con Rodríguez, el Ministerio de Salud le envió al CDC sumarios de los resultados de las muestras de aire, superficie y suelo en marzo y en mayo de 2006. En ambas ocasiones, el CDC los cuestionó.

"Dado que el resumen de los resultados (de marzo, 2006) sugerían niveles de plomo mucho más elevados de lo que habíamos anticipado, basados en nuestra experiencia con la toma de muestras y análisis en muchos entornos distintos, el equipo del NIOSH ofreció revisar los datos originales y asistir en su análisis e interpretación. Sin embargo, el apoyo del NIOSH no se buscó más en ese momento", relató Rodríguez.

Cuando el CDC recibió los mismos resultados por segunda vez en mayo, el equipo del NIOSH se comunicó con el viceministro de Salud Ernesto Navarro para ofrecerle de nuevo su apoyo científico, pero él rechazó las ofertas de apoyo.

"Más tarde (octubre, 2006) reiteramos nuestras preocupaciones acerca de posibles errores analíticos y/o de cálculo en los resultados de las muestras ambientales, y le ofrecimos nuestro apoyo al viceministro de Salud", confirmó Rodríguez.

Según el especialista del CDC, el viceministro les dijo que "el estudio había sido completado, y que el informe incluía muestras de aire, suelo y superficie distintos de los que se habían recolectado durante nuestra visita, y que los resultados habían sido comparados y validados por un laboratorio externo".

En realidad, los análisis de plomo en aire y suelo contenidos en el "Informe Final" sólo hacen uso de los resultados que el NIOSH había cuestionado, los mismos que fueron recolectados durante su visita a El Salvador, tal y como lo establecen los documentos del laboratorio y como lo afirma el informe en sí.

Por lo demás, estos resultados nunca fueron comparados ni validados por un laboratorio externo. De hecho, en el informe se aclara que sólo se usó el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, y los documentos de laboratorio en los expedientes del ministerio así lo confirman.

"Hasta que la calidad de los datos pueda ser resuelta, respetuosamente solicitamos que los empleados del CDC no sean identificados como colaboradores en ninguna publicación o presentación", pidió el CDC en la carta del 4 de octubre de 2006.

El ministro de Salud, Guillermo Maza, reaccionó haciendo todo lo contrario.

A partir del 28 de noviembre de 2006, con una carta a la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Maza promovió la idea de que los científicos del CDC no sólo apoyaron la investigación, sino que participaron en ella "en calidad de Observadores Internacionales".

Las pruebas de agua y sangre les fueron atribuidas a ellos, aunque fueron recolectadas y analizadas por técnicos del ministerio en septiembre y octubre de 2005, dos meses antes de la visita del CDC.

Un reportaje de prensa publicado en abril de 2007, incluso, cuenta el momento en que el CDC "descubre" a Angélica Gómez Carrillo, la primera niña en ser hospitalizada por un alto nivel de plomo, pero a quien los científicos nunca conocieron.

"En ningún momento participaron empleados del NIOSH en la recolección de muestras de sangre", subrayó Rodríguez.

Discrepancias

"Dado que no se nos suministró con todos los resultados de las muestras y no sabemos si habían otras fuentes de contaminación en la comunidad, no podemos comentar sobre el grado de contaminación por plomo en las comunidades vecinas a la planta de baterías", informó Rodríguez.

El Ministerio de Salud incluyó a una epidemióloga del CDC, Gloria Suárez, entre los autores del informe, pero según Rodríguez, ninguno de ellos tuvo acceso a la información necesaria para evaluar la existencia de riesgos ambientales.

"El equipo del NIOSH y la asesora del CDC no participaron en la interpretación de los resultados o en la preparación del informe, y ni el NIOSH ni el CDC recibieron un borrador del informe para su evaluación", aseveró.

Las declaraciones de Rodríguez no sólo desmienten la supuesta autoría o apoyo del CDC en la formulación de las conclusiones del "Informe Final", también descalifican los resultados científicos en que éste se basa, y no sólo por el cuestionamiento explícito de los análisis y resultados.

Una simple constatación de las fechas en que el NIOSH estuvo en El Salvador establece que los análisis incluidos en el "Informe Final" fueron formulados antes de que existieran en el país las capacidades técnicas para evaluar contaminación con plomo de manera competente.

"De establecerse una manipulación de la información obtenida de los análisis e investigaciones efectuadas por el Ministerio de Salud, ello daría parte a una demanda por fraude procesal", afirmó Girón, en nombre de Baterías de El Salvador.

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