Problemas en cárcel de San Diego donde alojan indocumentados

Por razones prácticas y burocráticas, los 850 detenidos suelen permanecer meses, incluso años. Como resultado, no hay espacio para alojar a los recién llegados.

Publicada 1 de julio 2005 , El Diario de Hoy

Mayoría. Los centroamericanos conforman el grupo más numeroso de internos. Foto EDH

Agencias
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Para entender por qué extranjeros indocumentados oriundos de otros países que no sean México salen con frecuencia en libertad luego de haber sido detenidos tras cruzar la frontera, basta observar el embotellamiento en la cárcel de San Diego, donde son alojados inmigrantes ilegales.

Entre los residentes veteranos hay un polaco de 48 años que está encerrado desde noviembre del 2000 y quien se niega a firmar un documento que lo pondría en el primer avión disponible rumbo a su país.

Las autoridades prácticamente han abandonado las esperanzas de deportarlo.

Un chino de 22 años de edad detenido desde diciembre no quiere llenar formularios que el gobierno de Pekín exige para cualquiera que es deportado.

Un oriundo de Tonga ha esperado cuatro meses para que su gobierno envíe documentos de viaje que prometió hace mucho.

Incluso aquellos sin excesivos problemas para retornar a sus países: guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, deben permanecer en la cárcel entre dos y tres semanas.

Funcionarios estadounidenses deben sortear obstáculos legales y logísticos para deportar a quienes no son mexicanos.

En ocasiones, necesitan realizar prolongadas negociaciones con gobiernos extranjeros y con aerolíneas. La consecuencia: los agentes de la Patrulla Fronteriza ponen en libertad a muchos de los no mexicanos que capturan.

Con sólo 19.444 camas a nivel nacional, los funcionarios de cárceles para alojar indocumentados son muy quisquillosos a la hora de determinar a quienes aceptan entre rejas.

De acuerdo a pautas federales, cualquier persona que tenga un prontuario de crímenes violentos, incluido homicidio y violación, debe ser encarcelado.

Aquellos ciudadanos de unos 35 países considerados de ``especial interés'', y que se presume están vinculados al terrorismo, también son observados con atención.

Los mexicanos, que constituyen un 94 por ciento de los 1,1 millones de arrestados por la Patrulla Fronteriza el año pasado, en muy escasas ocasiones van a la cárcel, a menos hayan cometido crímenes y sean reincidentes. Por lo general, se les toman las huellas digitales y de inmediato se los envía de retorno a México en un autobús.

Pero los no mexicanos figuraron encarcelados un promedio de 89 días el año pasado, dijo Wesley Lee, director interino de operativos de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas.

En declaraciones ante un panel del Senado, en junio, Lee señaló que en un intento por reducir la cifra de no mexicanos puestos en libertad, la Patrulla Fronteriza introdujo un procedimiento de ``aceleración del traslado''.

Ese procedimiento permite a las autoridades deportar personas sin que sean presentadas ante un juez de inmigración. De acuerdo a ese programa, los no mexicanos estuvieron detenidos un promedio de 32 días.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha reducido drásticamente la posibilidad de mantener detenidos de manera indefinida. En el 2001 dictaminó que deben ser puestos en libertad si la deportación ``no es más razonablemente previsible''.

En San Diego, las autoridades de la cárcel de inmigración han deportado este año inmigrantes ilegales de 65 países, casi todos ellos cuando cruzaron la frontera por tierra rumbo a California.

La cárcel es una de las más concurridas del país. Allí se alojaron 12.878 de los 161.676 indocumentados que fueron deportados el año pasado. La cárcel está situada a un kilómetro y medio de la frontera con México.

Apenas nueve funcionarios encargados de tareas de deportación son asignados para arreglar el viaje de regreso de los inmigrantes ilegales.

Su tarea consiste en negociar con funcionarios consulares para obtener documentos de viaje y arreglar el viaje de regreso en vuelos comerciales o del gobierno de Estados Unidos.

Todos ellos son ``muy viajados''. Uno viajó a China en abril para acompañar a un detenido en un vuelo comercial. Otro viajó al Líbano en tres ocasiones.

La funcionaria de deportación Yadira Avalos debe encargarse de algunos de los casos más difíciles, entre ellos cubanos, vietnamitas y de otros países cuyos gobiernos no tienen relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos.

Uno de sus casos es el de un preso chino que se niega a llenar un cuestionario donde se le pregunta por perspectivas de trabajo y familia en los Estados Unidos. ``El cree que si no coopera, no estaremos en condiciones de deportarlo'', dijo Avalos, quien continuará recomendando a sus superiores que el chino permanezca en la cárcel.

El funcionario de deportación Ken Smith se encarga de los presos centroamericanos. En algunos casos, funcionarios de sus gobiernos insisten en reunirse con ellos antes de emitir documentos de viaje. El gobierno hondureño, en un proyecto destinado a acelerar deportaciones, aceptó entrevistar personas en videoconferencias.

Hace poco, Smith se reunió con un funcionario del consulado de Guatemala en Los Angeles, que llegó a la cárcel para entrevistar a 31 detenidos.

``Me siento agotado'', dijo el vice cónsul Milton Alvarez, y señaló que venía de entrevistar a 120 detenidos durante varios días que pasó en Arizona.