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La intoxicación masiva cobró
en solo diez días la vida de más de cien personas, principalmente
de Ilobasco, San Vicente, La Paz y Chalatenango.
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El decreto no abarcó
la cerveza, el vino, la champaña y la sidra, ni incluyó la
venta de licores en los supermercados, bares, restaurantes y tiendas que
estuvieran debidamente legalizadas por las alcaldías. En caso de encontrar productos adulterados con sustancias nocivas (metanol) se impondrían multas de entre 10 mil y cien mil colones. Autoridades del Ministerio de Salud y de la Fiscalía procedieron al decomiso de alcohol con nombres tan populares como “Alcoholín”, “Coche bomba” o “Trueno” de los expendios y las farmacias y se capturó a tres mujeres que se dedicaban a venderlo de forma clandestina. Sin embargo, días después fueron liberadas porque se determinó que ellas no sabían lo que hacían. La ley de emergencia también pasó sin pena ni gloria. Fuentes de la División de Investigación Criminal de la policía aseguraron en declaraciones vertidas a EL DIARIO DE HOY, el pasado 30 de noviembre, que había suficientes indicios para proceder a las capturas de los verdaderos responsables. Entre las evidencias están los testimonios de los distribuidores y los propietarios de farmacias que señalan a las empresas Central de Licores y Químicas Aliadas como los proveedores de alcohol en la zonas donde se dieron las intoxicaciones. Las investigaciones de la policía señalan que ambas empresas evadieron cerca de diez millones de colones en impuestos, lo que motivó al allanamiento cuando la tragedia apenas comenzaba. Ambas empresas fueron cerradas por el propio representante legal de éstas, quien mientras se desataba el escándalo viajó a Tegucigalpa, Honduras. No se sabe si está en el país. Decenas de empleados fueron despedidos sin ninguna justificación ni indemnización, porque para colmo las empresas tenían fuertes deudas bancarias. Lo único que se sabe es que la Fiscalía recogió muestras de alcohol en estas destiladoras para mandarlas a laboratorios especializados y determinar si estaban adulteradas con metanol. Todavía no se han dado resultados al respecto. Asimismo el Ministerio de Salud tiene hasta marzo del próximo año para realizar un inventario y registrar a los compradores y el uso que den al alcohol que importen. |
Mientras se prosigue con las investigaciones y se deducen las responsabilidades, decenas de niños y niñas han quedado huérfanos y sumidos en mayor pobreza. No todos eran hijos de ebrios consuetudinarios ni vagos de la calle, sino de hombres que luego de extenuantes jornadas de trabajo decidieron consumir unos tragos, que les arrancaron de manera dramática la vida. Más de cien personas murieron durante los últimos meses del año a causa de alcohol adulterado. Hasta el momento no se sabe dónde pudo haberse originado la contaminación del alcohol. Varias de las familias afectadas proyectan presentar una denuncia contra el Estado, debido a que es el que autoriza la instalación de cantinas en las ciudades y que, por ende, promueve el acceso a las bebidas emb riagantes a las capas más pobres del país: campesinos y obreros. |
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