El terremoto del 10 de octubre de 1986 dejó 1,500 muertos y 60 mil casas destruidas. En 1998, la tormenta tropical Mitch dejó 239 muertos, 20 desaparecidos y 85 mil damnificados; el pasado terremoto del 13 de enero contabiliza hasta el momento más de 726 muertos y más de un millón de damnificados —según datos del Comité de Emergencia Nacional (COEN) hasta el 23 de enero—. Cada uno de estos eventos deja en evidencia que los salvadoreños no aprenden las lecciones y que no toman en serio la prevención de desastres.
Esto demuestra que existe un alto grado de ignorancia sobre el manejo de los riesgos potenciales que conducen a desgracias de gran magnitud, a pesar de que la historia ha comprobado que El Salvador es un país propenso a diferentes fenómenos naturales, tales como terremotos, inundaciones, sequías y deslaves, que al combinarlos con la vulnerabilidad se convierten en verdaderos desastres.
Ejemplos de esa vulnerabilidad son la tala de árboles en la base de la Cordillera del Bálsamo, lo que propicia los deslaves o derrumbes; también están los asentamientos humanos en riberas de ríos o laderas, la construcción de viviendas y edificios con materiales de mala calidad a expensas de ahorrar dinero, asimismo está el poco interés de las instituciones o de la población para prevenir un desastre.
Los ecólogos identifican tres variables que están presentes en los desastres: la pobreza en la mayoría de la población, la depredación ambiental y la inadecuada concentración poblacional.
Al mismo tiempo, las características propias del subdesarrollo salvadoreño han hecho que el tema de la prevención sea considerado como un aspecto irrelevante, frente a necesidades apremiantes del país en las áreas de salud, educación e inversión pública.
Sin embargo, esa misma dejadez en cuanto a la prevención de desastres tiene como resultado las altas cifras de fallecidos y damnificados cada vez que se sufre una tragedia.

Propuesta echada al olvido

Después de la desgracia que causó el Mitch, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) realizó la propuesta de la “Ley de prevención y mitigación de desastres y de protección civil”, debido principalmente a la necesidad de contar con un instrumento legal que responda a las necesidades de la sociedad salvadoreña en materia de desastres que periódicamente la afectan.
Es así como el 5 de junio de 2000, la UNES entregó el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa; no obstante, hasta el momento esa propuesta ni siquiera ha sido discutida por el pleno.

Ante las posibilidades de que la propuesta pueda recibir muchos achaques, el director de la UNES, doctor Ángel Ibarra, sostiene que “nosotros defendemos esta ley con el más pintado de los asesores, de aquí o de donde lo traigan... Lo que nosotros proponemos es que trabajemos todo el país, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de oriente, los de occidente; trabajemos para prevenir los desastres y para mitigar su impacto.
Ya estamos viendo que los desastres aunque afectan mayormente a los pobres, ya están, por su magnitud, están dejando de afectar sólo a ellos; mucha de la gente de la que quedó soterrada no son estrictamente pobres, son profesionales, de clase media.
Pero qué es lo que dicen los señores del COEN: que los desastres no se pueden prevenir.
El problema de los que conducen este país es la ignorancia... pero dado que vivimos en este país tan amenazado, lo que podemos prevenir es la vulnerabilidad, y si lo principal es la destrucción ambiental, entonces hay que trabajar para proteger el medio ambiente; y si es la pobreza, entonces ésta debe combatirse”.

El letargo institucional

El aplazamiento de una normativa para prevenir los desastres nos deja en desventaja con otros países de la región que ya la tienen, como Costa Rica, República Dominicana, Cuba y México; pero lo que es peor, nos deja en desventaja contra los fenómenos naturales que luego se convierten en tragedias humanas.
El gobierno no sólo ha dejado de lado la propuesta de la UNES, también se ha olvidado del Plan de Reducción de Desastres que surgió como una iniciativa del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y que fue ratificado por el El Salvador en 1993.
De igual forma se ha desatendido del plan “Transformando El Salvador para reducir su vulnerabilidad”, presentado el 27 de mayo de 1999, por el ex-vicepresidente Enrique Borgo Bustamante al Grupo Consultivo para Centroamérica, en Estocolmo, Suecia. En dicho plan participó el Foro de la Sociedad Civil, del que forma parte la UNES, y fue realizado bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, el gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con el COEN, ya debería tener el Plan Nacional de Prevención y Contigencia; no obstante, este plan no se conoce ni se sabe si ya está realizado.
El resultado de la falta de responsabilidad con los diferentes planes y la no aprobación de la propuesta de la UNES, es que los salvadoreños no tienen un mecanismo idóneo para prevenir los desastres, ni gente preparada para rescates, a excepción de la Brigada de Búsqueda y Rescate en Espacios Colapsados (BREC). Y lo que es peor, no cuenta con equipo necesario de rescate ni tiene estructurado un proyecto de simulacros periódicos para inundaciones y terremotos para las zonas que más perjudicadas salen con estos fenómenos.
Además, a la hora de atender una emergencia no existe una planificación que marque la guía para realizar rescates, atender damnificados y canalizar la ayuda nacional y extranjera, por lo que cae en la desorganización y la lentitud a la hora de atender emergencias y damnificados.
Bajo esta situación, ¿será necesario otro desastre provocado por algún fenómeno natural conjugado con la vulnerabilidad, para que sea tomada en cuenta la prevención que tanto piden los ecologistas?

La propuesta de Ley en breve

Entre los puntos importantes que contempla esta propuesta de ley están:

1. La Ley de Prevención y Mitigación de Desastres y de Protección Civil tiene como finalidad prevenir y mitigar en forma efectiva los desastres naturales en el país, y además desplegar en su eventualidad, el servicio público de la protección civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la integridad física de las personas, así como la seguridad de sus bienes y los públicos.

2. Constituir el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres y de Protección Civil, determinar sus objetivos e integrantes. Definir los atributos o facultades de los organismos integrantes del Sistema; determinar los elementos del Plan Nacional de Prevención; establecer el Fondo Nacional para la Prevención y Mitigación de Desastres.

3. Elaborar y coordinar planes y acciones para educar e informar a la población sobre la necesidad de prevenir adecuadamente ante el evento de posibles desastres de cualquier naturaleza.

4. Diseñar e implementar planes de protección civil para responder ante el evento de un desastre de cualquier naturaleza, procurando mitigar sus daños o reducir sus impactos.

5. Elaborar planes de atención de las emergencias en el ámbito nacional y planes de contigencia en el caso de eventos específicos o de masas o de otra situación que lo amerite por el peligro eventual que pueda derivarse para las personas participantes o a la comunidad.

6. Elaborar y actualizar periódicamente una guía sísmica para la construcción, debiendo tomar en cuenta la opinión o los estudios que al respecto realice el Consejo Asesor.

7. Los planes de desarrollo industrial, urbanístico, turístico o de otra índole en que se pueda comprometer de alguna forma la seguridad de las personas o de sus bienes, realizados por personas privadas o por el gobierno, deberán tomar en cuenta necesariamente los elementos que disminuyan tal riesgo a través de estudios específicos de previsión que comprendan las medidas preventivas eventuales. Este estudio es un requisito para que la autoridad administrativa correspondiente y las municipalidades otorguen el permiso de construcción, y deberá ser otorgado por la Dirección General de Prevención y Mitigación de Desastres.