En una habitación de piso de tierra y paredes de lodo, húmeda y de no más de cinco metros cuadrados conviven diez miembros de una familia: Rosa, sus padres, su esposo José, sus hijos Yamileth, José y Dora, y sus tres hermanos menores.
Ellos habitan en el caserío Vado Ancho en Morazán, uno de los dos departamentos más pobres del país, según estudios de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Los Guevara no sólo viven hacinados, sino que perciben ingresos mensuales tan bajos que ni siquiera pueden pagar la canasta básica alimentaria, es decir su comida diaria.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, realizada por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos en 1998, la canasta básica rural de alimentos tenía un valor promedio de 900 colones.
Sin embargo, José y Bisberto, los dos hombres de la familia Guevara, reciben entre 20 y 25 colones diarios cada uno, cuando hay jornada, es decir cuando consiguen trabajo limpiando milpas ajenas o sembrando maíz (según la época). Con este dinero deben mantener a los otros ocho miembros de la familia.
“Con lo que gana apenas alcanzamos para los frijolitos. Ni siquiera zapatos les he comprado a los niños este año. Solo para la comidita vamos sacando”, dice Rosa, mirando los pies descalzos de sus dos hijas mayores.
La miseria es tal que los hijos de Rosa nunca han probado la leche, ni siquiera la materna porque ella nunca la produjo. Comer carne, cereales o frutas también es un lujo para este hogar.
La vivienda, además de pobre, no cuenta con servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, al igual que las otras 16 viviendas que componen el caserío.
Y es que en las áreas rurales, según investigaciones de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), un 80% de las viviendas no posee agua y sólo cinco de cada diez cuentan con energía. Tampoco se cuenta con servicios sanitarios (al igual que en siete de cada diez viviendas del campo); sus habitantes se han acostumbrado a hacer sus necesidades fisiológicas donde sea.
Esto se agrava, no sólo por la falta de servicios como agua, sino porque en Vado Ancho viven no menos de 75 niños y niñas que según sus propios padres a menudo sufren de diarrea y parasitismo.
Según el “Libro Verde” de FUSADES, al menos unos doce mil niños y niñas salvadoreños mueren cada año víctimas de este tipo de enfermedades.
Si bien el Ministerio de Salud ha nombrado una promotora de salud para Vado Ancho, cuya función debería ser asistir a los posibles enfermos y remitirlos a las clínicas más cercanas y vacunar a los niños, entre otras tareas, ella ha sido vista apenas en tres ocasiones en lo que va de este año, y en sus visitas lo único que ha hecho es tomar notas.
La posibilidad de contar con una clínica en el caserío es una utopía, sobre todo porque la zona es ex-conflictiva y el único acceso es a pie y atravesando accidentados caminos.

Los hijos de Rosa, como el resto de los niños vecinos, la mayoría en edad escolar, tampoco tienen acceso a educación. En Vado Ancho no hay escuela, la única que existe está ubicada a unos cinco kilómetros, y quienes asisten a ella deben caminar al menos hora y media por veredas.

Lo peor de todo es que apenas sirve hasta el cuarto grado. La posibilidad de seguir estudiando se cierra para estos niños e impide que en el futuro, ellos y sus familias salgan de la miseria en que viven.
Al respecto, la ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, aseguró que al menos 13.7 de los 88 millones de colones que el Banco Mundial otorgó en calidad de préstamo al ministerio en junio pasado servirán para crear más escuelas y grados en áreas rurales.

Escasos esfuerzos

Los habitantes de las áreas rurales son los más pobres del país. Investigaciones de FUNDE apuntan a que seis de cada diez hogares pobres están ubicados en el campo, donde la cobertura en educación y salud es casi inexistente y los esfuerzos por instaurar programas en estas zonas apenas comienzan a arrojar tímidos resultados.
En 1998, según FUNDE, apenas un 12% de los habitantes rurales accedió a servicios médicos del sistema nacional de salud.
En cobertura educativa, si bien se amplió en los últimos años, todavía la tasa de analfabetismo alcanza el 31% en el campo y la tasa de escolaridad es del 19.5%.
Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el ingreso per cápita (por persona) en las áreas urbanas es tres veces mayor que en las áreas rurales.
A pesar de que el actual gobierno se comprometió a aumentar el gasto público a un 50% del Presupuesto General de la Nación para 1999, lo asignado fue de 26.6%. Los rubros contra la violencia y la delincuencia aumentaron de un 19.7% a un 22.5%.
Educación, por su parte, apenas recibió un 16.4% del total del presupuesto general de la nación para 1999. El 90% de este presupuesto se gasta en salarios.
Los habitantes rurales no sólo carecen de cobertura educativa y en salud. Según FUNDE, el sector agropecuario también enfrenta crisis. La micro y la pequeña producción carecen de créditos para la siembra y la comercialización de productos no tradicionales, sumado a la degradación ambiental y a la explotación desmedida de la tierra.
Los esfuerzos del gobierno han ido encaminados sobre todo a ampliar la cobertura educativa y en salud. Durante los últimos diez años, el Ministerio de Salud ha contratado a más promotores que visitan las zonas rurales; sin embargo, según estimaciones del Colegio Médico, la calidad de la atención es deficiente y la cobertura insuficiente, porque por cada mil habitantes hay apenas un 2.9% promotores rurales.
Otro de los logros en salud es la cobertura en inmunizaciones. Según el informe “Propuesta Ciudadana por la Salud” del Colegio Médico, para 1998 el 94.8% de los niños estaba vacunado contra la tuberculosis, 85% contra la poliomielitis, tétano y tosferina y 86% contra el sarampión.
Tareas pendientes
En educación, la creación del Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) para descentralizar la educación, fusionar los grados con poca afluencia y ampliar la cobertura, ha sido considerado “modelo” a nivel internacional y ha permitido abrir 3300 escuelas rurales y unas 7470 secciones de educación básica.
Para este año, el ministerio obtuvo un préstamo de 88 millones del Banco Mundial y se estudia la aprobación de otro de unos 73 millones de dólares más.

Datos alarmantes

La población e conómicamente activa es del 38% en 1997 (el 63%, hombres, y el 37%, mujeres), de los cuales 92% se encuentra ocupado y un 8% desocupado. Se estima que un 60% de la población se encuentra en condición de subempleo, desempleo y en el sector informal, dejando a la mayor parte de la población ocupada (82%) sin prestaciones de ley.

El presupuesto destinado a educación se ha incrementado a un 16.4% del presupuesto general para 1998. Para 1999, 202.1 millones de dólares (más de la mitad del presupuesto destinado a educación) estuvo compuesto por préstamos externos.

La mitad de las salvadoreñas y el 46% de los hombres tienen menos de tres años de estudio aprobados. La tasa de escolaridad de 4.95 ha subido poco en los últimos años y la población que cumple con el bachillerato (13 años) o más de estudio sigue siendo reducida (6.3% son mujeres y 7.0% son hombres).

Aunque la matrícula para 1997 fue reportada en 40.2% para preescolar, 97.8% para básica y 37% para media, todavía menos de la mitad de los niños llega hasta el sexto grado debido a que deben trabajar por la falta de recursos.

Según “Control Ciudadano de la UNESCO”, hay más de 270 mil niños trabajadores, de los cuales el 65% son niños y el 35% son niñas.