Los gobiernos locales y el central han echado a andar en las últimas semanas, en el departamento de San Salvador, programas diseñados a reubicar familias que, por varias décadas, se han asentado en zonas vulnerables a los desastres naturales.
La posibilidad de comenzar una nueva vida, quizá hasta distante donde por años han residido, trae en ellos una mezcla de emociones e incertidumbre.
Cuando los habitantes están enraizados a un determinado espacio local y en evidente riesgo, ya sea a orillas de un río o en un barranco, cualquier oferta de reubicación parece poca si las entidades fallan al brindarles la información necesaria sobre el traslado y la oportunidad de participar en la toma de decisiones.
Los damnificados por los terremotos o la gente que vive en zonas de alto riesgo y que están por ser trasladadas necesitan conocer aspectos sobre la nueva vivienda, si hay escuelas cercanas al asentamiento, fuentes de trabajo, acceso a los servicios básicos, entre otros.
La profesora investigadora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Lucía Azuaje, señaló durante un taller para comunicadores sociales del país que el arraigo significa lazos con el sitio, ya sea porque en ese lugar la persona hizo su vida y tuvo experiencias como enamorarse, casarse y formar una familia. Este sentimiento se fractura al momento de mover al afectado.
Las familias, una vez desalojadas, deben ser reagrupadas por comunidades en albergues o asentamientos habitacionales, porque ya hay una relación de convivencia entre ellos.
Opina que ellos deben ser sujetos activos en el proceso de reconstrucción y no imponerles decisiones al momento de ofrecerles una alternativa de vivienda. La visión asistencialista "yo sé lo que todos necesitan" revierte el proceso movilizador.
También se refiere a que los grupos aumentan su cohesión como una forma de defensa frente a la desestructuración social. Este es el caso de 45 familias del Sector Quiroa I, de la comunidad Nueva Israel, al occidente de la capital, que gestionan ellos mismos la donación de un terreno seguro y cercano a sus casas, para no aceptar la oferta hecha por la municipalidad de irse fuera de la capital.
Carlos Marín Beristain, en su estudio "Un enfoque psicosocial de las catástrofes colectivas. Desafíos y aprendizajes", señala que la gente que vive cerca de ríos que se desbordan adaptan a su vida cotidiana la posibilidad de una emergencia.
"La convivencia diaria con el peligro también puede dar lugar a un comportamiento de indiferencia aparente que corresponde a la resignación o a la negación del peligro, centrándose sin cambios en actividades cotidianas", puntualiza.
Niega que la resistencia al traslado, pese a vivir en condiciones de riesgo, se deba a la falta de conocimiento, sino más bien a la ausencia de una alternativa de cambio.

Con la construcción de un muro de contención en la comunidad Las Brisas, al oriente de San Salvador, las familias esperan que no se inunden sus viviendas, para no tener que considerar una posible reubicación.

La comunidad Altamira, en Soyapango, está en evidente riesgo. Algunas familias no desean ser reubicadas, porque ese ha sido su hogar por muchos años.

Los que dicen no

Más de 40 familias de la comunidad El Cacao I, que habitan a orillas del río Acelhuate, calle antigua a Soyapango, se niegan a abandonar el sitio, pese a las recomendaciones de ecologistas de evacuar la zona por los daños causados por los terremotos y la amenaza de inundaciones.
La Alcaldía de Soyapango ofreció reubicarlos en un predio conocido como la Granja Panamá, en el cantón El Limón, del mismo municipio, pero los habitantes exoneraron de cualquier responsabilidad y por escrito a la municipalidad, porque no desean irse.
Daniel Díaz Sánchez, de 77 años, dice que ha vivido allí por 25 años y que no aceptan la reubicación porque son los propietarios de los terrenos y no quieren vivir en lugares donde todavía no hay servicios básicos.
Señala que la amenaza de inundaciones se mitigaría con la construcción de un muro de contención y la ayuda del gobierno para que con maquinaria se puedan remover las piedras que obstruyen el río.
"He vivido cuatro terremotos y aquí estamos porque hay un Dios Todopoderoso", dice, al mismo tiempo que niega que haya peligro para los residentes.
En la comunidad Altamira, también de Soyapango, vive Ana Astenia González, de 35 años, junto con su esposo y sus dos hijos de 14 y 10 años. Ella llegó a ese sitio hace 15 años proveniente de San Miguel huyendo de la guerra. Aunque vive cerca de un barranco de unos 250 metros de profundidad no se va, ya que ese es su hogar.
La alcaldesa de Soyapango, Marta Elena de Rodríguez, dice que el temor a la reubicación tiene que ver con la credibilidad de los gobiernos, porque hacen promesas de una mejor vida y luego abandonan a los habitantes a su suerte.
La comuna cuenta con cinco terrenos para reubicar a las familias afectadas por los terremotos o que viven en zonas de alto riesgo como parte del proyecto "Un Soyapango sin tugurios", en el que se les brindará una vivienda definitiva.

Largo camino por recorrer

Para Carolina Recinos, gerente de Distritos de la Alcaldía de San Salvador, los procesos de reubicación obedecen a factores sociales, económicos y familiares, por lo que no es fácil para la población aceptar el traslado, a menos de que el riesgo haya crecido y estén propensos a decir que sí.
En el municipio de San Salvador hay 241 comunidades y de ellas 68 se encuentran en condiciones de alto riesgo.
Dentro de los planes de la comuna capitalina y del gobierno central, 152 familias de la comunidad Nueva Israel serán trasladadas en una primera etapa hacia el Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador.
"Se trata de un paso importantísimo en su desarrollo, en la vida de su familia, por lo que trabajaremos por dar las mejores condiciones de vida a ellos, que les genere confianza y que les permita dar ese salto", dijo.

Resume las ventajas del traslado de los habitantes hacia Tonacatepeque en que llega una población económicamente activa, más organizada, la creación de pequeños polos de desarrollo, así como la generación de ingresos a la municipalidad.

Participación ciudadana y desarrollo local

Flora Blandón de Grajeda, coordinadora de Proyectos de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señala que la resistencia de la gente a ser reubicada se debe a causas históricas, ya que perciben una incapacidad en las zonas del interior del país para ayudarles a satisfacer sus necesidades mínimas.
En las décadas pasadas, miles de familias migraron a la capital, ya sea por la guerra o por los terremotos, y se asentaron en los barrancos formando las zonas marginales, y que hasta hace unos años eran los límites de la ciudad. Ahora, con el crecimiento urbano, las edificaciones han sobrepasado esos límites y las comunidades han quedado dentro de la urbe.

Explica la señora de Grajeda que un gran número de habitantes siempre ha estado en situación de riesgo y que no pueden regresar a su lugar de origen porque no tienen ninguna oferta económica. Por este motivo prefieren quedarse en la situación de riesgo.
Ellos, dice, ven que tienen su champa, sus hijos, una cantarera, electricidad y pueden laborar en el sector informal ya sea en los servicios domésticos, oficios varios o ventas ambulantes. Su visión de futuro se ve limitada cuando creen que no hay un trabajo digno que puedan desempeñar en otro sitio.
Recomienda que al diseñar los programas y políticas de atención, la persona afectada debe sentir que es sujeto, no objeto del proyecto. Esto se logra al tomar en cuenta su opinión durante el proceso de reubicación y que viene a ser la dinámica de participación ciudadana.
Agrega la profesional que los comités de desarrollo local están vinculados a promover los espacios de participación ciudadana con una visión muy utilitaria. En un 70 por ciento de los municipios de todo el país hay comités de desarrollo local, aunque se necesita fortalecerlos para que se conviertan en una instancia real en la toma de decisiones estratégicas.
En ellos participan organizaciones no gubernamentales, municipalidades, entidades del gobierno central, iglesias, organizaciones de mujeres y otros. De ahí su importancia en que trabajen en forma coordinada para beneficio de la población.