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Su presencia no es un adorno
en la milpa, la algodonera u otros cultivos. Constituyen
un trabajador más. Siembran, peinan (deshierban),
abonan o riegan veneno y cosechan. Por tradición
y para sobrevivir se han integrado al trabajo duro del
campo.
También han sido enseñadas a ser valientes,
aun con el veneno. No temen venenear desprotegidas o
abonar con la mano; los guantes no les son familiares,
tampoco las mascarillas o las botas de hule para cubrir
sus pies.
“Regar abono foliar no necesita protección”,
asegura Adrián Romero, mientras supervisa el
trabajo de limpieza y abono que realizan seis mujeres
y diez hombres a una plantación de algodón
en San Luis Talpa.
Para don Adrián exponerse al riego de agroquímicos
por medio de avioneta y dependiendo del tipo de producto
sí supone un riesgo. Algunos ecologistas dicen
que el riesgo es el mismo, pues el contacto directo
o indirecto con cualquier producto tóxico siempre
traerá consecuencias nefastas para la salud.
Las mujeres campesinas no están fuera del radio
de acción de los plaguicidas usados masivamente
en el país. Ton Oomen, representante de la FAO
en El Salvador, dice que un 60% de los granos básicos
en nuestro país es producido por mujeres, un
rol importantísimo que además no es recompensado.
Invierten entre 14 y 16 horas diarias a la tierra y
el hogar, pero están privadas de beneficios,
incluyendo una buena alimentación , lo que las
vuelve más vulnerables a enfermedades, incluyendo
las derivadas de los nocivos agroquímicos, a
los que están ligadas casi desde que nacen.
Hasta qué punto sus organismos están acumulando
residuos tóxicos y cómo les está
afectando en su diario vivir es lo que motivó
a dos organizaciones no gubernamentales a averiguarlo
mediante un estudio en cuatro zonas agrícolas.
Estudio revelador
El Centro para la Defensa
del Consumidor (CDC) y la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES) encuestaron a 94 mujeres campesinas con un promedio
de edad de 40 años, residentes en Jiquilisco
y Jucuarán en Usulután, Nueva Concepción
en Chalatenango y Cuisnahuat en Sonsonate.
Las zonas fueron escogidas debido a las numerosas denuncias
por fumigaciones aéreas en el Bajo Lempa y Jiquilisco,
por las recurrencia de índices oficiales de intoxicación
por agroquímicos y por los reportes de promotores
de salud de organizaciones sociales.
“Valía la pena saber cuál es el origen
de estas enfermedades”, afirma la licenciada Ana
Ella Gómez, de la Unidad de Investigación
del CDC.
La mayoría de las mujeres no ha notado efectos
o malestares inmediatos posterior a la aplicación
de los agroquímicos; solo 29 reconocieron que
padecían dolores de cuerpo y de cabeza, mareos,
malestares en la boca del estómago, vómitos,
ganas de llorar, náuseas y sudores helados.
La mayoría sabía el efecto de los agroquímicos
para matar plagas o hierbas no deseadas en los cultivos,
pero desconocía las fórmulas de los productos
y las implicaciones en su salud; tampoco habían
sido capacitadas para su manipulación.
Aunque afirmaron hacer las aplicaciones en menos ocasiones
y sin ninguna medida de protección, están
expuestas cuando se involucran en la producción
agrícola o lavan la ropa utilizada por el marido
o los hijos.
Según el biólogo
Giovanni Magaña, al lavar la ropa contaminada
con plaguicidas, el agua que corre ya sea por ríos,
quebradas o se infiltra en los pozos, puede ser tomada
por niños u otras mujeres que se abastecen de
esas fuentes. Igual riesgo asumen cuando atraviesan
las plantaciones para llevar comida al marido o la familia.
Según la investigación, el veneno también
es usado para combatir ratones y cucarachas o guardan
los sobrantes para aplicarlo en la próxima cosecha.
Si han quedado residuos los depositan en letrinas, los
queman, los entierran o los botan en el patio, y algunos
“lavan bien” los envases y los reutilizan
para guardar granos, agua u otros líquidos para
consumo.
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El contacto con los agroquímicos
es permanente, pero ellas no reconocen el riesgo que
representa, tanto así que los dolores de cabeza,
los mareos y los vómitos no los asocian con el
mal manejo de productos tóxicos.
Información
es importante
Con esta primera etapa,
ambas organizaciones dicen haber comprobado las condiciones
de riesgo en que viven los pobladores rurales cuando
usan, aplican, almacenan, transportan y desechan plaguicidas
químicos de manera inadecuada.
El mismo desconocimiento en el manejo de estos productos
tóxicos implica que cuando presentan posibles
síntomas asociados con intoxicación se
automedican con remedios caseros y pocas veces asisten
a los centros de salud.
La vulnerabilidad de las mujeres se acrecienta con sus
deficientes niveles de desnutrición y el que
ellas mismas renucnien a su derecho a la salud.
“Los químicos son como el dengue: atacan
más a aquellas personas que están mal
comidas y mal vestidas”, dice Flor de María
Gámez, del Programa de Género y Medio
Ambiente de la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES).
“Solo un 40% de las consultadas asumía que
inmediatamente después del contacto con los químicos
sentía algún malestar o reacción,
pero eran las que más sabían leer el contenido
de las viñetas y relacionaban de alguna manera”,
comenta Flor de María; “...pero no les tienen
miedo”, añade.
Entre las agricultoras encuestadas se cree que entre
más alta la dosis letal del producto, mayor es
la efectividad, por eso demandan sustancias altamente
tóxicas que han sido prohibidas a nivel mundial
y están dentro de las 34 que el Ministerio de
Agricultura ha vedado en el país, entre los que
figura “etil paratión”.
Ana Ella Gómez cree que la irresponsabilidad
de los que comercializan y de las instancias públicas
en no regular o educar se une a la insensibilidad de
la gente que no repara en por qué resiente problemas
visuales o les nacen hijos con defectos físicos.
El estudio determinó que seis de las encuestadas
han sufrido abortos y cinco tuvieron sus hijos muertos.
Si fue a causa de los plaguicidas está por averiguarse
mediante una segunda etapa de la investigación,
que además incluiría un análisis
del marco institucional para asegurar el uso, la distribución,
la importación y la comercialización de
estos productos.
“¿Quién controla esto? ¿Quién
informa a los usuarios sobre el riesgo de usarlos? Al
parecer, nadie”, reflexiona Gómez, ante
las revelaciones del estudio de que los productos químicos
más usados (folidol, tamarón, volatón,
gramoxone, nudrín, lannate y edonal) se comercializan
sin restricciones.
Los agroservicios de las cuatro zonas estudiadas dijeron
conocer la normativa para la venta de estos productos,
pero que nadie los regula ni siquiera en el almacenamiento
del producto. Tampoco reciben capacitación sobre
el manejo de los productos por parte del MAG.
“Los organismos encargados de normar aducen falta
de recursos y entonces ¿quién va a aplicar
realmente las leyes? Yo llamaría un homicidio
paulatino de la gente la acción de los plaguicidas
químicos”, dice Flor Gámez.
Este estudio busca incidir en las instancias públicas
responsables como los ministerios de Agricultura (MAG)
y de Salud, y despertar en las mujeres la preocupación
por los efectos de los plaguicidas y alertarlas sobre
su uso.
La segunda fase de la investigación implicaría
la recolección de muestras de sangre de las encuestadas,
con el fin de comprobar los efectos de los plaguicidas
en su salud, como se ha hecho en Colombia y en Perú.
“Nuestra meta es aterrizar en hechos concretos.
Queremos tener base científica para tener una
razón más de peso para hacer una exigencia
pública”, dice Flor Gámez.
Mal real
El año pasado, Salud reportó 2,312 intoxicaciones
por efecto de plaguicidas a nivel nacional, de los cuales
1,646 correspondieron al rango de edad de 15 a 44 años,
334 a niños de entre cero y 14 años y
332 a personas de mayores de 65 años.
Fue imposible saber cuántos de esos casos correspondieron
a mujeres, el producto con el que se intoxicaron y la
zona geográfica, ya que el reporte epidemiológico
sobre el comportamiento de las estadísticas de
intoxicaciones no fue proporcionado por la Unidad de
Comunicaciones de ese ministerio.
Las estadísticas oficiales revelaban 251 egresos
hospitalarios de adolescentes de ambos sexos por esta
causa.
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Se ha estimado que en El Salvador, el consumo anual
de plaguicidas por cada trabajador agrícola es
de ocho kilogramos.
