2 de diciembre 2001


Varias instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales divulgan los derechos de la mujer como la mejor manera para que conozcan, exijan y hagan respetar sus facultades.



En El Salvador todavía es común que la mujer sea martirizada por su pareja, tanto física como sicológicamente; que el marido no la deje estudiar, que la limite económicamente, que en el trabajo sea discriminada tanto en lo salarial como en lo laboral, o que a duras penas le permitan participar en la política, a pesar de su capacidad intelectual.
Estas son algunas de las violaciones que sufren como mujer, y que quede claro que violentar sus derechos no es sólo la violencia intrafamiliar, sino que va más allá; alcanza lo educativo, lo laboral, la salud y la política, por mencionar algunos aspectos.
Sin embargo, la violencia dentro de las familias es donde más se nota el problema, reflejado por las estadísticas tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones no gubernamentales.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha registrado, desde enero hasta octubre de este año, casi tres mil casos entre violencia intrafamiliar y agresiones sexuales.
El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) reporta un dato interesante sobre la violencia dentro de la familia: de un total de 79 mujeres asesinadas entre septiembre de 2,000 y febrero de 2,001, el 49 por ciento de ellas fue lesionado por sus parejas.
Los homicidas tenían la siguiente relación con la víctima: el 29 por ciento eran esposos, el 37 ex-esposos, el ocho por ciento convivientes, el 1.5 novios y el dos por ciento ex-novios, según la clínica de atención integral y el monitoreo de los medios de información escritos.

La mujer tiene derecho a participar en actividades de esparcimiento, deporte y educacion fisica


Hay logros, pero falta más
En términos generales, los derechos de la mujer ahora son más respetados en comparación de hace tres o más décadas; no obstante, todavía falta seguir avanzando.
“No podemos negar los avances de la incorporación de la mujer en la vida social, en la vida política. Por ejemplo, hoy hay mucho más mujeres en la universidad de lo que había hace 20 ó 30 años. En todas las carreras hemos visto que la mujer se ha incorporado. Hemos visto también ya mujeres en la Corte Suprema de Justicia..., donde hoy tenemos dos magistradas”, asegura la licenciada María Teresa Delgado de Mejía, subdirectora del área de educación pública y reforma legal de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia.
“También tenemos una canciller; hemos tenido presidentas de la Asamblea Legislativa, en las carteras de Estado como ministras de Educación, viceministras también. Sin embargo, para que una mujer logre escalar un puesto de esos amerita un trabajo increíble, pero increíble...”, asegura.
Para Alexia Alvarado, abogada de CEMUJER, “en los últimos años ha habido un avance en la reivindicación de los derechos de las mujeres, avances que se han traducido en la transformación de leyes, de procedimientos, de incentivar denuncias, de promoción, de poner en la agenda pública el tema de los derechos de la mujer. Sin embargo, dentro del análisis que hacemos también nos damos cuenta como muchas cosas están ganadas en el plano formal (leyes), pero cuando pasamos a la verificación del cumplimiento de equis ley o equis procedimiento, nos encontramos con cortapisas”.
Por ejemplo, en materia de educación hay una “Política Nacional de la Mujer” y hay un plan de acción de Beijing, y nos encontramos para el caso de la expulsión de niñas en los centros educativos cuando salen embarazadas. Con esto se mina la posibilidad de desarrollo de las adolescentes, menciona Alexia.

 

“En el acceso al trabajo, aunque hay una exaltación a la maternidad, a la vez los empleadores solicitan una prueba de embarazo; si está preñada no es aceptada y pierde la oportunidad de trabajar”, dice.
Dentro de las empresas, aunque no está determinado en las normativas, existe una discriminación de la clase de trabajos. Hay puestos y cargos que son sólo para los hombres, a los que no tienen acceso las mujeres, aunque tengan la suficiente capacidad para hacerlo, señala la abogada de CEMUJER.
A esto se une también el cáncer social del acoso sexual. ¿Cuál es la ganancia en los últimos años?, cuestiona, y se responde Alexia “que el acoso sexual ahora es considerado un delito, pero ¿cuál es la realidad?, ¿qué pasa con esa mujer que denuncia a su jefe? Se encuentra con los problemas de procedimiento, donde la palabra de la mujer siempre está puesta en duda. Si la acusante pierde el caso, se frustra, arriesga su trabajo, se pone en evidencia y enfrenta a su familia. Estos son ejemplos de que en la práctica todavía falta mucho por hacer”.
Armas para luchar
Entre más conozcan lo que la ley dice, más libres serán las mujeres para tomar decisiones, exigir sus derechos, cumplir sus obligaciones y lo que es más importante, denunciar cualquier violación que sufran, ya sea laboral, a la integridad personal, sexual o educativa.
Es por eso que tanto instituciones públicas como las organizaciones no gubernamentales divulgan los derechos femeninos, una propaganda que no involucra sólo a las mujeres, sino también a los varones, ya que son ellos los que violentan los derechos de ellas.
En esta divulgación trabaja la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia, una entidad autónoma que está impulsando el proyecto nacional “Divulgación de los derechos de la mujer contemplados en la legislación salvadoreña”.

La mujer tiene derecho a no ser discriminada en e, acceso al trabajo ni despedida por razones de matrimonio. Embarazo o maternidad

Este proyecto obedece a un convenio que celebró la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos, y la Comisión Coordinadora Sector de Justicia a través de la UTE.
El proyecto de divulgación fue dividido en dos fases. La primera fue impartida entre septiembre y octubre, y fue dirigida a alcaldesas, síndicas, regidoras y consejalas suplentes de 22 municipios sin ninguna distinción partidaria, asegura la abogada María Teresa Delgado de Mejía.
En esa primera etapa en la que participaron 407 mujeres líderes fueron capacitadas sobre derechos humanos, el sexismo, análisis de la legislación nacional e internacional de protección a la mujer y análisis de los derechos políticos de la mujer, temáticas impartidas por juezas de instrucción y familia, un procurador y una magistrada de familia.
La segunda fase inició el pasado 22 de noviembre y termina el 12 de diciembre, en la que la UTE hará invitaciones directas para que participen mujeres líderes de los siguientes sectores: comunales, policía, representantes de iglesias, locatarias, maestras, representates de ONGs, universitarias e indígenas, entre otras participantes.

La Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector Justicia capacita a mujeres lideres de la politica municipal

Las temáticas que estudiarán y luego multiplicarán con otras mujeres son la situación de la mujer a nivel mundial, historia de los derechos políticos de la mujer, acciones que puede tomar el Estado para proteger los derechos políticos femeninos, y generalidades de la teoría de género, por mencionar algunos.
A este esfuerzo se une el inicio del “Plan Nacional de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar”, que será anunciado por la primera dama Lourdes de Flores el cinco de diciembre como un mecanismo más del Estado para erradicar la violencia dentro de las familias.
No obstante, mientras las mujeres no se interesen por conocer cuáles son sus derechos y no se involucre a los hombres en las capacitaciones será difícil romper con una cadena que desde hace siglos perjudica la integridad física y sicológica de ellas.
La importancia de la divulgación y la defensa de los derechos de la mujer que hace el Estado, así como las que desarrollan las organizaciones no gubernamentales, es que se quitan los obstáculos para subir un peldaño más de la democracia.

 

Las mujeres tienen derecho a la educació, no importa si está embarazada, casada o madre soltera

Dónde buscar ayudao

Para protección, la Policía Nacional Civil. Teléfono 911.

Para solicitar medidas de protección, los Juzgados de Familia y de Paz.

Para ayuda legal y sicológica, la Procuraduría General de la República. Teléfonos 222-8357 y 281-2041.

Denuncias de delitos como lesiones, violaciones y muerte, la Fiscalía General de la República. Teléfonos 226-1699, 225-4468 y 271-4200.

Para orientación y apoyo sicosocial, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Teléfono 260-4040.

En caso que las anteriores instituciones no le atiendan, entonces contacte a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Teléfonos 222-1604 y 222-0400.

También puede pedir asesoría legal y sicológica en CEMUJER. Teléfonos 226-8268, 226-5466 y 226-7734, y en Las Dignas. Teléfonos 226-0356, 226-1879 y 225-4457.

Conozcan sus derechos

Estos son algunos de los muchos derechos que la mujer tiene y que los garantiza la Constitución de la República de El Salvador, el Código de Familia y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, así como la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmados por el Estado salvadoreño, según el afiche educativo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Derecho a protección a la vida, la dignidad, la libertad y la integridad personal.

Derecho a protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Protección contra toda forma de violencia en el ámbito público y privado, incluida la violencia sexual y el acoso sexual.

A igual protección de la ley y de los tribunales de justicia.

Derecho a la igualdad real o de facto con el hombre.

A elegir libremente su apellido, profesión, ocupación, domicilio, nacionalidad y demás aspectos relacionados con su persona.
A iguales derechos y responsabilidades que el hombre al contraer matrimonio, durante el matrimonio y su disolución.

A optar y ejercer cargos públicos en igualdad de oportunidades y condiciones que el hombre.

Igualdad de oportunidades y condiciones en la aplicación de criterios de selección laboral y acceso al trabajo.

Derecho a la estabilidad laboral e igualdad de oportunidades para la promoción y los ascensos.

A la seguridad social y prestaciones familiares, incluidas las prestaciones en caso de jubilación, desempleo, embarazo, despido, enfermedad, invalidez, vejez y al servicio de salas cunas.

A recibir capacitación profesional y acceso a estudios en zonas rurales y urbanas.

A que se eliminen los patrones culturales o estereotipos basados en conceptos de inferioridad o subordinación.

A participar en la ciencia, la literatura, las artes y la vida cultural de la comunidad en igualdad de oportunidades y condiciones con el hombre.

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