Edición: 23 de noviembre de 2003

El medio ambiente es el gran ausente en la agenda del Área de Libre Comercio
de las Américas que se celebró en Miami.

A pesar del claro vínculo entre comercio y ambiente, la agenda verde es ignorada en la batalla por crear un mercado único panamericano, afirman analistas.

Hubo muy poco de “verde” en la conferencia ministerial a puertas cerradas que discutió el jueves y el viernes la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en Miami.

De hecho, las cuestiones ambientales jugaron muy poco desde el inicio del plan lanzado en la Cumbre de las Américas de 1994, también en Miami, por 34 países del continente, excepto Cuba.

“Los negociadores ni siquiera hablan de los impactos ambientales del comercio”, dijo a Tierramérica el director de comunicaciones del no gubernamental Consejo de Canadienses, Bill Moore-Kilgannon, que encabeza la oposición al ALCA en este país.

La propuesta presentada por Estados Unidos y Brasil como copresidentes de las negociaciones permite a los países elegir las obligaciones a las que están dispuestos, pero ni siquiera menciona la palabra ambiente, dijo Moore-Kilgannon.

Existe amplio acuerdo en la comunidad internacional acerca de que el intercambio comercial y el flujo de inversiones afectan el ambiente.

Hasta la Organización Mundial del Comercio reconoce que sin políticas ambientales adecuadas, la liberalización comercial puede conducir a más contaminación y a un uso no sustentable de los recursos, afirman los investigadores de la Universidad de Yale, Mónica Araya y Daniel Esty.

Los acuerdos comerciales deben incluir un componente de política ambiental, y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría ser un buen modelo para el ALCA, argumentan los autores del reporte “Cerrando la brecha entre comercio y ambiente del ALCA”.

El TLCAN, que comprende a Canadá, Estados Unidos y México, entró en vigor en enero de 1994, tras cinco años de intenso debate.

Contiene provisiones y un acuerdo paralelo sobre cooperación ambiental que, al contrario de lo que se temía, no se convirtieron en una nueva herramienta para el proteccionismo ni dañaron la economía mexicana, concluye el trabajo.

Duramente criticado por la sociedad civil de los tres países, la presión pública forzó a incluir en el TLCAN acuerdos paralelos sobre derechos laborales y ambiente. Pero las cláusulas ambientales del TLCAN no lograron proteger el ambiente mexicano, según un estudio de tres años del Instituto de Ambiente y Desarrollo Global.

“La gran ola de inversiones extranjeras directas fue la falla definitiva respecto de la introducción de tecnología limpia en la industria mexicana”, sostiene Florencia Copley, directora ejecutiva de la costarricense Fundación Pacificar.

Por otra parte, existen problemas notables en el capítulo 11 del tratado que dio origen al TLCAN, referido a inversiones, y que se propone como modelo para el ALCA.

Ese capítulo fue concebido para proteger de pérdidas a los inversores extranjeros en países del TLCAN, explicó Daniel Magraw, presidente del Centro por el Derecho Ambiental Internacional.

Según sus normas, los gobiernos de países anfitriones de tales inversiones no pueden expropiar la propiedad de los inversores sin el debido proceso y deben ofrecer igual tratamiento a empresas nacionales y extranjeras.

Además, las empresas pueden demandar al país ante tribunales por compensaciones económicas especiales si estiman que ha violado sus derechos de inversores.

Paradójicamente, el capítulo 11 fue inicialmente elogiado por una cláusula ambiental, según la cual los gobiernos se comprometieron a no buscar inversiones extranjeras relajando o ignorando sus regulaciones sobre salud,
seguridad laboral y ambiente. Pero dicho compromiso no cuenta con un mecanismo que lo convierta en obligatorio.
“El problema es que el capítulo 11 está muy mal concebido”, sostuvo Magraw, quien contribuyó a redactar el acuerdo como funcionario de la estadounidense Agencia de Protección Ambiental.

En 1999 la corporación canadiense Methanex apeló al capítulo 11 para evitar que el estado estadounidense de California prohibiera el aditivo de gasolina MTBE por ser peligroso para la salud humana. La empresa reclamó una compensación de mil millones de dólares por ganancias perdidas, pero un tribunal del TLCAN falló contra el reclamo en 2002.

Methanex presentó una nueva demanda, y el gobierno de California suspendió la prohibición al MTBE.
Los costos de la defensa contra la acusación de Methanex fueron enormes. “No hay modo de que pequeños países como Bolivia puedan afrontarlos”, opinó Magraw.

A su juicio, la mayoría de los países estaría mejor sin incluir el capítulo 11 en el ALCA. Sin embargo, la protección ambiental debería ser parte del acuerdo. “Pero no soy optimista”, dijo Magraw.

La falta de interés gubernamental en la cuestión proviene de la convicción de que los asuntos ambientales deben ser tratados en forma separada, dijo a Tierramérica el director del no gubernamental Centro para los Derechos Ambientales, Gustavo Alanis, de México.

Según el cronograma original del ALCA, el acuerdo debería estar concluido en enero de 2005 y luego debería someterse a ratificación parlamentaria para entrar en vigor a fines de ese año o en 2006.

Cunde sin embargo el escepticismo. El ALCA será otra carrera hacia abajo, alimentada por las corporaciones. No tiene sentido intentar hacerlo verde, estima Anuradha Mittal, codirectora de Primero Alimentos/Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo.

El autor es colaborador de Tierramérica. Con aportes de Diego Cevallos (México)