El mal manejo de la ley que castiga el tráfico de personas hace que los coyotes operen
con impunidad y que ninguno pague por su delito.

Edgar Campos fue arrestado el año pasado por pertenecer a la red de tráfico de menores liderada por su madre, Berta Campos, sin embargo, fue liberado con medidas.

Guillermo García, “el Chino”, fue capturado en julio de 2002, luego de que sacara diez menores del país rumbo a Estados Unidos. Pese a ello fue puesto en libertad.

Los casos en que los traficantes son detenidos y han quedado sueltos son incontables y hasta el momento no existe uno solo que haya llegado a la fase de sentencia.

A juicio de Roberto Arévalo Ortuño, juez del Juzgado 6º de Instruccion, la principal limitante es la falta de conciencia de la población.

El hecho de que en el proceso los casos sean evaludados por un jurado de conciencia y no por un tribunal de derecho también ha estancado las condenas. “Se evalúan los deseos de reunificación familiar,no la motivación del delito”, dice Ortuño.

En Cara Sucia, Ahuachapán, José Narcico Ventura, “Chicho”, es visto como un héroe que ha contribuido a la refunificación de las familias.

Sin muchos avances

Antes de que en el 2001 la Asamblea Legislativa aprobara la penalización del tráfico de personas, la PNC se apoyaba de otros ilícitos, como estafa y portación de documentación falsa, para detener a los “coyotes”.

Ahora que ha entrado en vigencia, el panorama no ha cambiado mucho. Aunque unas 420 personas han sido procesadas por tráfico de ilegales, en los últimos dos años, la ley sólo ha servido para que al quedar libres sean más cautelosos en sus operaciones.

Todos han salido con fianza, detalla Suncín, debido a que tienen un buen arraigo económico. “Es risible pedirles 2,000 dólares si por persona ganan 5,000”, enfatiza.

Hasta el momento las únicas sentencias se han concretado en Estados Unidos. Berta Campos fue condenada a cuatro años de prisión. Además, tres de sus guías, Andrea Girón, Juan Orlando Servellón y Guillermo Antonio Paniagua, fueron arrestados en ese país.

Ortuño cree que para combatir el tráfico de indocumentados hace falta capacitación y mayores recursos asignados a la Fiscalía y a los jueces y que se evalúe la verdadera motivación del delito.

Con el fin de proteger a los menores que son traficados —unos 1,200 cada año—, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Carlos Espínola, subraya que en el Código de la Niñez se sugerirá una serie de penalidades para este delito.

“Soy inocente” Arely Guillén, capturada en México. • Arely Guillén, de 33 años, fue sentenciada a seis años de prisión en Tapachula, Chiapas, México, por el delito de tráfico de personas. Esta salvadoreña, originaria de San Juan Opico, La Libertad, tiene dos meses de haber recibido la condena y nueve de estar en prisión. • El 28 de febrero de 2002 salió con tres sobrinas y el guía rumbo a Estados Unidos. Pero en el aeropuerto de Tapachula una agente de migración detectó los documentos falsos con los que pretendían volar hacia el Distrito Federal. Según ella, el “coyote” sobornó a una de las oficiales y se fue. A ella la acusaron de ser la “pollera” que guiaba a las tres menores. Prisión de seis a ocho años • Artículo 367-A Las personas que por sí o por medio de otra u otras, en contravención a la ley, intentaren introducir o introduzcan extranjeros al territrio nacional, los albergue, transporte o guíe con el propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países será sancionado con prisión de seis a ocho años.