El tráfico no sólo es la forma más instantánea en que los inmigrantes buscan abrazar a sus hijos.
Detrás de ese fenómeno se halla el calvario que deben enfrentar en el camino.

El precio que cobran los traficantes por llevar a un menor de forma ilegal hacia Estados Unidos oscila entre los 6,000 y 7,000 dólares.

“Yo quiero llegar donde mi mamá”, admite Brenda Juárez, de 13 años, mientras transcurre su tercer día en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral (DIF), en Tapachula, Chiapas, México.
A la par suya se encuentra su hermano Franklin, de 10 años. Su mirada luce cansada, perdida. “Yo me quiero regresar a El Salvador”, expresa este menor que experimentó los peligros en territorio mexicano.

La travesía de Brenda y Franklin inició en Usulutan, El Salvador. Partieron una madrugada de agosto de 2003, en compañía de su tía y del “coyote”. Este último les ofreció llevarlos a Estados Unidos a cambio de 5,000 dólares.

Recorrieron territorio guatemalteco sin muchos sobresaltos; sin embargo, en México no todo fue color de rosa. Mientras se albergaban en una casa, en Oaxaca, fueron rescatados por oficiales de policía ante la indiferencia del guía, quien huyó del lugar.

Sólo con las ropas que llevaban puestas y con el cansancio de ocho días de viaje visibles en sus rostros fueron llevados a las instalaciones del DIF.

A unos kilómetros de allí, en el Instituto Nacional de Migración (INM) también se rescatan historias conmovedoras.
Carlos David Sánchez es otro menor en espera de ser repatriado, según él, a El Salvador. Cuenta que se ha transportado debajo de un furgón y en tren. Además ha sido víctima de asaltos y ha presenciado como sus acompañantes han resultado golpeados en el camino.

Allí mismo deambula una adolescente de cabello lacio y de voz suave que comenta ser salvadoreña. No sabe decir en qué fecha salió de su país. Sólo recuerda que iba para “el norte” en busca de sus padres y unos hombres la violaron en Tapachula.

Develar cifras que demuestren lo alarmante del tráfico de menores nacionales hacia Estados Unidos es casi imposible, pues se trata de una actividad ilegal que deja escasos registros a su paso.

Camino de obstáculos

El grupo pro migrantes Beta Sur se encarga de informar a los viajeros sobre los riesgos que pueden encontrar durante la travesía

Datos del INM de Tapachula contemplan que de enero a julio de este año se repatriaron unos 333 menores salvadoreños entre un total de 7,111. Estas cifras difieren con las que maneja el Consulado de El Salvador en Tapachula, pués sólo reporta 43 niños deportados.

“El 15% de los que emigran son niños y adolescentes”, considera el cónsul general de El Salvador en en esa ciudadad”, Asdrúbal Aguilar.

Según el funcionario, la mayoría de niños repatriados son abandonados en el camino por los traficantes.Katerine Portillo, de cinco años, recuerda que el guía la “aventó” de un bus en la frontera El Salvador-Guatemala. “Es que íbamo llorando”, dice.

Muchos de los infantes rescatados por las autoridades mexicanas son llevados al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia . Allí conviven con niños centroamericanos y mexicanos antes de ser reclamados por sus familiares.

El director del DIF, Alberto Barrios Escobar, subraya que los niños llegan deshidratados y desnutridos por la falta de agua y alimentos. Allí se les brinda alojamiento, comida, servicio médico y terapia sicológica si lo requieren.
Los hermanos Juárez, originarios de Usulután, fueron llevados al albergue luego de vivir una completa odisea en la que navegaron un día en el océano Pacífico, aguantaron hambre y se saltaron un muro. “Lo que más miedo me dio fue cuando el coyote nos llevó a dormir en una finca”, comenta Brenda, de 12 años.

Derechos violentados

Carlos Vanegas, de diez años, ya olvidó el rostro de su madre. Tenía 9 meses cuando ella se marchó.

Entre la lucha intensa por llegar a Estados Unidos y las detensiones arbitrarias (con violencia física y sicológica) que, algunas veces, realizan las autoridades migratorias, la policía estatal, la municipal y el ejército mexicano, los niños y los adolescentes se convierten en la población de migrantes más vulnerable.

Michael Aquino, un sonsonateco de 16 años que ha estancado su viaje para trabajar unos días en una venta de tacos en Tapachula, relata que los soldados mexicanos le dijeron que si nos les daba dinero lo iban a entregar a Migración. “Yo les di un reloj y las camisas que llevaba”, comenta.

El director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la frontera sur, Héctor García, refiere que entre las 370 denuncias recibidas en lo que va del año figuran los casos de algunos menores.

Agrega que se encargan de verificar de que todo sea favorable para ellos, “pero no podemos tapar el sol con un dedo; si hasta en los albergues hay hacinamiento”, opina.

En la Casa del Migrante en Tecún Umán —albergue donde se brinda techo y alimentación a los que van de paso— se reúnen las más trágicas historias. Se cuenta que un niño salvadoreño fue aplastado por el tren al pasarse de un vagón a otro. Iba para Los Ángeles en busca de su madre.

Su director, el padre Ademar Barilli, informa que en esa región los muertos no son contabilizados. Según él, los que se ahogan en el mar no salen a la playa, muchos quedan en los montes y otros son tirados al río y comidos por los animales.

Se presume que en los últimos tres años unas 660 personas han muerto en los alrededores de la frontera a causa de la violencia, y aunque se sabe que la mayoría eran migrantes, no se registra cuántos de éstos eran menores.
En los lúgubres bares que desfilan en las calles rutinarias de Tecún Umán, menores salvadoreñas entre los 14 y los 17 años han renunciado al “sueño americano” a cambio de la explotación sexual.

Ademar Barilli detalla que, hace año y medio, se dieron casos en que las dueñas de los prostíbulos vendían a los bebés de las centroamericanas que resultaban embarazadas. Los niños eran llevados a Francia y a Estados Unidos.

Reunificación familiar

Los menores que permanecen en el Sistema Municipal para el De- sarrollo Integral de la Familia son reclamados por parientes.

En fin, en esa región que Barilli califica como “la tierra sin ley”, y más aún al cruzar el río Suchiate, inicia el rosario de peligros que los niños y adolescentes deben enfrentar con el afán de reencontrarse con los padres que residen en Estados Unidos o para ayudar a los familiares que dejan en su terruño.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Carlos Espínola, considera que la reunificación es un derecho humano básico que sólo busca mejorar las condiciones de vida de las familias.
Verónica y Angélica Espinosa, de cuatro y siete años, juegan en el corredor de una casona de adobe en el cantón Cerrón Grande, Cabañas. Los vestidos y los zapatos que llevan puestos les fueron enviados por su madre, María Barrera, quien tiene tres años de vivir en Los Ángeles.

Cada mes también les envía 200 dólares. Lo que hace por sus pequeñas, desde allá, no le parece suficiente. El año pasado contactó a un “coyote” para llevarlas con ella, pero el esfuerzo fue infructuoso, pues sus hijas fueron abandonadas en el camino.

“El problema es que los padres entregan sus hijos a desconocidos”, subraya Espínola. “El mayor riesgo es desaparecer en el camino y se han dado casos”, añade.

Además de perseguir la integración familiar, otra de las causas que incentivan la emigración de los menores, según Sandra Guevara, directora de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), es la búsqueda de un empleo para paliar la pobreza.

Michael salió con cien colones y sólo alcanzó a llegar a Tapachula.“Seguiré para el norte; quiero ayudarle a mi mamá”, se confiesa, mientras observa a sus compatriotas que se han reunido para abordar el tren durante la noche.

La reunificación familiar es la principal razón por la que muchos padres deciden arriesgar la vida de sus hijos en manos de los traficantes.

Hace diez años, Yanira L. presenció como una guatemalteca que las acompañaba fue asesinada por ladrones en la ribera del río Suchiate.

Durante los quince días que duró su viaje desde El Salvador hacia Nueva York, Estados Unidos, fue testigo del tráfico de menores. Entre las 120 personas que conformaban el grupo se encontraban niños hasta de dos años.

Llegó a su destino, pero los días de sufrimiento no cesaron al pisar tierras estadounidenses. Trabajaba en una venta de comida rápida y le tocaba pasar la noche en un cuarto donde se juntaban cuarenta personas. “A veces nos tocaba dormir sentados”, dice vía telefónica desde Farmigdale, Nueva York.

A los tres años decidieron, junto a su padre, llevarse a la primera hermana menor de los cinco que habían quedado en el país. Después se fueron los demás, y ahora sólo ha quedado uno de 17 años que ya lo ha intentado dos veces, pero ha sido abandonado por la traficante que lo llevaba.

Cada vez que una de sus hermanas ha viajado, Yanira, de 30 años, ha experimentado temores. “Cuando pasan las noticias de los muertos, uno piensa que se trata de sus familiares”, comenta.

La primera hermana, Brenda L., tiene 23 años ya. Se casó con un guatemalteco y es madre de una niña. “Ya no pienso volver a mi país porque allá cuesta más superarse”, dice Brenda. Sus demás hermanas trabajan y estudian.