Edición:  20 de julio de 2003

Muchos delitos ecológicos no son sancionados en América Central por falta de recursos y peritos especializados.

La tala indiscriminada de árboles causa severas sequías y pérdida del suelo rico en nutrientes.

Los fiscales ambientales son un eslabón fundamental, pero aún débil, del tejido jurídico creado para preservar la naturaleza en América Central. Son escasos y actúan en condiciones precarias, según un sondeo realizado por Tierramérica.

Honduras tiene nueve fiscales, Guatemala 13 y Costa Rica tres, mientras en Panamá no existe esa figura.

El istmo concentra ocho por ciento de la superficie de los manglares del mundo y casi 12 por ciento de las costas de América Latina y el Caribe, pero sufre una acelerada degradación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Sólo dos oficinas con 13 fiscales, incluidos auxiliares, tienen a su cargo más de dos mil 350 casos por delitos contra el ambiente en Guatemala, sin respaldo de peritos y con escasos recursos económicos para llevar a juicio a los responsables, dijo Héctor Flores, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de ese país, creada en 1996.

Ambas oficinas pertenecen al ministerio público. Una tiene su sede en la capital, Guatemala, y cuenta con cinco fiscales y tres agentes para atender 70 por ciento de los casos del país. La otra, en el septentrional departamento del Petén, dispone de tres auxiliares fiscales y dos oficiales.

En Honduras, la falta de personal especializado limita el avance de las investigaciones y la aplicación de leyes, según Aldo Santos, fiscal del Medio Ambiente.

Existen nueve fiscales con amplia formación en todo el país, cinco en Tegucigalpa, la capital.
Fundada en 1994, la Fiscalía Ambiental permitió romper hasta cierto punto el círculo de impunidad en materia ambiental, pues antes ningún caso llegaba a los tribunales, dijo Santos.

Debido a que los delitos ecológicos son de naturaleza distinta a los del fuero ordinario, su castigo requiere un trabajo especializado de investigación, con respaldo forense y manejo pericial técnico y profesional en laboratorios.

Sin embargo, “tenemos apenas cinco técnicos que nos apoyan en este tipo de labores a nivel nacional”, explicó.
Este reducido personal tiene en sus manos unos 250 procesos penales. Pero las investigaciones no suelen profundizar en las causas de los delitos ambientales, aseguró.

La historia se repite en Costa Rica, donde la Fiscalía Ambiental, creada en 1993, carece de una unidad de especialistas.

En Honduras y Costa Rica los fiscales son apoyados por personal de los ministerios de Ambiente y de otras dependencias relacionadas.

Costa Rica cuenta con las leyes ambientales más antiguas de América Central, destacó el coordinador de la Fiscalía Ambiental, Sergio Valdelomar.

El mono araña habita en América Central y es víctima del tráfico ilegal.

Para las tareas de recibir denuncias, investigar y acusar “disponemos de toxicólogos que realizan peritajes en varias materias, pero carecemos de peritos especializados”, explicó.

La fiscalía requiere expertos propios para evitar costosos pagos a peritajes privados en casos de contaminación de aguas, por ejemplo, dijo Valdelomar.

La institución ofrece además capacitación a los jueces para integrar aspectos jurídicos y conocimientos científicos.

Ana Victoria Rojas, especialista del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDERENA), con sede en San José, consideró un problema que en el país existan sólo tres fiscales ambientales especializados.

La creación de la Fiscalía permitió mejorar la persecución de delitos y activó la capacitación en la materia, reconoció.
Pero la labor de preparar a los magistrados obliga a dejar pendientes las causas en fase de investigación, advirtió.
Mientras tanto en Panamá, delitos como tala indiscriminada de árboles, contaminación de ríos y playas y caza ilegal de especies en peligro no son sancionados e incluso no llegan a ser investigados, según Francisco Rivas, portavoz de la Red de la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo.

La acción legal contra delincuentes ambientales compete a los corregidores, quienes están bajo la jurisdicción de los alcaldes y carecen de real investidura para actuar ante el delito, así como de la debida información y capacitación, aseguró Rivas.