30 de abril de 2005

Muro de objeciones contra represas

Pobladores intentan frenar proyectos hidroeléctricos en varios países de la región: desde
el río Papagayo en México al río Baker en la Patagonia.

Además de generar energía para millones de hogares, la construcción de las represas lleva graves impactos ambientales.

Un muro de objeciones se levanta en América Latina contra la construcción de centrales hidroeléctricas. En Guatemala, activistas y pobladores acaban de frenar un millonario proyecto, mientras en Brasil, El Salvador, Chile, Honduras y México la mecha del conflicto está prendida.

En la región hay más de mil grandes represas de 15 metros de altura o más, que generan 10 por ciento de la electricidad consumida en el área. Los gobiernos, apoyados por transnacionales, proyectan construir otras para así depender menos del oneroso petróleo, por ahora su principal insumo energético.

El debate sobre la hidroenergía es intenso. Aunque es valorada como una fuente renovable y limpia que permite regular el uso del agua, también es denostada por sus graves impactos sociales y ambientales, derivados del obligado desplazamiento poblacional y las inundaciones que genera.

En Guatemala, una consulta popular logró paralizar en abril la construcción de tres hidroeléctricas, impulsada por el gobierno y firmas locales e italianas y canadienses a un costo estimado de 100 millones de dólares, en la comunidad de Río Hondo, ubicada en una reserva natural al oriente del país.

La Corte Constitucional de Guatemala validó el 4 de abril los resultados del referendum por el cual los pobladores rechazaron el proyecto aduciendo que inundaría seis mil hectáreas y perjudicaría económicamente a 20 mil personas.

Tras la resolución judicial, las empresas están obligadas a reformular su proyecto con nuevos estudios de impacto ambiental y socioeconómico, y someterlo a otra consulta popular.

“El fallo de la Corte devuelve a la ciudadanía la fe en las instituciones y demuestra que aún hay gente decente en este país”, dijo a Tierramérica Magali Rey, directora del grupo ambientalista Madre Selva.

En México, el gobierno del presidente Vicente Fox intenta sin éxito desde hace dos años concretar el proyecto La Parota, una gigantesca represa de 850 millones de dólares en el estado sureño de Guerrero, que desplazaría a unas 25 mil personas, según campesinos pobres de la zona que mantienen bloqueados los accesos a sus comunidades para evitar el avance de la obra.

El no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió en marzo que el proyecto mexicano sobre el caudaloso río Papagayo, “debe suspenderse, ya que no demuestra los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales”.

Brasil, uno de los países con mayor cantidad de represas, alrededor de 600, tampoco está libre de conflictos.
Ambientalistas y activistas cuestionan la intención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de poner en operación dos centrales hidroeléctricas en el río Madeira, uno de los principales afluyentes del Amazonas.

Lula afirma que sus planes consideran de forma estricta los problemas ambientales y sociales. Pero unas cien organizaciones no gubernamentales, aglutinadas en el movimiento Río Madeira Vivo, lo desmienten y prometen dar batalla.

“Creemos que las dos centrales no se van a construir, (pues) no se ha comprobado su viabilidad económica”, dijo a Tierramérica Glenn Switkes, director para América Latina de la Red Internacional de Ríos, con sede en California, EE.UU.

Además, el embalse de las hidroeléctricas afectará “un área de alta biodiversidad, con 600 especies de peces y más de 700 de aves, y el impacto para los pescadores sería enorme porque los bagres, especie de más valor comercial, migran por 4,000 kilómetros desde el río Amazonas al Madeira para reproducirse y las represas impedirían ese ciclo”, según Switkes.

En Chile otro millonario proyecto está en entredicho. Varios grupos ambientalistas crearon una coalición para oponerse al plan de construir cuatro centrales en la zona de la Patagonia, que requerirá una inversión de $3,000 millones.

Y en Honduras y El Salvador, un acuerdo anunciado en abril por sus respectivos gobiernos para construir la represa El Tigre, en los afluentes del río Lempa, en una cuenca compartida, prendió ya las alarmas.

El proyecto costará unos 600 millones de dólares, generará mil megavatios y creará unos 4,500 empleos, según las autoridades.
Indígenas y ambientalistas comenzaron a expresar su rechazo al proyecto, al igual que varios diputados que enarbolan argumentos de soberanía territorial. El plan binacional emergió luego de que esos vecinos centroamericanos demarcaran de forma definitiva su frontera, poniendo así fin a viejas diputas.

“El proyecto debe ser analizado con suma reserva. La información preliminar es muy difusa”, comentó a Tierramérica Juan Almendares, director del grupo ecologista Madre Tierra.

“Informes preliminares indican que al menos 82 aldeas serán inundadas y siento que estamos no sólo prestando nuestro territorio, sino cediendo soberanía en un proyecto que no se sabe aún a quién beneficiará más”, dijo a Tierramérica Marvin Ponce, diputado por el izquierdista partido de Unificación Democrática.

Corresponsal de Inter Press Service (IPS).
Con aportes de Mario Osava (Brasil), Thelma Mejía (Honduras)
y Jorge Grochembake (Guatemala)