12 de febrero de 2005

El Estado acampa como minero

Ante la expansión de la producción estatal minera en Venezuela, firmas extranjeras consultadas por Tierramérica reaccionaron con calma, no así grupos ambientalistas locales.

Producción de oro en una planta de la canadiense Crystallex, en Venezuela.

El anuncio de que el Estado venezolano expandirá su presencia en el aprovechamiento de la riqueza minera del país no incomodó a firmas extranjeras que confían que sus contratos serán honrados, pero ecologistas advirtieron sobre el impacto ambiental de la medida.

El gobierno “tiene que recuperar las minas y no va a permitir que permanezcan ociosas”, dijo en enero el ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien también anunció que “no se darán más concesiones a consorcios nacionales o extranjeros” y que tanto las reservas como la producción estatal se confiarán a una Empresa Nacional de Minería (ENM).

Según la Cámara Minera, Venezuela produce anualmente 24 toneladas de oro —cantidades no registradas son contrabandeadas desde la minería ilegal—, 370 mil kilates (unos 74 kilos) de diamantes, 20 millones de toneladas de hierro y 5,9 millones de toneladas de bauxita, todas en la sudoriental Guayana.

La región guayanesa es una importante productora de oro y diamantes desde el siglo XIX. Sólo la mina Las Cristinas, por la que pugnaron las firmas canadienses Crystallex, Placer Dome y Vannessa, tiene reservas de 13 a 16 millones de onzas en unos 460 millones de toneladas de arenas.

El país también produce, fuera de Guayana, ocho millones de toneladas de carbón y 20 mil de níquel.
Álvarez anunció que la ENM absorberá a la estatal Minerven, que produce ocho toneladas de oro al año y tiene proyectos por 300 millones de dólares, que se darán a conocer después que se discutan con el presidente Hugo Chávez, dijo a Tierramérica una fuente del despacho de Álvarez.

Consultados por Tierramérica, representantes de firmas mineras canadienses, las más activas en el sector, dijeron confiar que los recientes anuncios no afectarán sus contratos.

“No creo que eso (la nacionalización) sea bueno para el negocio minero”, dijo a Tierramérica el canadiense Stanley Sandner, quien vivió 25 años en Venezuela y preside la compañía Cadre Resources.

Sandner considera que la ocupación de minas ociosas “no tendrá mucho efecto sobre proyectos ya existentes o los que están iniciándose”.

Cadre Resources invirtió tres millones de dólares en un proyecto para remover 160 millones de toneladas de roca y tierra en el bajo río Caroní, en parte con fines de recuperación ecológica y para extraer oro y titanio de arenas residuales.

El Caroní, un río de 750 kilómetros que desemboca en el Orinoco y tiene una cuenca de 95 mil kilómetros cuadrados, es un portento hidroeléctrico, con un potencial de generar 25 mil megavatios, la mitad de los cuales ya aprovechan tres represas en su tramo bajo.

“En ninguna parte se dijo que Venezuela no honrará contratos con compañías internacionales de reputación y experiencia”, señaló a Tierramérica Todd Bruce, director ejecutivo de Crystallex en Canadá. “La compañía confía en que su contrato para desarrollar el proyecto Las Cristinas no será impactado por los recientes anuncios del presidente Chávez”.

Fuentes de la también canadiense Mena Resources y su socia rusa Minería MS sostuvieron que confían tanto en el respeto de sus títulos como en las bondades de que el Estado venezolano se sumerja con ímpetu productivo en el negocio minero.

Pero en el frente ambiental hay aprensión, según María Eugenia Bustamante, de la organización no gubernamental Asociación de Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), donde está el gigantesco parque nacional Canaima, que abarca gran parte de la cuenca del río Caroní y que contiene flora y fauna únicas.

“Vimos con gran preocupación el incremento de la actividad minera en el sudeste, tanto de mineros artesanales que deforestan y contaminan como de compañías de mayor envergadura”, dijo Bustamante a Tierramérica.

Amigransa demanda que se revoque medio centenar de concesiones en la cuenca del Caroní y que se concreten las ofertas de reconversión de los mineros hacia otras actividades productivas.

Pero aún si se despejase la cuenca del río Caroní, al noreste de ésta, en Guayana, se encuentra la Sierra de Imataca, un territorio de 38 mil kilómetros cuadrados con 80 por ciento de bosques húmedos, pero con un cinturón de rocas verdes que puede tener más de ocho mil toneladas de oro.

Desde 2003 el gobierno ha previsto autorizar la explotación minera en hasta 11 por ciento de ese territorio, y la colocación de las reservas bajo el mando de la ENM presagia una nueva confrontación con los ambientalistas.

Durante el Foro Social Mundial realizado en enero en Caracas, dirigentes ambientalistas de varios países pidieron al gobierno de Chávez “reexaminar los megaplanes” para minas e hidrocarburos en “solidaridad con una Venezuela más sustentable”.
Corresponsal de Inter Press Service (IPS). Con aporte de Stephen Leahy, Canadá