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2 de abril de
2005
Indígenas denuncian exclusión
Las etnias no tuvieron voz en las negociaciones de Curitiba
sobre un régimen global para el uso de los recursos
genéticos. Se preparan para tenerla en 2008.
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Algunos
países no reconocen los derechos de los indígenas.
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Líderes indígenas denunciaron
su exclusión de las negociaciones sobre un régimen
obligatorio para regular el acceso a los recursos genéticos
del planeta, durante la conferencia de biodiversidad que concluyó
el viernes pasado en esta ciudad del sur de Brasil.
“Los indígenas tenemos que ser socios al mismo
nivel que el Estado cuando se explotan recursos con aporte
de conocimiento tradicional”, dijo a Tierramérica
Marcos Terena, coordinador de la presencia de las etnias en
la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (COP-8).
La adopción de un régimen internacional vinculante
que establezca reglas para el acceso a los recursos genéticos
y el reparto de los beneficios de su explotación fue
el tema más polémico durante las discusiones
de once días de la COP-8, en las que participaron unos
3,600 delegados de 173 países.
El régimen es promovido por países en desarrollo
y ricos en biodiversidad, entre ellos México, Colombia
y Brasil, pero rechazado por varias naciones industrializadas,
y la mayoría de analistas coincide en que tardará
años en materializarse.
El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad
(FIIB), creado hace una década y que representa a más
de un centenar de etnias de todo el mundo, protestó
por su marginación del debate sobre el régimen
que, aseguran, afectaría directamente las vidas de
los habitantes ancestrales de los territorios donde se encuentran
los recursos genéticos.
Poco más de 200 indígenas, 180 de ellos vinculados
al FIIB, estuvieron presentes en la COP-8.
“Queremos una participación en las negociaciones
del régimen del mismo nivel que tenemos en los artículos
8j y 10c del Convenio sobre la Diversidad Biológica”,
dijo Terena, también dirigente del Comité Intertribal
brasileño y representante por su país de la
FIIB.
Los artículos 8j y 10c tratan de la preservación
de “conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales”
y de los “usos consuetudinarios de los recursos biológicos”,
en cuya implementación sí se acogió la
presencia indígena.
Pero muchos gobiernos rechazan las aspiraciones de las etnias
de participar en las discusiones sobre el régimen vinculante,
argumentando que el Convenio reconoce la soberanía
de los Estados sobre sus recursos naturales.
Nuestra demanda se basa en la premisa de que “los pueblos
indígenas deben tener autonomía en la gestión
de sus territorios y usufructo de sus recursos naturales”,
dijo Terena.
Pero reconoció que en materia de reparto de los beneficios
de la explotación de la biodiversidad, los indígenas
aún tienen que aclarar ideas. Los brasileños,
por ejemplo, estuvieron ausentes de las COP anteriores. Hicieron
cursos sobre el Convenio para participar en la COP-8 y sólo
en la próxima, dentro de dos años, estarán
efectivamente capacitados para influir, evaluó.
Para algunos, equiparar el conocimiento tradicional y el científico
supondría dividir las posibles regalías en partes
iguales. Otros hablan de 25 por ciento.
Las aspiraciones indígenas también enfrentan
otros desafíos complejos. Los obstáculos empiezan
por la identificación de los pueblos indígenas.
En la mayoría de los países asiáticos
no son reconocidos, sino diluidos como “minorías
étnicas”, observó Terena. En otras naciones
se alega que toda la población es autóctona.
Los gobiernos tampoco los reconocen en toda África,
aseguró a Tierramérica Lucy Mulenkei, quien
dirige la Red de Información Indígena en Kenia.
En Camerún, por ejemplo, la Constitución los
menciona, pero ellos no tienen derechos en la práctica,
dijo.
“Hay indígenas en todos los países africanos
y son pueblos que mantienen sus culturas y tradiciones ancestrales,
sobreviviendo en sus territorios fuertemente discriminados
por los gobiernos”, definió.
Un caso paradigmático es el de su propia etnia, la
maasai, con cerca de medio millón de personas que mantienen
su identidad pese a la marginación y las presiones
que redujeron su territorio. Los indígenas se “autoidentifican”,
no dependen de la certificación externa, señaló.
“Queremos ser reconocidos como ‘pueblos’ y
no como simples comunidades”, aclaró por su parte
Florina López, indígena kuna, de Panamá,
quien coordina, junto con Malenkei, la Red de Mujeres Indígenas
sobre Biodiversidad.
López admitió que es “muy difícil”
que los Estados cedan una parte del control, aceptando incluir
a los indígenas en las discusiones sobre el régimen
vinculante.
El reparto de beneficios será, “quizás,
para el próximo siglo”, bromeó, recordando
que el FIIB fue acogido sólo como órgano asesor
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2002,
durante la COP-5.
“Es insuficiente, pero es un camino” hacia una verdadera
participación en las negociaciones, evaluó.
Ramón Tomedes, del pueblo ye’kwana, de Venezuela,
coincidió en la cautela y llamó a “no ceder
conocimientos indígenas hasta que los pueblos en la
base tengan claridad” sobre lo que se está negociando.
Corresponsal de Inter Press Service (IPS)
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