27 de mayo de 2005

“Queremos agua ahora” es el lema en míseras barriadas que pagan a camiones cisterna hasta 20 dólares por sólo cinco metros cúbicos del líquido.

Muchos habitantes padecen de falta de agua potable a nivel mundial.

Un sector de la población de las barriadas más pobres de Lima, agrupado en el Frente de los Sin Agua, demanda servicios privados de agua potable y saneamiento, ante la incapacidad del Estado de proporcionarlos. 

Grupos de habitantes de las barriadas capitalinas Lomo de Corvina, Puente de Piedra y Huaycán participaron en las tres últimas semanas en marchas por la privatización del líquido, portando pancartas con el lema “queremos agua ahora”.

Fueron convocados por el Frente de los Sin Agua, que lidera Abel Cruz, dirigente de Puente de Piedra. Allí, en muchas zonas, las casas tienen luz eléctrica, teléfono y hasta televisión por cable, pero ninguna dispone de suministro de agua potable por cañería. Los vecinos la compran a camiones cisterna.

La situación es peor en Lomo de Corvina, una “ampliación”, como se denomina a las barriadas recién surgidas por invasión, en el extremo sudoccidental de Lima. Sus casas, la mayoría de estera y carentes de energía eléctrica, se desparraman en la ladera oriental de una montaña de roca y arena en el confín del distrito obrero Villa El Salvador. 

Allí vive Rosaura Dávila, de 38 años, madre soltera de tres hijos y vendedora ambulante. Su casa carece de agua potable y para preparar sus alimentos, asearse y lavar la ropa compra cada dos días un recipiente con 100 litros de agua, a cuatro soles (1,25 dólares). 

A ese precio, más de diez veces mayor que el que pagan los afortunados residentes de barrios con suministro por conexión domiciliaria, el agua es para Rosaura y sus vecinos de Lomo de Corvina un bien escaso, que hay que consumir con cuidado. 

“Las condiciones de salubridad en las zonas sin agua son casi catastróficas: la mayoría de los camiones cisterna es de propiedad privada y no hay control sanitario del agua que transportan, de modo que abundan la parasitosis y la consiguiente desnutrición. No es extraño que la mortalidad infantil en esas zonas sea el doble que el promedio del resto de la ciudad”, comenta la pediatra Irma Morales. 

En los barrios urbanizados de clase media y pobre de Lima, cada familia residente consume de 15 a 20 metros cúbicos de agua al mes y paga por ello alrededor de ocho dólares, indica la socióloga Patricia Teullet. Pero en las paupérrimas barriadas, las familias deben pagar hasta 20 dólares al mes por apenas cinco metros cúbicos de agua, asegura.

La exigencia en favor de la privatización, potenciada por la próxima concesión de servicios hídricos en otras ciudades del país, es rechazada con encono por sindicatos y organizaciones de usuarios de las áreas abastecidas, que temen despidos masivos y aumento de tarifas. 

Las autoridades calculan que es necesaria una inversión de cuatro mil cien millones de dólares para dotar de agua potable y saneamiento a 19 por ciento de las viviendas urbanas del país que carece de tales servicios. 

Según el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, “en vista de la falta de recursos fiscales y la urgencia de otras necesidades sociales, la única solución rápida posible en este asunto es abrir paso a la inversión privada”.

“En la década del 90 se invertía en Perú de 200 a 400 millones de dólares anuales en la expansión de los servicios de agua y desagüe, pero actualmente la inversión pública en dicho sector no supera los 50 millones, y no hay recursos presupuestarios para aumentar esa cifra”, admitió en diálogo con Tierramérica Sergio Salinas, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y firme defensor de la apertura al sector privado. 

Pobladores de 10 asentamientos de Tumbes desfilaron por el centro de esa norteña y costera ciudad el 23 de mayo con baldes y botellas vacías, en una movilización denominada “La marcha de los sedientos”.

Este año habrá también privatizaciones en Piura, cercana a Tumbes, y en Huancayo, ciudad de la sierra central donde hay movilización popular contra esa medida. 

Según la Sunass, el próximo año habrá concesiones de servicios en otras dos ciudades de la costa norte y una de la selva central. 

El autor es colaborador de Tierramérica