La escasa investigación y la inoperancia de los cuerpos de seguridad son denominadores comunes en los asesinatos de mujeres en Guatemala.

Han pasado casi tres años desde el asesinato. Madre y hermana continúan luchando por que se aclare el caso.

Aglutinados bajo la Red de la No Violencia, los organismos feministas y la PDH luchan por que se acelere la investigación de más de 1300 casos de asesinatos de mujeres y por que se vaya más allá de declarar cada hecho como ligado a pandillas, como se ha venido haciendo.

Y es que si bien ya se han realizado unas 40 capturas, y ya hay cinco condenados, en la mayoría de casos se trata de pandilleros.

“¿Por qué solo se detiene a pandilleros?”, pregunta Giovanna Lemus, de la Red de la No Violencia. ¿Qué pasa con las muertes ligadas al crimen organizado?

“Nosotras sabemos que algunos asesinatos pueden ser atribuidos a pandilleros, pero no todos, pues hay ciertas constantes que se repiten”, dice Hilda Morales, del mismo grupo.

Lo mismo opina el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, doctor Sergio Morales, para quien si bien hay asesinatos relacionados con maras y narcotráfico se deja de lado un problema más complejo.

“A nosotros nos preocupa el crimen organizado. Son redes muy grandes, involucradas en trata de personas, secuestros, extorsión, robos, narcotráfico y todo esto”, dice el doctor Morales.

Para él, estas redes han crecido y tienen personas incrustadas en la iniciativa privada, pero también en las instancias de gobierno: desde un policía en un puesto fronterizo hasta comisarios o subdirectores de policía.

“Los objetivos de estas redes son introducir miedo y lograr su incursión interna, porque así evitan ser delatados y se les permiten mantener altos niveles de impunidad”, refiere.

Él asegura que los niveles de impunidad en Guatemala son altísimos. Según investigaciones hechas por la PDH, sólo el 0.03% de la gran cantidad de hechos delictivos que hay en el país se investiga.

Pocos recursos

Pese a todos estos señalamientos, la fiscal Sandra Sayas, de la Unidad de la Mujer del Ministerio Público (entidad que hasta el 30 se septiembre de 2004 investigaba los crímenes de mujeres), asegura que se han investigado 127 de los 157 casos que esta unidad registra desde junio de 2003 a septiembre de 2004 ocurridos en la capital.

“En los otros casos no ha existido investigación porque las víctimas no fueron identificadas”, justifica.

Lo mismo opina el jefe de la Unidad de Homicidios contra Mujeres de la PNC, para quien es difícil establecer si las mujeres que aparecen sin identificación habían sido reportadas como desaparecidas previamente, porque no hay conexión con la Unidad de Desaparecidos, pese a que ambos departamentos están en el mismo piso del edificio de la policía, separados apenas por unos 500 metros.

De enero a septiembre de este año, la PNC reporta al menos 157 mujeres desaparecidas. ¿Cuántas de ellas podrían haber sido asesinadas? Hasta ahora nadie lo sabe.

En relación a los 127 casos, investigados por el Ministerio Público, la fiscal Sayas asegura que ya se han solicitado 68 órdenes de aprehensión. De estas, 38 se han hecho efectivas y 30 están pendientes.

La fiscal aduce que es la escasez de recursos lo que ha impedido que se investiguen a fondo los asesinatos.
“Hay una enorme demanda. Ha ocurrido más de un centenar de casos sólo acá en la capital, y yo he contado sólo con ocho auxiliares a cargo de todos estos casos”, se excusa.

Debido a los numerosos asesinatos (sumaron 489 en 2004), el gobierno de Guatemala creó en abril de ese año la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público.

A partir del 1 de octubre son 20 fiscales e igual número de auxiliares los que se hacen cargo de los casos ocurridos en la capital guatemalteca. Esto si bien es relativamente nuevo, trae esperanzas para los cientos de familiares que demandan el cese de la impunidad y el esclarecimiento de los numerosos asesinatos.