15 de mayo de 2005

Ambientalistas tienen posiciones encontradas sobre qué hacer con la reserva mexicana, azotada por múltiples conflictos.

La selva Lacandona es la más importante reserva tropical húmeda de América del Norte. Foto Claudio Contreras

Sobre la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en el sudoriental estado mexicano de Chiapas, corren ríos de argumentos y evaluaciones opuestas. Es que la zona reúne una explosiva mezcla de asentamientos humanos irregulares, influencia guerrillera, tala, quema, saqueo de especies, financiamiento internacional y visiones encontradas de cómo manejar su riqueza.  

Las 331,200 hectáreas de Montes Azules representan para México la zona de mayor conflicto en materia ambiental, y en su manejo se conjugan muchos de los desafíos presentes y futuros de otras reservas en el mundo, dijo a Tierramérica Julia Carabias, ex ministra mexicana de Medio Ambiente, y galardonada este año con el premio Campeones de la Tierra, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La zona y su entorno, la selva Lacandona, constituyen la más importante reserva tropical húmeda de América del Norte y el principal abastecedor de agua dulce de México. Allí está la mayoría de árboles tropicales del país, así como 33 por ciento de los reptiles, 80 por ciento de las especies de mariposas y 32 por ciento de las aves.  

“La región es saqueada por empresas extranjeras e intereses ligados a la bioprospección, según los cuales estorban los indígenas allí asentados y por eso se los expulsa”, señaló a Tierramérica Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste, una asociación civil que trabaja en la zona.

Carabias califica, sin embargo, esos argumentos de “falaces”. 

Son acusaciones que “usan términos como biopiratería y bioprospección que motivan y mueven, pero no saben de lo que hablan”, sostuvo la ex ministra, integrante de una organización no gubernamental (ONG) que administra una estación de investigación en la zona, donde se capacita a administradores de reservas naturales.  

José Zúñiga, director de la reserva, concuerda: “Hay mucho amarillismo (informaciones falsas o exageradas) en torno a Montes Azules, mientras que los resultados de los programas en marcha y la realidad cruda y visible a casi nadie le interesan”.

El funcionario aseguró a Tierramérica que en la reserva 85 por ciento de la vegetación está intacta y que los procesos de reubicación, y no desalojo, de poblaciones nativas que llegaron al lugar sin autorización son tersos, mientras que los programas de investigación son profesionales y están controlados.

“No hay nada de bioprospección”, enfatizó.

En la reserva, declarada como tal en 1978, trabajan diferentes dependencias del gobierno junto con casi una docena de ONG, y hay proyectos de investigación que involucran dineros de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y universidades extranjeras.  

“Hay visiones muy marcadas e irreductibles, y todo es producto de posturas políticas e intereses diversos”, comentó a Tierramérica un investigador extranjero que trabaja en la zona y pidió que no se mencione su nombre para “evitar que me ataquen”.

Montes Azules soporta desde los años 70 fuertes presiones por problemas sociales, políticos y hasta religiosos, que se expresan en nuevos asentamientos humanos, agricultura no sustentable y destrucción del entorno con incendios y tala.

La conflictividad en el lugar se disparó en 1994, cuando hizo su aparición en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Parte de las bases sociales de ese grupo están en la selva Lacandona, incluido Montes Azules, a donde arribaron huyendo de la violencia o por orden de su comandancia. Pero también hay nativos opositores a los zapatistas y muchos que llegaron simplemente buscando un pedazo de tierra para sobrevivir.  

Ambientalistas sostienen que las presiones sobre la reserva y la selva Lacandona, que en total tiene una extensión de alrededor de 500 mil hectáreas, son inmensas.  

Esa selva abarcaba hace un siglo cerca de dos millones de hectáreas, y su población pasó entre ese tiempo y la actualidad de menos 20 mil a más de 600 mil personas.

Rodeada hoy de varios cuarteles militares que fueron instalados tras el surgimiento público del EZLN, la reserva atrae intereses de transnacionales farmacéuticas y productoras de semillas.  

Además “arrastra un grave y confuso problema agrario desde los años 70, cuando el gobierno de entonces entregó propiedades agrarias a grupos nativos, con el único afán de saquear la madera”, sostuvo García.  

Según el director de la reserva, que hasta 2000 no contó con un plan de manejo integral, allí viven 15 mil indígenas choles, lacandones, tzeltales, tzotziles y tojolabales, con derechos legalmente reconocidos, y unas 500 personas consideradas invasoras.  

El funcionario relató que gracias a los procesos de negociación que se llevan adelante con las poblaciones nativas invasoras desde hace cinco años, su número bajó de mil a la mitad.

Zúñiga indicó que las negociaciones continuarán para sacar de la reserva a los recién llegados.  

A entender de García, las llamadas reubicaciones de nativos son en realidad expulsiones.  

“Podría haber una reserva con gente y en manos de ellos (los nativos)”, opinó el activista. Pero un modelo así, se opone al “concepto de reservas de biosfera sin gente y contra la gente, que es el que se maneja en Montes Azules y fue impuesto por los países desarrollados”, señaló. 

Corresponsal de Inter Press Service (IPS)