14 de agosto de 2005

En dos semanas volverá a operar en Chile la planta de celulosa responsabilizada por la muerte de unos 500 cisnes de cuello negro. Indígenas y pescadores rechazan su reapertura.

Gustavo González
SANTIAGO



Un cisne de cuello negro, habitante del santuario del río Cruces. Foto Juan Tassara

La inminente reapertura de la planta de celulosa que contaminó un santuario natural en Chile exacerba las críticas ecologistas al gobierno de Ricardo Lagos y plantea un futuro conflicto con comunidades indígenas y de pescadores artesanales.

José Araya, dirigente de la organización Acción por los Cisnes de Valdivia, dijo a Tierramérica que el gobierno favoreció con resoluciones administrativas al grupo del empresario Anacleto Angelini, propietario de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), en desmedro de criterios ambientales.

Celco anunció el día 10 que a fines de agosto reabriría la fábrica, en las cercanías del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter del Río Cruces, en la sureña provincia de Valdivia, con 59 por ciento de su potencial productivo, para hacerla funcionar a pleno (550 mil toneladas anuales) desde enero de 2006.

El 8 de junio la empresa paralizó voluntariamente la planta, tras el escándalo por la manipulación de un informe científico, en el cual se basó la Corte Suprema de Justicia para exculpar a Celco de una masiva muerte de cisnes en el santuario y revocar una orden de cierre de la fábrica de un tribunal inferior.

Los abogados de Celco presentaron a la Corte una interpretación propia del informe científico de la Universidad de Concepción, en lugar del reporte mismo.

Si bien la Corte reconoció el engaño, no modificó su resolución. El viernes 5 de agosto el grupo Angelini recibió el respaldo de Lagos, quien dijo en Valdivia que la planta debía reabrirse si respetaba la normativa ambiental.

El santuario del Río Cruces albergaba la mayor concentración de cisnes de cuello negro (Cygnus malencoriphus) de América Latina, con unos seis mil ejemplares. Desde octubre de 2004 se comenzó a advertir la muerte de estas aves y de otras especies debido a los vertidos de la planta.

Más de 500 ejemplares murieron y en el humedal quedan hoy unos 300, pues la población restante emigró al agotarse el luchecillo, un alga que constituye su principal alimento, por los vertidos de la fábrica, según estableció en abril un estudio de la Universidad Austral de Valdivia.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) había clausurado la planta el 18 enero, y autorizó su reapertura el 16 de febrero.

La delegación regional de la Conama dio el 10 de agosto una aprobación implícita a la reapertura, al señalar que continúa vigente una resolución del 6 de junio que la obliga a reducir su producción mientras no dé cumplimiento a algunos parámetros ambientales.

Para Araya, estas resoluciones administrativas son ilegales. “De acuerdo con todos los antecedentes entregados por la ciudadanía, reconocidos por el mundo político a nivel nacional, esta planta necesariamente debería ser sometida a un nuevo estudio de impacto ambiental”, alegó el activista.

Araya desechó los argumentos de defensa de los 300 empleos directos en Celco y de otros dos mil indirectos en el sector forestal, que esgrimen los partidarios de la planta. 

“Lo que se tiene que hacer es una evaluación completa del costo social que tiene la planta. Aquí hay un costo ambiental que lo está pagando la ciudadanía, lo está pagando el patrimonio natural del país. Hay además un costo social, por los efectos en las actividades (agrícolas, turísticas) de otras personas de Valdivia”, puntualizó Araya.

El presidente Lagos respaldó la idea de construir un ducto para que los residuos industriales líquidos que la planta descarga en el río Cruces sean vertidos en el océano Pacífico, frente a la localidad costera de Queule, 80 kilómetros al norte de Valdivia.

La producción de celulosa kraft de pino y eucalipto se destina totalmente a la exportación para fabricación de papel. La técnica de blanqueo “libre de cloro elemental” (Elemental Chlorine Free) es de las más usadas en el mundo, y se basa en el dióxido de cloro.

Mientras Lagos daba su visto bueno al ducto en la cercana localidad costera de La Barra, una asamblea de pescadores artesanales, ambientalistas, vecinos y otros grupos sociales rechazaba esa solución.

Un férreo opositor es Alfredo Seguel, dirigente de la Coordinadora de Entidades Territoriales, que reúne a más de 20 comunidades mapuches, incluyendo a la lafkenche, de los miembros de esta etnia que habitan bordes costeros.
“Los principales afectados serían los lafkenches. Hay antecedentes de que la celulosa, por más tecnología que se le incorpore, siempre va a contaminar, y aquí se dañarían ecosistemas, la soberanía alimentaria y también aspectos culturales y religiosos de comunidades mapuches y de campesinos y pescadores”, señaló Seguel a Tierramérica.

El grupo Angelini quiere llevar los vertidos al mar por ser la solución más barata, ya que el ducto le costaría 45 millones de dólares, y la habilitación de un circuito cerrado de eliminación de desechos en la propia planta tiene un costo de 120 millones, afirmó el dirigente.
La empresa ha replicado que cumple con todas las exigencias de Conama para corregir la contaminación. 


Corresponsal de Inter Press Service (IPS)


 


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