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13 de febrero de 2005

El capítulo verde del tratado de libre comercio divide a ambientalistas tanto en América Central como en Estados Unidos: para unos es sólo “simbólico”, para otros es “un gran triunfo”.

El quetzal es uno de los emblemas de la biodiversidad centroamericana.

El recetario verde del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y seis países de América Central señala que sus socios actuarán de “buena fe” y crearán un Consejo de Asuntos Ambientales, un grupo arbitral y quizá un secretariado. Son promesas usadas como artillería por defensores y detractores del pacto.

Atribuir al acuerdo un carácter pro o antiambiental es un caballo de batalla de quienes debaten sobre su eventual aprobación este año en los parlamentos de los países latinoamericanos involucrados (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) y en el Congreso estadounidense.

La ratificación por parte de estas legislaturas es indispensable para la entrada en vigor del llamado CAFTA (las siglas en inglés de Tratado de Libre Comercio de América Central), suscrito a inicios de 2004.

El capítulo 17 del acuerdo, dedicado al medio ambiente, abre con la advertencia de que las partes tienen pleno derecho a “establecer sus propios niveles de protección ambiental” y a actuar con “discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación y de observancia de las normas” en la materia.

Patricia Panting, ministra de ambiente de Honduras y secretaria de turno de la gubernamental Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), está satisfecha con lo negociado, pues considera que haber incluido un capítulo ambiental es de por sí un triunfo.

El apartado ambiental del CAFTA incluye medidas concretas, cuenta con una agenda para los próximos diez años y ayudará a América Central a obtener apoyo financiero de Estados Unidos, dijo a Tierramérica.

Marco González, secretario ejecutivo de la CCAD, coincidió con Pantig al destacar que los países centroamericanos negociaron en bloque el CAFTA y señaló la importancia de la creación de un consejo de asuntos ambientales en el marco del acuerdo.

Las partes firmantes se comprometieron a aplicar sus propias leyes y prioridades, así como a garantizar políticas y normas que proporcionen y estimulen “altos niveles de protección ambiental”, y “esforzarse en mejorar esas leyes y políticas”.

Pero según la organización no gubernamental (ONG) Citizens Trade Campaign, que reúne a grupos estadounidenses ambientalistas, sindicales, de consumidores y de agricultores, el CAFTA permitirá a los socios centroamericanos mantener sus “pobres” estándares ambientales.

Citizen Trade cabildea en Estados Unidos contra la aprobación del acuerdo, junto con otras ONG.

Lo mismo hacen en América Central diversas organizaciones sociales, que temen el desmantelamiento de protecciones arancelarias y la apertura de fronteras entre socios tan desiguales en poder económico y desarrollo social.

“Lo ambiental en el CAFTA está abordado sólo de manera simbólica”, dijo a Tierramérica Yuri Melini, director de la ONG guatemalteca Centro de Acción Legal y Social.

Similar opinión expresó Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, quien pronosticó a Tierramérica que el CAFTA transformará a América Central en una “piñata para ser explotada por quien lo desee”, lo que se traducirá en daños ecológicos.

Pero el acuerdo sí contempla algunas medidas concretas, como la creación de un Consejo de Asuntos Ambientales, con representantes de ministerios o sus equivalentes.

Ese Consejo debería reunirse en el primer año de la entrada en vigor del CAFTA y luego anualmente, “a menos de que las partes acuerden lo contrario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo y considerar el estado de las actividades de cooperación”.

También se estipula que cualquier persona de los países socios podrá remitir denuncias sobre incumplimiento de legislación ambiental “a una secretaría u otro organismo apropiado” que las partes designen y que tendrá la facultad de elaborar expedientes al respecto.

Con independencia de las opiniones sobre el CAFTA, las ONG reconocen avances ambientales en la región, donde “se ha fomentado la participación de la ciudadanía en proyectos de gestión relacionados con áreas protegidas, diversidad biológica, protección de flora y fauna, entre otros”, apuntó Melini.

Pantig subrayó asimismo logros en materia de integración institucional, a partir de la creación hace 15 años de la CCAD, como parte del Sistema de Integración Centroamericana.

“En 1990 ningún país del área tenía legislación ambiental. Ahora se cuenta con legislación, institucionalidad y gestión ambiental”, resaltó.

Según González, la CCAD ha promovido importantes políticas ambientales regionales, así como la ratificación de convenios internacionales fundamentales como los relativos a la biodiversidad y al cambio climático, entre otros. 
Con aporte de Jorge Grochembake (Guatemala)